La elaboración del informe fue liderada por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización mediante un amplio proceso de articulación interinstitucional. El documento ya fue remitido al Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos para continuar con el procedimiento de aprobación establecido por el Decreto Supremo N.º 4816.
Fuente: Comunicación VIODyD
El Estado Plurinacional de Bolivia concluyó la elaboración del Octavo Informe Periódico ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), correspondiente al período 2019–2026, reafirmando su compromiso con la promoción de la igualdad de oportunidades, la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
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Por instrucción de la Viceministra de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, el proceso fue coordinado por el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización (VIODyD), en articulación con el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización «Ana María Romero» (SEPMUD), el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, en el marco de las competencias establecidas por el Decreto Supremo N.º 4816.
La elaboración del informe constituye uno de los principales compromisos asumidos por el Estado boliviano en el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Bolivia en 1990, y representa un ejercicio de evaluación, transparencia y rendición de cuentas sobre los avances alcanzados en la garantía de los derechos de las mujeres.
El documento fue construido mediante un amplio proceso participativo que involucró a instituciones de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, gobiernos autónomos, entidades públicas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales de mujeres y organismos de cooperación internacional, consolidando un trabajo técnico e interinstitucional orientado a reflejar la realidad del país y fortalecer las políticas públicas de igualdad.
Entre los principales avances que recoge el Octavo Informe País se encuentran:
- El fortalecimiento de las políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres;
- La consolidación de la implementación de la Ley N.º 348;
- La creación y fortalecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional;
- Los avances en la participación política de las mujeres;
- La reducción sostenida del embarazo adolescente;
- El fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva;
- La ampliación de políticas para la autonomía económica de las mujeres;
- El impulso de políticas de cuidado y corresponsabilidad;
- La incorporación de los enfoques de género, interculturalidad, discapacidad e inclusión en las políticas públicas;
- El fortalecimiento de acciones para prevenir la violencia digital;
- Y las medidas dirigidas a garantizar los derechos de mujeres indígenas, afrobolivianas, mujeres con discapacidad y otros grupos históricamente excluidos.
Asimismo, el informe identifica los principales desafíos que aún enfrenta el país para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, constituyéndose en una herramienta fundamental para orientar nuevas acciones, fortalecer la coordinación interinstitucional y continuar avanzando hacia una sociedad más igualitaria y libre de toda forma de violencia y discriminación.
Concluida su elaboración, el Octavo Informe Periódico de Bolivia ante la CEDAW fue remitido al Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, instancia responsable de continuar el procedimiento de aprobación a través del Consejo Plurinacional para Informes del Estado (CPIE), previo a su presentación oficial ante el Comité CEDAW de las Naciones Unidas.
El Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización, como cabeza del sector, reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades, la eliminación de todas las formas de discriminación y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, fortaleciendo el trabajo articulado entre el Estado y la sociedad para construir una Bolivia más justa, inclusiva y libre de violencia.