El Gobierno proyecta reducir el déficit fiscal al 9% del PIB este año, pero especialistas consideran que el ajuste aún es insuficiente y que gran parte del financiamiento podría cubrir otras obligaciones pendientes.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
“Si el Gobierno reduce el déficit fiscal, deja de financiarse con el Banco Central y demuestra un compromiso con el orden de las cuentas públicas, la confianza volverá. Si mantiene un elevado nivel de gasto, el efecto del crédito será limitado”, afirmó el economista Ramiro Cavero.
El Gobierno confirmó que busca un acuerdo con el FMI para respaldar un programa económico que se extendería hasta 2029. Según el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el plan para acceder al financiamiento ya incorpora medidas que fueron recomendadas por el organismo internacional como la eliminación gradual de la subvención a los combustibles y la flexibilización del régimen cambiario, entre otras.
La administración asegura que estas acciones permitieron reducir el déficit proyectado del 12,2% al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) para este 2026 y que serán la base del programa que será evaluado por el FMI.
No obstante, expertos consideran que esos avances aún son insuficientes frente a la magnitud de los desequilibrios fiscales y externos que enfrenta el país.
Cavero sostiene que el recorte anunciado por el Gobierno representa apenas un ajuste moderado. Según los datos oficiales, el déficit de la pasada gestión se situó alrededor del 12,2% del PIB, la actual administración proyecta cerrarlo cerca del 9%. El experto considera que la reducción es insuficiente tomando en cuenta que ya se disminuyó parcialmente la subvención a los combustibles.
El economista Oscar Mario Tomianovic coincide en que el déficit continúa siendo uno de los principales problemas macroeconómicos del país. Según explica, desde 2014 el país registra desequilibrios cercanos al 8% del PIB en promedio, muy por encima de los niveles considerados sostenibles en la mayoría de las economías.
Si bien reconoce que el Gobierno inició un proceso de corrección, sostiene que el desequilibrio de las finanzas públicas sigue siendo “abrumadoramente grande”.
Otro de los aspectos en los que ambos especialistas coinciden es que el nuevo financiamiento enfrentará fuertes presiones desde el momento de su desembolso.
Tomianovic explica que el Estado mantiene importantes obligaciones en moneda extranjera: el servicio de la deuda externa, la importación de combustibles, la devolución de dólares a los ahorristas y otros compromisos financieros.
Por ello considera poco probable que el crédito permita fortalecer significativamente las Reservas Internacionales Netas (RIN), ya que una parte importante de los recursos será absorbida por otras obligaciones.
“No está al alcance del Estado boliviano el fortalecer sus reservas, que debería ser una prioridad, precisamente porque tiene un nivel de gasto muy elevado que hace que todos estos créditos que se estén canalizando rápidamente sean destinados a partidas que previamente ya ejercían una presión sobre las cuentas fiscales”, apuntó.
Cavero sostiene que una parte importante de los recursos debería destinarse a normalizar el sistema financiero, permitiendo que los bancos devuelvan los depósitos en dólares retenidos desde la crisis cambiaria de 2023 y vuelvan a vender divisas al público.
Afirma, que existen alrededor de 2.000 millones de dólares en depósitos que los ahorristas no pueden retirar libremente debido a la escasez de divisas. Liberar esos recursos, señala, contribuiría a recuperar la confianza y, con el tiempo, incentivaría el retorno de dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero. “Lo importante es salir del corralito cambiario”, remarcó.
