Las organizaciones señalaron que el proyecto fue tratado “sin ningún tipo de socialización con la ciudadanía y menos con las instituciones representativas del periodismo y de la sociedad civil”
Periodistas en una cobertura/ABI
Fuente: Brújula Digital|
Organizaciones de la prensa y de medios bolivianos rechazaron el proyecto de ley de acceso a la información aprobado en grande por el Senado, al considerar que contiene disposiciones que limitan el derecho a la información, contradicen estándares internacionales y fueron aprobadas sin socialización con la ciudadanía ni con los representantes del periodismo.
El comunicado está suscrito por la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Medios Digitales de La Paz (AMDLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP).
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Las organizaciones señalaron que el proyecto fue tratado “sin ningún tipo de socialización con la ciudadanía y menos con las instituciones representativas del periodismo y de la sociedad civil”. Además, denunciaron que el texto aprobado omite los acuerdos alcanzados en octubre de 2024, cuando el Senado consensuó un proyecto con las asociaciones periodísticas y organizaciones de la sociedad civil.
El senador José Roca (alianza Unidad) es quien defiende la norma y quien no hizo ninguna consulta con el gremio periodístico.
A instancias de Roca, la Cámara de Senadores aprobó el jueves por unanimidad, en su estación en grande, el proyecto de ley de acceso a la información, que busca supuestamente “garantizar este derecho y establecer un marco para el acceso a información pública”. La iniciativa continuará su tratamiento en detalle, artículo por artículo, en una próxima sesión.
Las organizaciones lamentaron que la Cámara de Senadores “no hubiera convocado en audiencias públicas a los representantes de las instituciones del periodismo y de las organizaciones de la sociedad civil para analizar en detalle este proyecto normativo a la luz de los estándares internacionales” y pidieron “que se proceda a archivar inmediatamente” el mencionado proyecto.
Rechazo de los medios y periodistas
El comunicado de los periodistas y medios advierte que la nueva iniciativa contiene “disposiciones contrarias a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2006 sobre la materia (Claude Reyes y otros vs. Chile)” que establece que “el acceso a la información pública constituye un derecho humano autónomo; toda persona puede solicitar información sin necesidad de justificar interés alguno; el Estado tiene la obligación positiva de entregarla; la carga de justificar una negativa corresponde exclusivamente al Estado; el principio rector es la máxima publicidad”.
Las organizaciones también observaron que el proyecto “no hace referencia al Art. 106 de la Constitución Política del Estado que garantiza el derecho a la información y el derecho a la comunicación” y tampoco consideró las observaciones del informe legal del Ministerio de la Presidencia.
Uno de los puntos más criticados es la exigencia de que las solicitudes de información sean presentadas por escrito, con fotocopia del Carnet de Identidad y el registro de datos personales del solicitante. Las organizaciones calificaron esta medida como “burocrática y contraria al DS 5595” y advirtieron que “constituye un riesgo para la integridad y la seguridad de los trabajadores de la prensa que pueden verse en peligro cuando realizan trabajos de investigación que demanden información pública”.
El comunicado también cuestiona que el proyecto determine que el ciudadano debe garantizar que la información solicitada no genere “perjuicios a terceros” y que deba “asumir responsabilidad plena por la información obtenida”. Esta disposición, sostienen, “puede usarse para amedrentar e impedir que se publiquen investigaciones sobre corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos ya que estos alegarán ser ‘perjudicados’ por las denuncias”.
Largos plazos
Otros aspectos objetados incluyen el plazo de hasta tres semanas para que las entidades públicas entreguen información, incluso si esta está disponible de inmediato, y la asignación de las Unidades de Transparencia para investigar negativas de entrega, cuando estas “no son autónomas y sus cargos son políticos, por lo que no se puede esperar transparencia e independencia en los procesos”.
BD/RPU
