Durante demasiado tiempo, la corrupción dejó de ser una excepción para convertirse en un hábito enquistado en la administración pública. Se multiplicaron los discursos moralizadores, las promesas de campaña y las declaraciones de buenas intenciones, mientras la ciudadanía observaba con impotencia cómo los recursos públicos se esfumaban entre la burocracia, el favoritismo y la impunidad.
El país está cansado de gobernantes que hablan de transparencia mientras protegen a sus allegados; de autoridades que anuncian auditorías que nunca concluyen y de procesos que terminan sepultados por intereses políticos. La peor corrupción no es solo la que roba dinero, sino la que roba la esperanza de un pueblo que exige instituciones limpias y gobernantes con autoridad moral.
En ese escenario, la actitud asumida por Mamén frente a presuntos hechos de corrupción ha despertado expectativas. Su decisión de impulsar controles, exigir responsabilidades y enviar el mensaje de que nadie debería sentirse intocable representa un camino que merece ser observado y evaluado por sus resultados. Cuando una autoridad decide enfrentar estructuras acostumbradas a la impunidad, inevitablemente incomoda a quienes hicieron de los privilegios una forma de gobierno.
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Los corruptos rara vez actúan solos. Se rodean de redes de protección, operadores políticos y silencios cómplices. Por eso, combatir la corrupción exige mucho más que voluntad: demanda independencia, transparencia y la determinación de aplicar la ley sin distingos ni favoritismos.
La ciudadanía ya no premia los discursos; exige resultados. Quiere procesos transparentes, sanciones cuando correspondan y recuperación de los recursos públicos. Cada boliviano tiene derecho a saber cómo se administra el dinero que aporta con sus impuestos y quién responde cuando ese patrimonio colectivo es mal utilizado.
La lucha contra la corrupción tampoco puede convertirse en un instrumento de persecución política ni en un espectáculo mediático. Debe ser una política de Estado, sustentada en el debido proceso, el respeto a la ley y la igualdad de todos ante la justicia. Solo así recuperará credibilidad y legitimidad.
Bolivia necesita muchas más autoridades dispuestas a gobernar con firmeza y honestidad. El país no saldrá adelante protegiendo a los corruptos ni encubriendo irregularidades, sino construyendo una cultura donde la transparencia sea la regla y la impunidad la excepción.
No Mamen, sí Mamén. Que esta expresión no sea únicamente un ingenioso juego de palabras, sino un llamado a todos los servidores públicos para comprender que el poder no es un privilegio personal, sino un mandato del pueblo. La corrupción no admite medias tintas: se la combate con determinación o se termina siendo parte de ella. La historia siempre recordará de qué lado estuvo cada autoridad
Raul Palza Zeballos es diplomático de carrera y politólogo