Durante años, estas actividades ilegales ingresaron en áreas protegidas generando daños ambientales.
Por Marco Mendoza
La explotación se la realiza en el corazón de las reservas naturales/CIPCA
Fuente: La Razón
Las labores de control y vigilancia de las áreas protegidas no son sencillas, principalmente por la falta de recursos logísticos y por que muchas veces, quienes se dedican a estas actividades ingresan a lugares remotos, precisamente para burlar el control y cubrir la explotación minera ilegal.
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Hace poco se realizó un operativo en una de las zonas más aisladas del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, llegar al lugar tomó más de dos días. La travesía incluyó el cruce de ríos y terrenos de difícil acceso hasta alcanzar la cabecera del río Tequeje, en el municipio de Ixiamas, donde la Armada Boliviana ejecutó un operativo contra la minería ilegal que concluyó con la destrucción de cinco campamentos clandestinos.
Segun la información de la Armada Boliviana, la intervención fue realizada por la Capitanía de Puerto Mayor “Río Beni” y la Base Naval “Ballivián”, en coordinación con guardaparques del Parque Madidi, como parte del control para proteger los recursos naturales en áreas protegidas. Una vez en el sector, se identificaron actividades vinculadas a la extracción ilegal de oro aluvial por lo que se procedió a la inutilización de bombas de agua, tolvas, mangueras, ductos, plataformas de explotación y otros equipos empleados en estas operaciones.
Lastimosamente esta operación de explotación minera ilegal se desarrollaba en una de las zonas más sensibles del Madidi.
Difícil acceso
La cabecera del río Tequeje forma parte de un sector de difícil acceso dentro del Parque, considerado una de las áreas protegidas con mayor diversidad biológica del planeta. Precisamente esa condición geográfica implica mayores desafíos para las labores de vigilancia y control.
La operación fue desarrollada con el apoyo de guardaparques del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, quienes participaron en las tareas de verificación y acompañamiento durante la intervención.
El Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) de Bolivia, con este tipo de acciones coordinadas con otras instituciones, busca frenar el avance de la minería ilegal dentro de las reservas naturales del país debido a que esta actividad pueden ocasionar impactos irreversibles.
Uno de ello es la deforestación debido a que se abren áreas para la explotación de minerales y para la construcción de infraestructuras como caminos y campamentos, generando un cambio en el uso de suelo y la pérdida de cobertura vegetal.
Contaminación
La explotación minera genera residuos que al ser vertidos directamente a los ríos afectan su calidad, propiciando la contaminación del agua. Estos pueden ser sedimentos o sustancias químicas altamente tóxicas como el mercurio.
El mercurio derramado por la minería produce impactos irreversibles tanto en el medioambiente como en la salud.
En 2023, un estudio científico fue elaborado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) junto a la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) este reveló que el 75 % de los indígenas del norte amazónico están intoxicados con altos niveles de mercurio. En los casos más extremos, hay personas que superan las 10 partes por millón de mercurio, nueve veces más del nivel permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este nivel de exposición afecta el desarrollo neurológico, produce temblores, pérdida de memoria, disfunciones motoras, cefaleas y además es peligroso para el desarrollo intrauterino.
Para el estudio se recogió muestras de cabello de 302 personas de 36 comunidades de diversos territorios indígenas. Los resultados revelaron que los pueblos con los niveles más altos de mercurio son los que viven en la parte baja de la cuenca del río Beni: los Ese Ejja y los Tsimanes. Si bien estos pueblos no realizan actividades mineras, entran en contacto con la sustancia a través del consumo de pescado, su principal fuente de alimentación diaria. La actividad minera en la parte alta de los ríos impacta en pueblos de zonas bajas.
Otro efecto negativo de la actividad minera, sea cual sea su modalidad, es el impacto en los hábitats, de especies vivas produciendo la mortandad de especies animales y vegetales. La actividad minera genera grandes movimientos de tierras, deforestación, contaminación hídrica que torna insostenible la vida de las especies animales y vegetales.
Afectación
La minería ilegal aurífera ha afectado a por lo menos 10 áreas protegidas en Bolivia, principalmente en la Amazonía y el norte de La Paz. En particular, este fenómeno se concentra en el departamento de La Paz, abarcando el 85 % de las áreas afectadas por minería aurífera, seguido por Santa Cruz con el 11,3 %, según datos de Amazon Mining Watch.
Los puntos más críticos se encuentran en el Parque Nacional Madidi, donde operan decenas de actividades mineras ilegales que utilizan dragas y mercurio, contaminando ríos como el Tuichi y expulsando a los guardaparques.
“Hay disposiciones que protegen y resguardan el parque Madidi; pero, sin embargo, la minería ilegal sigue campante, continúa sin ningún tipo de control y no es este el único punto; son varios que están siendo destruidos”, reveló Marcos Uzquiano, representante de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación.
Zonas urbanas
Se han reportado casos en zonas como Río Seco y Los Tajibos en el municipio de La Asunta, donde maquinaria opera cerca de viviendas, generando riesgo de deslizamientos y contaminación. Existen áreas de explotación cercana a la carretera Potosí–Tarija al igual que en el municipio de Viacha.
En La Paz, municipios con intensa actividad minera como Tipuani, Guanay, Teoponte y Mapiri enfrentan cada año, severas inundaciones, que podrían ser provocadas o agravadas por la alteración de los cauces de los ríos debido a esta actividad extractiva.
En Tipuani, por ejemplo, más de 120 familias perdieron sus viviendas tras la crecida del río en octubre, y otras 400 resultaron damnificadas.
En Guanay, el ingreso de cooperativas auríferas a zonas urbanas ha detonado conflictos legales y temores por el futuro de barrios enteros. Existe un riesgo creciente de desplazamientos forzados y colapso territorial.
Fuente: La Razón
