Johnny Nogales Viruez
La decisión del Gobierno de autorizar, de manera excepcional, la importación y comercialización privada de combustibles ha sido presentada como un giro importante en la política energética del país. Y, en efecto, lo es. Pero no por las razones que muchos imaginan.
El decreto es una medida coyuntural. El verdadero problema comenzó mucho antes, cuando Bolivia dejó de producir buena parte de los combustibles que consume.
Durante años el consumo interno creció mientras la producción nacional disminuía. Los yacimientos declinan naturalmente. Lo que permite sostener la producción es descubrir nuevas reservas mediante exploración y desarrollar nuevos campos. Y eso fue precisamente lo que se dejó de hacer.
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Resulta inevitable recordar que el país recibió aproximadamente 60.000 millones de dólares por la exportación de gas. A ello debe sumarse el extraordinario incremento de los precios internacionales de los minerales y de los productos agropecuarios. Bolivia vivió la mayor bonanza económica de sus dos siglos de vida republicana.
Sin embargo, esa abundancia no estuvo acompañada por una auténtica política de desarrollo nacional, ni siquiera por una estrategia destinada a reponer las reservas que el país iba consumiendo.
Hoy cosechamos las consecuencias.
Importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y cerca del noventa por ciento del diésel. Cada litro importado cuesta mucho más que el precio al que se vende en el mercado interno. Esa diferencia la cubre el Estado mediante el subsidio. Mientras mayor es la dependencia de las importaciones, mayor es también la presión sobre las finanzas públicas.
Por si fuera poco, surgió otro efecto perverso. La enorme diferencia entre el precio interno y el vigente en los países vecinos convirtió durante años al combustible subsidiado en un extraordinario negocio para el contrabando.
Recuerdo perfectamente que cuando el gobierno de Rodrigo Paz incrementó el precio de los combustibles, la demanda cayó aproximadamente a la mitad. Aquello reveló la magnitud del combustible que salía clandestinamente del país para enriquecer a quienes lucraban ilegalmente con ese subsidio.
El Gobierno intentó reducir parcialmente esa carga mediante un ajuste de precios. Sin embargo, el incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo, agravado por el conflicto en Oriente Medio, volvió a ampliar la brecha entre el costo real de importación y el precio interno. A ello se sumó el elevado costo político de la llamada “gasolina basura”.
En ese contexto aparece el nuevo decreto.
Conviene aclarar algo desde el principio. La norma no elimina el subsidio ni privatiza YPFB. Permite que el sector privado importe y comercialice combustibles a precio de mercado, mientras la empresa estatal continúa abasteciendo con combustibles subsidiados. En los hechos, Bolivia comienza a transitar hacia un mercado dual.
Como incentivo para esa apertura, el decreto elimina temporalmente el IEHD para los combustibles importados por privados y reduce a cero el arancel para la importación de gasolinas. El objetivo es disminuir el costo de importación y acercar el precio de mercado al combustible subsidiado.
En cierta forma se comienza a corregir una característica perniciosa del subsidio a los carburantes: que es un subsidio ciego.
Ha beneficiado por igual al pequeño productor, al transportista, al taxista y al ciudadano de ingresos modestos que realmente necesitaban ese apoyo, pero también a grandes empresas y consumidores con capacidad suficiente para pagar un precio más cercano al costo real.
El nuevo esquema mantiene el subsidio, pero deja de convertirlo en la única alternativa. Eso puede ser especialmente importante para los sectores productivos. Los productores agropecuarios llevan meses reclamando que el diésel no llega cuando lo necesitan para sembrar, cosechar o transportar su producción. Lo mismo ocurre con numerosas industrias y empresas de transporte.
En esas circunstancias, el combustible más caro no es el que tiene el precio más alto. Es el que no existe cuando se lo necesita.
Si la importación privada reduce parcialmente ese desabastecimiento, el beneficio para la producción nacional puede ser considerable.
Naturalmente, también existen riesgos. Será indispensable impedir que combustible adquirido a precio subsidiado termine siendo revendido a precio de mercado. La fiscalización deberá ser rigurosa y la reglamentación suficientemente clara para evitar desvíos, mezclas y mercados paralelos.
Pero incluso si todo ello funciona adecuadamente, conviene no perder de vista lo esencial.
Este decreto administra una consecuencia. No resuelve la causa.
La verdadera solución exige que Bolivia vuelva a producir los hidrocarburos que consume. Para ello se requieren reglas claras, contratos competitivos, seguridad jurídica y una legislación moderna que incentive la exploración. Pero existe una condición todavía más importante: ningún inversionista comprometerá recursos durante años si no tiene la certeza de que, en caso de controversia, encontrará una administración de justicia oportuna, proba e independiente.
Ningún país resuelve de manera permanente un problema energético administrando únicamente la distribución de combustibles. La verdadera solución comenzará cuando se creen las condiciones para descubrir y desarrollar nuevos recursos hidrocarburíferos.
Por eso, el debate de fondo no consiste en decidir quién importa el combustible. Consiste en preguntarnos cómo volveremos a producirlo.
Los decretos pueden aliviar la emergencia, pero sólo una política energética de largo plazo permitirá que Bolivia recupere su seguridad energética.
Importar puede resolver la urgencia. Producir decidirá el futuro.