El Tribunal Supremo de Justicia amenaza paro de actividades. Los magistrados, vocales y jueces, han anunciado un paro escalonado, actitud que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó de “corporativa y sindical”.
“Lastimosamente, los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que no dejan trabajar, a ellos sí los atienden”, dijo Romer Saucedo Presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Sus argumentos son inicialmente correctos, porque para ejercer la gestión jurisdiccional de buena manera, tienen que darse las condiciones favorables. Refiriéndose al asunto, el Ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, sostuvo que el debate no debe limitarse al incremento presupuestario, sino que también debe abordar el destino de esos recursos.
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En esta confrontación de opiniones, el portavoz de los magistrados —según publicaciones de prensa— declaró: “… nosotros, ese 0.35 por ciento que recibimos, equivale aproximadamente a 1.100 millones de bolivianos, para el funcionamiento del presupuesto del Órgano Judicial anualmente. De ese presupuesto, alrededor del 75 por ciento se va en sueldos y salarios de todo el personal que tenemos. Y no es que queramos subirnos los sueldos (esta frase como que desvirtúa y convierte en duda la presunción general: solo quieren aumentarse los sueldos), no estamos reclamando eso, pero nos queda una parte miserable para atender las otras necesidades que tenemos”.
Según el Presidente del TSJ, los jueces ya no abastecen y están sobrecargados, hace falta desarrollar tecnología, invertir en computadoras, en equipos informáticos. Conseguir un salto tecnológico para avanzar en la reforma judicial, la modernización de los trámites judiciales. Justificó nuevamente la amenaza del paro, y se refirió a un aspecto que siempre es motivo de duda, sobre todo en el mundo del foro y los litigantes: … a los políticos les conviene tener un Órgano Judicial que sea funcional a ellos, (…) eso es lo que ya no podemos permitir nosotros”.
En este contexto de tensionada controversia, lo razonable sería explicar en qué cosas específicamente se invertirá el incremento del presupuesto, dar a conocer el plan de inversiones; hacer suya la transparencia en la rendición de cuentas, facilitar el control, por más autonomía que favorezca; porque de no ser así, puede entenderse que todo termina con mayor asignación de fondos, y que los gastos e inversiones será asunto de los magistrados, que al mismo tiempo reclaman autonomía presupuestaria.
Dentro de todo este debate de contenido económico, ¿cuál es el correlato que justifique la decisión incorrecta de un juez? ¿Cuál es la relación directa que involucre la calidad intrínseca y trascendental de hacer justicia, con la asignación de mayores recursos?
En ningún caso, la aplicación de “Justicia” tendría que ser deshonesta y corrompida, no existe la contrapartida ni desquite, porque falte tóner o papel. El juzgador, a pesar de las restricciones materiales, debe hacer gala de sabiduría jurídica; no debe equivocarse. La ley tiene un valor superior, que no puede quedar supeditada al nivel del sueldo, o la incomodidad que tenga que soportar el juzgador.
Finalmente, de concretarse la protesta anunciada, las puertas de los tribunales y jugados estarían cerradas, sería como un domingo o feriado, la afectación no sería grande, porque para hablar de retardación, tal agravamiento no aplica, ya es una situación normal.
Mario Malpartida