Proceso. La Gobernación de Santa Cruz formaliza su primera acción penal tras una denuncia anónima digital.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
La Gobernación de Santa Cruz presentó su primera denuncia penal originada a partir de información recibida mediante el Botón Anticorrupción, un mecanismo de denuncia anónima implementado para fortalecer la transparencia, el control interno y la lucha contra la corrupción dentro de la institución.
El secretario departamental de Justicia, Carlos Eduardo Correa, informó que la denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público luego de una investigación administrativa que permitió recopilar documentación, registros y declaraciones sobre un presunto hecho irregular ocurrido en febrero de este año.
«La denuncia ingresó a través del Botón Anticorrupción, que mantiene una línea directa con la Unidad Anticorrupción de la Gobernación. A partir de esa información se realizó la investigación correspondiente y, al encontrar indicios suficientes, se presentó la denuncia penal», explicó Correa.
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Según la investigación, el 13 de febrero, pese a una instructiva vigente que restringía la circulación de vehículos oficiales durante el feriado de Carnaval, una volqueta del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) habría salido de las instalaciones de la Gobernación después del horario autorizado, escoltada por otro vehículo y transportando material metálico.
El secretario señaló que durante la investigación se identificaron contradicciones entre las declaraciones de los involucrados y la documentación recopilada, incluyendo registros de ingreso y salida de vehículos, partes diarios de guardia y otros elementos que motivaron la remisión del caso a la vía penal.
La denuncia fue presentada por los presuntos delitos de peculado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Entre las personas denunciadas se encuentran el exdirector del Sedcam, Jairo Guiteras, además de Carlos Antelo y Jaime Cuéllar, cuyas responsabilidades deberán ser establecidas por el Ministerio Público en el marco de la investigación.
Correa enfatizó que la Gobernación no busca prejuzgar a ninguna persona y que será la justicia la encargada de determinar las responsabilidades que correspondan.
«La instrucción del gobernador Juan Pablo Velasco es clara: no encubrir ningún presunto acto de corrupción. Cuando existen elementos suficientes, la obligación de la institución es denunciar y permitir que las autoridades competentes realicen la investigación», afirmó.
Finalmente, destacó que este caso marca un precedente para el funcionamiento del Botón Anticorrupción, al demostrar que las denuncias ciudadanas pueden traducirse en investigaciones formales y acciones concretas para resguardar los recursos públicos y fortalecer la transparencia institucional.