Salazar guarda detención; Argollo de la COB aún no fue citado y Nilton Condori retomó sus funciones.
A un mes de la declaratoria del estado de excepción que permitió restablecer la circulación en el país, los principales dirigentes de los bloqueos de mayo y junio, sumaron un nuevo proceso penal. La denuncia fue presentada por el diputado Edgar Zegarra (Libre) y, según el legislador, “ya cuenta con un investigador asignado”.
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Entre los denunciados figuran el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo; el exejecutivo de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, ya recluido preventivamente por otra causa; y el senador suplente Nilton Condori. La demanda menciona los presuntos delitos de organización criminal, homicidio culposo, atentado contra los servicios de transporte y contra la salud pública.
Zegarra sostuvo que las medidas ocasionaron muertes, vulneraron derechos de transportistas y dejaron a los habitantes de La Paz y El Alto “presos en su propia casa”. También calificó la movilización de una “aventura golpista” que buscaba forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Tórrez, confirmó que 335 personas son investigadas en 148 procesos relacionados con los bloqueos de mayo y junio.De ese total, 75 causas fueron iniciadas de oficio y 26 personas ya cumplen detención preventiva. La cifra supera las 250 personas que los dirigentes campesinos denunciaron como “perseguidas”.
El estado de excepción fue declarado el 20 de junio, después de más de siete semanas de protestas y cortes de rutas. El Gobierno calculó que la paralización dejó pérdidas superiores a Bs 14.000 millones, además del desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto.
La Fiscalía aún no citó a Argollo por un caso similar, mientras que Nilton Condori también enfrenta demandas en la Comisión de Ética del Senado. “Nosotros estimamos entregar el informe esta semana”, dijo brevemente el senador José Sánchez Aguilar (Libre) para referirse sobre cuándo presentarán el reporte sobre las denuncias que existen contra Condori, quien reapareció esta semana en el Legislativo tras el receso y las comflictivas semanas marcadas por los bloqueos.
En contacto con los periodistas, evadió las preguntas sobre las consecuencias de los cortes de ruta y cuestionó un decreto del gobierno que eliminó el descuento automático de los salarios de los trabajadores para el aporte sindical en favor de la COB.
Pero, la Confederación de Gremiales estimó que sus afiliados necesitarán entre seis meses y un año para reconstruir capital de trabajo y normalizar ventas, después de reportar pérdidas de más de $us 1.600 millones.
La crisis dejó una agenda normativa. La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz avanza con una ley antibloqueos para proteger la libre transitabilidad, la seguridad alimentaria y otros derechos. Su tratamiento abrirá un debate sobre el límite entre la protesta y la afectación de terceros.
En Cochabamba, la brigada parlamentaria presentó dos propuestas contra los bloqueos. En La Paz, el Concejo Municipal aprobó la Ley de Libre Locomoción y Transitabilidad que aún no fue promulgada. En Beni se aprobó otra normativa similar, en tanto que en el municipio de Rurrenabaque ya tiene una ley.
