José Antonio Landriel Pedraza
En las últimas semanas, los medios de información nos mostraron escenas que merecen interpretarse juntas, no como noticias aisladas, sino como síntomas de un mismo malestar.
En Pando, un hombre golpeó hasta destrozarle los órganos internos a una hembra de mono araña —especie en peligro de extinción— porque presuntamente mordió a su hija.
En Santa Cruz, bomberos rescataron a «César», un mono que deambulaba con cadenas soldadas a la cintura y aretes perforados en el cuerpo, usado como ornamento.
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En San José de Chiquitos, un puma adulto apareció trepado en un árbol del centro urbano con signos de cautiverio previo y estrés agudo. En los Yungas, mil doscientos animales del refugio Senda Verde llevaban semanas sin alimento por los bloqueos. Y en el altiplano, transportistas varados cuarenta y dos días cazaban fauna silvestre para sobrevivir; por último, en La Paz, recientemente, se condenó penalmente a quien vendía carne de ranas del lago Titicaca.
Durante siglos, la tradición jurídica occidental trató al animal como cosa apropiable, sin valor propio, disponible al arbitrio humano. Voltaire lo advirtió con claridad: únicamente por un exceso de ridícula soberbia los seres humanos se atribuyen a sí mismos un alma de naturaleza distinta de la de los animales. Esa soberbia construyó culturas donde encadenar un primate como adorno parecía razonable, donde matar una especie protegida por venganza no genera vergüenza pública inmediata.
Pero Bolivia no puede invocar la ignorancia normativa como excusa. Tiene una Constitución que reconoce a la Madre Tierra como sujeto de derechos, una Ley 700 que tipifica el biocidio y un Decreto Supremo que prohíbe la tenencia de fauna silvestre. Y posee, también, recientemente, una sentencia penal pionera que condenó a tres años de prisión a un vendedor de ranas del Titicaca —especie críticamente amenazada con más del ochenta por ciento de su población perdida en décadas recientes y cuyo comercio está prohibido internacionalmente.
Mas, la respuesta está en lo que el derecho latinoamericano conoce bien y poco quiere admitir: la folclorización normativa. La ley se promulga, se festeja, se cita en discursos, y luego se abandona. El artículo 4 de la Ley 700 obliga al Ministerio de Educación a desarrollar políticas de bienestar animal: once años después, esas políticas no tienen notoriedad. La mayoría de los trescientos treinta y nueve municipios carece de ordenanza operativa en la materia y no existe una instancia nacional que, como el brazo ejecutor de la norma, tenga efectividad en el preciso momento en que estos casos se acumulan.
No se trata entonces, y simplemente, de ciudadanos indiferentes o jueces incompetentes. Hay un problema mayor, de carácter estructural. La cosmovisión antropocéntrica, que coloca al ser humano como centro y medida de todo lo vivo, no se desmonta con una ley, por avanzada que sea. Se reproduce en las aulas donde no se enseña que César tiene derechos propios y se remeda en la cultura institucional pública donde denunciar maltrato animal sigue pareciendo una excentricidad. Así, la Constitución Ecológica de 2009 es un proyecto inacabado, no porque el texto sea insuficiente, sino porque no se ha decidido con convicción materializarlo de verdad.
En un contexto semejante, la indignación de julio no puede quedarse en julio. La institucionalidad pública debe dotar a la Ley 700 de mecanismos reales: presupuesto, protocolos de inspección proactiva, registros municipales operativos. Y los centros de formación tienen una deuda formativa que no están saldando, operando en cada aula donde la dignidad de los demás seres vivos no es siquiera un tema de conversación.
César estuvo encadenado y nadie en el Estado lo vio y, mientras la norma siga siendo discurso y no conducta institucional sostenida, cada julio nos devolverá las mismas escenas con distintos nombres y situaciones aún más agravantes.