El Ministerio Público admitió dos casos por separado y emitió ordenes de allanamiento para dar con el paradero del exejecutivo de la Tupac Katari, David Mamani, quien presuntamente abandonó el país para evitar ser aprehendido.
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Las causas ya derivaron en la detención preventiva de tres de los investigados. Otros dirigentes son buscados por las autoridades y, según fuentes del sector campesino, al menos tres salieron de la clandestinidad o abandonado el país para evitar su aprehensión.
El primer proceso está registrado con el código CUD 201102012604189. En esta causa son investigados el exejecutivo de la Federación Túpac Katari, David Mamani; Alberto Quelali y Pablo Merma. Quelali y Merma fueron enviados preventivamente al penal de San Pedro, en La Paz, por seis y cinco meses, respectivamente. Los tres son investigados por instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y atentados contra los servicios públicos y el transporte, informó el fiscal Ronald Jurado.
Mamani no fue aprehendido y un exdirigente campesino le dijo a EL DEBER que pudo salir del país antes del 20 de junio. “El hermano David Mamani nos envió un mensaje y nos comunicó que, por seguridad, ya estaba fuera del país, porque no podíamos arriesgarnos a que lo detengan”, afirmó tras solicitar que su nombre se mantenga bajo reserva.
El exdirigente, quien se presentó ayer la Fiscalía acompañado por uno de los abogados que asesora a Mamani, sostuvo que la decisión de abandonar el país fue asumida de manera individual y no a través de los mecanismos de decisiones que son orgánicas.
La segunda investigación está registrada con el código CUD 201102012603341 y se encuentra a cargo del fiscal Walter Lora.
En este caso son investigados el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo; el senador suplente Nilton Condori; el presidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Justino Apaza; el ejecutivo de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, y otros dos dirigentes alteños cuyas identidades están bajo reserva.
El avance más reciente dentro de esta causa se produjo el lunes, cuando un juez determinó la detención preventiva de Salazar por seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha.
Muertes
Los fiscales de La Paz explicaron que ambas investigaciones están relacionadas con los bloqueos que provocaron la interrupción del tránsito, el desabastecimiento y dificultades para el traslado de pacientes. Según una lista elaborada por la Fiscalía, al menos 14 personas fallecieron en el conflicto. Entre las víctimas figuran tres mujeres y un niño que, de acuerdo con las investigaciones, no pudieron recibir atención oportuna porque las ambulancias no lograron llegar por los bloqueos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que los procesos buscan determinar responsabilidades individuales y negó que exista una intención de persecución política.
“Quiero decir una cosa con absoluta claridad: nosotros vamos a hacer justicia, no queremos que haya venganza”, declaró la autoridad, quien espera que estos procesos avancen en el ámbito judicial.
