Desde mayo hasta el 20 de junio, el Gobierno firmó al menos 16 acuerdos con diferentes sectores sociales, entre campesinos, gremiales, choferes e indígenas para desactivar las movilizaciones. Además, destinó alrededor de 524,3 millones de bolivianos para el pago de bonos al magisterio y la Policía Boliviana.
Fuente: ANF
“El Gobierno ha cedido a las demandas de diferentes sectores para desmovilizarlos, acordó la ejecución de proyectos e incluso que no iba a impulsar procesos judiciales contra dirigentes. Esperemos que no se trate de un cogobierno, que no se pretenda interferir en las decisiones del ejecutivo”, manifestó el diputado de la alianza Libre Édgar Zegarra.
El país enfrentó 53 días de conflicto social y 49 de bloqueo de carreteras impulsados por sectores afines a Evo Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari.
La medida de presión ocasionó severas afectaciones a la cadena productiva, suministro de combustible, insumos médicos y oxígeno a hospitales. Además, dejó 17 personas fallecidas porque no recibieron atención médica oportuna.
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Los bonos
El 14 de mayo, en medio de un panorama conflictivo, el presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo 5620 que dispone el ‘Reconocimiento Económico por el Bicentenario de la Policía Boliviana’ el cual se tradujo en el pago de un bono único de 3.000 bolivianos.
Según información oficial, el Tesoro General de la Nación (TGN) destinó alrededor de 111 millones de bolivianos para cumplir con el pago del beneficio económico a 37.000 uniformados.
Entre el 15 y 16 de ese mes, el gobierno firmó un acuerdo con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB) donde se estableció el pago de un bono anual de 2.400 bolivianos.
El 25 de junio, a través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó que se destinó 413,3 millones de bolivianos de los recursos del TGN para cumplir con ese beneficio que llegó a 175.394 maestros y personal administrativo de todo el país.
Los acuerdos
El 5 de mayo, el Ejecutivo cerró acuerdos con los transportistas de Los Yungas de La Paz para evitar que se movilicen, en esa ocasión se comprometió a regularizar el abastecimiento de combustible y mejorar las carreteras.
Ese mismo día, llegó a un acuerdo con la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz y el transporte pesado, quienes decidieron no acatar el paro del transporte.
El 6 de ese mes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia suscribió un acuerdo con el Gobierno y suspendieron sus medidas de presión ya que se garantizó el abastecimiento de diésel y gasolina, además de la asignación de 150 millones de dólares para mejorar las carreteras.
Ese mismo día, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), los indígenas de Pando y Beni y el Ejecutivo acordaron la abrogación de la Ley 1720 de Conversión de Tierras.
El 15 de mayo, tras una jornada de enfrentamientos entre los cooperativistas y la policía, el ejecutivo suscribió un acuerdo con Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) para desmovilizarlos. Se comprometió a priorizar nuevas áreas mineras, otorgar representación en la Caja Nacional de Salud (CNS) y en la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Enfrentamiento entre policías y mineros cooperativistas en La Paz. Foto: Internet
A la vez, el 29 de junio se promulgó el Decreto Supremo 5641 que abroga la norma donde se declaró Reserva Fiscal Minera al área de Chuquihuta, del Departamento de Potosí.
El 16 de mayo, el presidente llegó a un consenso con la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, gremiales y juntas vecinales para la ejecución de obras. Esas organizaciones no acataron la movilización convocada por la COB.
El 23 de mayo, se firmó un convenio con Adepcoca para la ejecución de varios proyectos y la construcción de un hospital con equipamiento.
El 12 de junio, el Gobierno y los trabajadores fabriles firmaron un acuerdo de 16 puntos, entre ellos se comprometió a no cambiar la Ley General del Trabajo, designar a representantes en la Caja Nacional de Salud (CNS), la exención tributaria de los bienes sindicales y construcción de sedes.
Acta de acuerdo con los fabriles. Foto: ANF
El 15 de junio, la federación de campesinos Túpac Katari y Bartolina Sisa de Caranavi firmaron un acuerdo para impulsar obras y proyectos carreteros, electrificación, vivienda, puentes y productivos.
El 16 de junio, suscribió un acuerdo con la COD Santa Cruz. Ese mismo día, selló un convenio con la Alcaldía de El Alto para la inversión de 260 millones de bolivianos en infraestructura urbana, educación, salud, agua, conectividad vial y servicios básicos.
El 17 de ese mes, se selló un acordó con los mineros de Huanuni fortalecer la minería estatal e impulsar normas que atraigan inversiones y promuevan el crecimiento del sector.
El día 18, se concertó con la Federación de Choferes Primero de Mayo y la Federación Chuquiago Marka donde se fijó un fondo de garantía de 1.000 millones de bolivianos destinados a créditos.
Ese mismo día, se suscribió un acuerdo que atiende un pliego de 20 peticiones del Sindicato de Trabajadores Mineros de Colquiri, donde señala que ninguna empresa minera estatal será privatizada.
El 19 de junio, la COB y el Gobierno acordaron una agenda de ocho ejes, entre los más importantes está el compromiso de no privatizar las empresas estatales estratégicas y no ejercerá persecución política ni judicial contra la dirigencia.
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