La destitución de Eduardo Valdivia como gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), apenas tres meses después de asumir el cargo, no solo marca el fracaso de una gestión fugaz. Vuelve a dejar al descubierto un problema que BoA arrastra desde hace años: la política sigue pesando más que la capacidad para administrar una empresa estratégica
En cualquier empresa estratégica, especialmente en una aerolínea estatal que opera bajo un monopolio de facto en el mercado nacional, la credibilidad de quienes la dirigen es parte de la confianza que una empresa pública debe generar. Por ello, el episodio que precipitó la salida de Valdivia resulta particularmente revelador. Mientras miles de bolivianos enfrentan tarifas elevadas y un servicio cada vez más cuestionado, el entonces gerente fue observado por haber utilizado un beneficio que le permitió pagar apenas Bs 933 por un pasaje de retorno Miami–La Paz, cuando el precio comercial para un usuario asciende aproximadamente a Bs 5.904. Incluso, el monto cancelado era inferior al costo de varios vuelos nacionales, como la ruta Santa Cruz–La Paz.
Y ahí está el verdadero fondo del asunto. Más allá de las explicaciones administrativas que puedan existir sobre ese beneficio, el problema trasciende la legalidad del procedimiento. Se trata de una cuestión de ética pública y de sensibilidad institucional. Los privilegios pueden ser reglamentarios, pero no siempre son legítimos cuando una empresa estatal enfrenta restricciones financieras, deterioro operativo y una creciente pérdida de confianza ciudadana. Resulta aún más preocupante que dicho beneficio, reservado presuntamente para personal con más de un año de antigüedad, haya sido utilizado por un ejecutivo con apenas dos a tres meses de permanencia.
La controversia adquiere mayor dimensión cuando se analiza el contexto económico de BoA. Es cierto que el informe de gestión 2025 refleja una generación de recursos propios superior a Bs 3.709 millones, dato que evidencia capacidad operativa y un importante volumen de ingresos. Sin embargo, esas cifras no pueden interpretarse de manera aislada. La empresa continúa soportando una pesada herencia financiera. En 2019 registró una pérdida neta de Bs 195,53 millones y fue clasificada como una entidad de «Alta Prioridad» debido a su criticidad financiera y problemas de liquidez.
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El desafío de BoA ya no es únicamente generar ingresos, la escasez de divisas frenó inversiones esenciales para la compra de repuestos, componentes aeronáuticos y la modernización de la flota, comprometiendo la seguridad, el mantenimiento y la puntualidad del servicio. Entonces, las consecuencias son evidentes, los pasajeros ya no esperan puntualidad, esperan suerte, y existe una atención cada vez más cuestionada, al punto de provocar la queja pública del embajador de Francia en Bolivia, un hecho que no solo afecta la imagen de la aerolínea, sino afecta la credibilidad institucional del país. Atrás quedaron los snacks y un refresco o café en pleno vuelo, quedo en la prehistoria.
El problema de BoA no es un gerente ni un pasaje con descuento; es la forma en que se siguen administrando muchas empresas públicas. Mientras los cargos respondan más a afinidades políticas que al mérito y la experiencia, será difícil recuperar la confianza de los ciudadanos. La elección del próximo gerente debe ser un proceso transparente y basado en capacidades reales de gestión, no otro reparto de cuotas de poder. De lo contrario, BoA seguirá funcionando con recursos de todos los bolivianos, pero sin ofrecer el servicio eficiente, seguro y responsable que el país merece.
Lic. Miroslava Fernandez Guevara
Periodista y politóloga