“Nosotros hemos ido identificando en estos últimos meses una gran cantidad de registros de poblaciones que recibían uno u otro bono, que en realidad no existían, o cobros dobles», dijo el ministro de Economía de Bolivia
El ministro de Economía José Gabriel Espinoza/APG
Fuente: Brújula Digital
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El ministro de Economía José Gabriel Espinoza denunció irregularidades y hechos de corrupción en el cobro de bonos sociales. Entre los casos detectados, mencionó padres que figuran como tutores de hasta 67 menores de edad por los que recibían pagos.
“Nosotros hemos ido identificando en estos últimos meses una gran cantidad de registros de poblaciones que recibían uno u otro bono, que en realidad no existían, o cobros dobles. Papás que son tutores de 40, 50 o hasta 67 niños. Díganme ustedes dónde han visto un papá de 67 niños, todos ellos en edad escolar”, afirmó este miércoles en la tarde durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trató un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares para planes sociales.
El ministro sostuvo que estas irregularidades formaban parte de una «red de corrupción» que se aprovechaba de recursos que, «hipotéticamente, iban a los más pobres».
Crédito aprobado
Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el crédito de 500 millones de dólares destinado a financiar el programa Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I.
Uno de los tres componentes del financiamiento, por 12,5 millones de dólares, será destinado a la creación de un Registro Social de Hogares para implementar políticas sociales con mayor precisión en la identificación y selección de beneficiarios. Con ese registro se busca evitar las irregularidades denunciadas.
“(Con esto) queremos evitar que en el futuro, este y cualquier gobernó que venga tenga la posibilidad de establecer esos mecanismos de corrupción a título de protección social. Si uno tiene un registro social de hogares pude determinar quiénes son los que necesitan esos recursos y las nuevas transferencias”, aseguró.
Añadió que se busca bancarizar y digitalizar todos los pagos para evitar hechos de corrupción.
Los otros dos componentes del crédito corresponden a la Renta Dignidad, que recibirá 485 millones de dólares mediante el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), y a las evaluaciones y auditorías exigidas por el organismo financiador, para las que se destinarán 2,5 millones de dólares.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados y remitido a la Cámara de Senadores para su tratamiento.
