La Alcaldía enfrenta 125 procesos laborales heredados: un reto tras las denuncias sobre corrupción y desvinculaciones recientes.
Fuente: https://lapatria.bo
Una comisión legal del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro revisa las denuncias sobre corrupción municipal relacionadas con la asignación de 70 ítems. Esta comisión comenzó a tomar sus primeras determinaciones y dispuso la desvinculación de seis funcionarios, mientras continúan las evaluaciones administrativas, legales y de auditoría sobre el resto de los casos.
Desvinculaciones y casos específicos
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El alcalde Iván Quispe informó que entre los desvinculados se encuentra el exalcalde Juan José Ramírez, además de otros cinco funcionarios cuyos nombres no fueron revelados. Explicó que estas decisiones corresponden a casos específicos, tras una primera revisión realizada por la comisión encargada del proceso.
Auditorías y procedimientos administrativos
Asimismo, indicó que la investigación no se limitará a las desvinculaciones. Un segundo grupo de casos será sometido a auditoría para verificar si durante las contrataciones se cumplieron los procedimientos administrativos, la documentación y los requisitos establecidos por la normativa vigente. Paralelamente, otra instancia analiza denuncias relacionadas con irregularidades en designaciones de ítems, sobre las cuales también se tomarán las acciones correspondientes.
Responsabilidades económicas del municipio
La autoridad sostuvo que las determinaciones deben adoptarse con respaldo jurídico para evitar futuras responsabilidades económicas del municipio. En ese sentido, recordó que la actual administración enfrenta cerca de 125 procesos laborales heredados de la gestión anterior. Varios de estos procesos tienen fallos que obligan al pago de sueldos devengados y a la reincorporación inmediata de exfuncionarios, lo que representa una carga para las finanzas municipales.
Continuidad en la revisión de ítems
En este contexto, aseguró que la revisión de los 70 ítems continuará hasta establecer responsabilidades en cada caso. Reiteró que las decisiones se adoptarán de manera gradual y conforme a los procedimientos legales, con el objetivo de evitar nuevas demandas laborales y garantizar que las medidas asumidas tengan sustento técnico y jurídico.