“Una justicia que pierde la confianza de su pueblo deja de ser un pilar de la democracia para convertirse en una fuente de incertidumbre.”
Peter Sloterdijk, en su obra Crítica de la razón cínica, sostiene que el rasgo distintivo de la sociedad contemporánea no es la ignorancia, sino la aceptación consciente de aquello que sabemos que está mal. Ese diagnóstico encuentra una de sus expresiones más preocupantes en la administración de justicia.
La justicia cínica no es aquella que desconoce la ley, es aquella que conoce perfectamente cuál es su deber constitucional, pero actúa de manera distinta. Sabe que la independencia judicial es un principio esencial; sin embargo, permite presiones, conoce que la celeridad procesal es un derecho de los ciudadanos, pero tolera la retardación, reconoce que la igualdad ante la ley es un mandato democrático, pero en la práctica aplica criterios diferentes según el poder económico, político o social de las partes.
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Lo más grave es que esta realidad termina normalizándose. Los ciudadanos comienzan a asumir que un proceso judicial demorará años, que la corrupción puede influir en determinadas decisiones o que la justicia depende más de las influencias que de las pruebas. Cuando esa percepción se instala en la conciencia colectiva, el daño institucional es inmenso.
Una justicia sin credibilidad no solo perjudica a quienes acuden a los tribunales; también desalienta la inversión, debilita la seguridad jurídica, erosiona la confianza en el Estado y fractura el contrato social que sostiene la convivencia democrática.
El problema no radica únicamente en jueces o fiscales, también alcanza a quienes diseñan las políticas públicas, a quienes administran el sistema, a quienes ejercen la defensa y a quienes, pudiendo corregir las deficiencias, prefieren conservar un modelo que beneficia intereses particulares antes que el interés general.
La justicia no puede convertirse en un espacio donde la ciudadanía espere resignadamente el desenlace de un expediente interminable. Tampoco puede admitir que las víctimas sientan abandono o que los derechos del imputado sean desconocidos. Un auténtico Estado de derecho exige equilibrio: proteger a la sociedad sin sacrificar las garantías fundamentales de ninguna persona.
A este preocupante panorama se suma un hecho que merece una profunda reflexión resulta paradójico que la máxima autoridad del sistema judicial llegue a plantear la posibilidad de una paralización de la administración de justicia como medida de presión para exigir una mayor asignación presupuestaria.
La pregunta que inevitablemente surge es: ¿más presupuesto para qué? La ciudadanía espera que todo incremento de recursos se traduzca en una justicia más pronta, más transparente, más independiente y más eficiente. De lo contrario, el reclamo corre el riesgo de ser percibido como una demanda institucional, desconectada de la necesidad urgente de recuperar la confianza pública. Como reza un conocido adagio popular, se corre el peligro de pasar “de Guatemala a Guatepeor”: destinar más recursos sin corregir las causas estructurales de la crisis solo profundizaría el desencanto ciudadano.
Bolivia necesita una profunda transformación judicial, pero esa transformación debe comenzar por la ética. Ninguna reforma procesal será suficiente si quienes administran justicia no asumen que su primera obligación es con la Constitución, la ley y la verdad.
La justicia no puede ser un privilegio reservado para algunos ni un castigo selectivo para otros. Debe ser imparcial, independiente, transparente y accesible. Solo así recuperará la legitimidad que hoy muchos ciudadanos consideran debilitada.
Superar la justicia cínica significa abandonar la resignación, significa entender que la ley no puede ser un instrumento al servicio del poder, sino la garantía de libertad para todos.
La reforma de la justicia no comienza con más presupuesto, sino con más ética, más independencia, más transparencia y, sobre todo, con resultados concretos para la ciudadanía. Solo cuando la justicia vuelva a ser digna de la confianza del pueblo, la democracia dejará de ser una promesa incumplida para convertirse en una realidad tangible.
Raul Palza Zeballos
Diplomático de carrera y politólogo