La Defensoría del Pueblo instó ayer a las instituciones a reforzar las medidas de control y atención de incendios en el departamento de Cochabamba ante los últimos focos de calor que se registraron el fin de semana en la ciudad y el municipio de Sacaba.
Fuente: https://www.lostiempos.com
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“Los recientes incendios registrados en el departamento de Cochabamba, particularmente los que afectan nuevamente al Parque Nacional Tunari, constituyen una alerta que demanda la actuación inmediata, coordinada y eficaz de las autoridades competentes, así como el compromiso de la sociedad en su conjunto”, manifestó en un comunicado.
Explicó que estos hechos no solo representan una grave pérdida de biodiversidad y del patrimonio natural del Estado, sino que también comprometen el ejercicio de derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho al agua, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación y a una adecuada calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.
El pronunciamiento señala que “las áreas protegidas cumplen una función estratégica para el país, al conservar la biodiversidad, proteger las cuencas hidrográficas, regular el ciclo del agua, contribuir a la captura de carbono y mitigar los efectos del cambio climático. Su degradación incrementa la vulnerabilidad de las poblaciones frente a sequías, escasez de agua, pérdida de medios de vida y otros riesgos ambientales”.
A ello se suman las previsiones de fenómenos climáticos extremos asociados al denominado “Súper Niño”, que advierten sobre periodos prolongados de altas temperaturas, déficit de precipitaciones y un mayor riesgo de incendios forestales, circunstancias que hacen aún más urgente fortalecer las acciones de prevención, preparación, respuesta y recuperación, remarca el comunicado.
La Defensoría del Pueblo advierte que la recurrencia de estos eventos evidencia la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a la gestión integral del riesgo, la protección efectiva de las áreas protegidas y la conservación de los ecosistemas. Asimismo, resulta imprescindible intensificar el monitoreo permanente, consolidar los sistemas de alerta temprana, fortalecer el control de quemas y chaqueos, investigar y sancionar los incendios provocados conforme a la normativa y ejecutar acciones oportunas de restauración ambiental en las zonas afectadas.
“En el marco de las competencias establecidas por la Constitución Política del Estado y la Ley N.º 870 del Defensor del Pueblo, exhortamos a las instituciones del nivel central del Estado, a los gobiernos autónomos, a las entidades responsables de la gestión ambiental y de la gestión de riesgos, así como a la sociedad civil, a fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar los recursos humanos, técnicos, logísticos y financieros.
