El ministro Óscar Mario Justiniano manifestó que en el país deben existir normas claras para que ninguna persona avasalle propiedades, áreas protegidas o territorios indígenas.
¿A qué atribuye los avasallamientos que se registran en Santa Cruz?
Los avasallamientos fueron uno de los puntos principales que se tocaron en la reunión del pasado miércoles con representantes de la Confederación de Agropecuarios de Bolivia. El problema no está sólo en Santa Cruz, también se da en Cochabamba, Tarija, La Paz, Oruro, aunque en distintas dimensiones.
Los avasalladores no están solamente en contra de los empresarios privados, ya sean estos pequeños, medianos o grandes. También están en contra de comunidades indígenas, de urbanizaciones. En otras palabras, el tema de avasallamientos tiene que considerarse como una política de Estado, a fin de devolverle la seguridad jurídica a las personas que invierten.
¿Cómo operan los grupos que perpetran los avasallamientos en predios privados?
A ellos solamente les cuesta conseguirse un notario que falsifique los papeles, conseguirse un topógrafo para que les haga planos del área donde avasallarán y mover gente, es decir a esas personas a las que ellos mismos estafaron, y a quienes hacen creer la idea de que están entrando a un lugar que les pertenece, en lugar de a los propietarios legítimos.
Ante esta situación, ¿qué debe ejecutar el Gobierno?
Por un lado, hay que entender que en mi cartera de Estado solamente vemos la parte de producción, programas y proyectos con riego y dónde vamos a poner puentes de alimentos.
En cambio, el Ministerio de la Presidencia es el que tiene el Viceministerio de Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria tanto a nivel nacional y departamental.
Tiene bajo su cargo áreas fundamentales como el viceministerio que lidia con la Justicia, con la Asamblea Legislativa, todo eso es el contexto ideal y está bajo tuición del Ministerio de la Presidencia para poder darle mínimamente a los productores por lo menos algo de certidumbre y seguridad.
¿Qué otras instituciones deben intervenir para detener los avasallamientos que flagelan al país?
No todo depende del Gobierno, depende también de la Fiscalía, de los jueces, del Tribunal Agroambiental, de la Policía Nacional en lo que corresponde a los desalojos. Esas instancias que he citado son los actores que tienen que hacer su trabajo una vez, y esto es importante, se tenga certidumbre, legalidad y legitimidad a esas tierras que están siendo avasalladas.
El sector productivo mencionó que existen órdenes de desalojo y conminaron a la Policía y Fiscalía a cumplir con estas disposiciones…
Sí, así es, pero cuando hablo de legalidad y legitimidad no solamente quien dice “me avasallaron” es necesariamente el afectado, porque existen normas y procesos. Por eso es que instituciones serias como es la Cámara Agropecuaria del Oriente tienen procedimientos.
Cualquiera que se sienta afectado se acerca con la libertad solamente por el hecho de ser productor, independiente de su afectación. Ahí hay abogados que piden la documentación, la verifican, ven que esté todo en regla y lo asesoran.
Los que tienen título de propiedad tendrán que ir al Tribunal Agroambiental. Si no tienen título, porque está en proceso de saneamiento, para eso está el INRA. Después vienen las otras opciones. En eso la Fiscalía siempre mostró mucha disposición. Cuando el actual Fiscal General (Róger Mariaca) fungía como fiscal departamental de Santa Cruz, hicimos al menos 82 desalojos cuando yo estaba en la CAO.
Usted presidió la CAO ¿cómo evalúa la respuesta en los avasallamientos?
El tema tierra ha sido tan mal manejado, tan políticamente usado y delincuencialmente obtenido en muchos casos que se debe tener mucho cuidado para no defender ilegalidades. Ahí es donde llegamos a un buen entendimiento en su totalidad con la Confeagro, vimos los caminos pertinentes para que como Gobierno nacional se pueda actuar con la tranquilidad de que efectivamente las revisiones pertinentes se hicieron y se defiende al propietario legítimo, no a un avasallador.
Por eso instamos a los otros ministerios y las entidades estatales de que tienen que prestar la mayor celeridad y seguridad porque esto debe volverse una política de Estado para que quien quiera emprender esté seguro de que este rubro tiene la posibilidad de garantizar su trabajo, su vida y su inversión. De lo contrario, se compra una ferretería o se compra un departamento, o invierte en cualquier parte donde le parezca menos riesgoso y eso es terrible.
Hay afectados de los avasallamientos que piden respuesta inmediata al Gobierno…
Tienen que citar a las autoridades pertinentes, para eso existen instituciones a lo largo y ancho del país, no importa qué se llamen y tienen que exigir el compromiso.
Los tiempos son fundamentales. Cuando un productor tiene gente maleante dentro de sus predios no solo sufre la inseguridad sobre su producción, también teme por su vida y la vida de sus trabajadores, porque estos avasalladores llegan armados y no tienen el más mínimo reparo para disparar o secuestrar.
Se tiene que actuar con la urgencia que se requiere y tener las políticas de Estado, algo que hemos planteado al presidente Rodrigo Paz, porque es la única forma de que nadie se meta en su casa, lote, urbanización, áreas protegidas o territorios indígenas.
