Una jornada en la localidad de Los Mártires, anuncios en redes y promesas de hasta 6.000 dólares, revelan el método utilizado por un grupo para reclutar colombianos y enviarlos a zonas de guerra
Fuente: Infobae
Una denuncia pública realizada por la concejala del Pacto Histórico Heidy Sánchez puso en alerta a las autoridades de Bogotá ante la consolidación de una posible red de reclutamiento y entrenamiento de mercenarios en la ciudad, orientada a captar personas para combatir en la guerra en Ucrania.
El 29 de junio de 2026, un grupo autodenominado “Night Crawler”, equipado con pasamontañas, armas largas y prendas de uso privativo de las fuerzas militares, realizó un entrenamiento paramilitar en la Junta de Acción Comunal del barrio Santa Isabel, actividad presuntamente organizada por la directiva comunal local.
Sánchez detalló en su cuenta de X que la jornada no es un hecho aislado, sino parte de un esquema de captación de personas con fines de explotación en conflictos armados internacionales. Según la concejala, la práctica en Santa Isabel formaría parte de una estructura más amplia que opera en Bogotá y que normaliza la presencia y el entrenamiento de grupos violentos, algunos con ideologías de corte fascista y neonazi, bajo la fachada de supuestos empleos o promesas económicas para labores de seguridad en el exterior.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Esquema de captación y riesgos para la ciudadanía
La denuncia de Sánchez se sumó a alertas internacionales. De acuerdo con la cabildante, la ONU advirtió que en la última década más de 10.000 colombianos han sido reclutados por redes criminales bajo la promesa de empleos de seguridad privada o custodia de infraestructuras en países como Rusia, Ucrania o Sudán. Una vez en el destino, muchos de estos hombres ven confiscados sus documentos y son obligados a firmar contratos de combate bajo coacción, enfrentando condiciones de vulnerabilidad y riesgo extremo.
Los sueldos prometidos, que pueden llegar hasta los 6.000 dólares mensuales, resultan ser un anzuelo para personas desempleadas o en situación de precariedad. Sin embargo, la realidad al llegar al país de destino dista mucho de las ofertas iniciales. Las redes detrás de estas operaciones han sido señaladas de incurrir en delitos como trata de personas con fines de explotación en conflictos armados, mercenarismo y concierto para delinquir.
Convocatorias en redes y acciones ilegales
El grupo Night Crawler, desde sus propios canales digitales, publicó convocatorias dirigidas a quienes tengan experiencia militar, pasaporte vigente, óptimo estado de salud mental y disponibilidad por seis meses. Prometen vuelos pagos y contratos para participar en operaciones como el despeje de trincheras en Ucrania, bajo la bandera de la “128° brigada de asalto Ucraniana”. La convocatoria explícitamente señala: “Todo va con firma de contrato, nada es obligado, todo depende de la voluntad de quien desee ir”.
El uso de instalaciones públicas, como la Junta de Acción Comunal, para entrenamientos paramilitares, motivó peticiones a la administración distrital y al Idpac sobre la legalidad de destinar estos espacios a actividades de entrenamiento militar. Testimonios locales indican que este grupo anónimo también es conocido por reclutar mercenarios mediante falsas promesas económicas.
Contexto nacional y señales de alerta
En Colombia, la única entidad autorizada para el reclutamiento, incorporación y definición de la situación militar es el Comando de Reclutamiento y Control Reservas (Corec) del Ejército Nacional. Todas las convocatorias realizadas por grupos armados, bandas criminales o personas no estatales configuran delitos graves como reclutamiento forzado, mercenarismo o concierto para delinquir.
La concejala Sánchez advirtió que la normalización de estas redes y entrenamientos no puede entenderse al margen del discurso del presidente Abelardo De la Espriella, que ha hecho declaraciones públicas reivindicando el paramilitarismo y anunciando la creación de “bloques de defensa para la seguridad urbana”. Según Sánchez, este tipo de mensajes desde el poder terminan legitimando la reorganización de estructuras violentas que tienen antecedentes de persecución y violencia en Colombia.
Frente a la gravedad de los hechos, la concejala hizo un llamado urgente a la Secretaría de Seguridad de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen con rigurosidad el alcance de estas actividades, no solo por el posible entrenamiento ilegal, sino por la existencia de una red de captación y explotación con fines de mercenarismo internacional. “Bogotá no puede convertirse en un centro de captación y entrenamiento de mercenarios”, subrayó Sánchez.