Sale a la luz informe de Diputados que investigó la “gasolina basura”, el documento estaba listo desde el 11 de junio


El informe contiene 60 páginas y aborda varias aristas sobre el problema, desde la identificación de responsabilidades en posibles altas autoridades que habrían flexibilizado los controles de calidad para la importación y comercialización de combustibles hasta las posibles irregularidades en los contratos de importación.

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Foto: Opinión

 

Fuente: ANF / La Paz



 

El informe de la comisión especial que investigó la “gasolina basura” y presuntos actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue remitido a los diputados esta semana, pese a que el documento ya estaba listo desde el 11 de junio.

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Tras el escándalo por la gasolina de mala calidad que estaba dañando a cientos de vehículos en el país, el 10 de febrero el diputado Carlos Alarcón solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, la conformación de una comisión especial para investigar esa denuncia colectiva.

La comisión fue conformada por 11 diputados que tenían un plazo de 120 días para realizar esta investigación. En cumplimiento de este plazo, el informe final se remitió al presidente de la Cámara el 11 de junio para que luego pase a su respectivo tratamiento en el Pleno de Diputados.

El diputado Alarcón cuestionó que el documento recién se haya remitido el lunes pasado, luego de las vacaciones legislativas, siendo que ya estaba listo hace más de un mes.

El informe contiene 60 páginas y aborda varias aristas sobre el problema, desde la identificación de responsabilidades en posibles altas autoridades que habrían flexibilizado los controles de calidad para la importación y comercialización de combustibles hasta las posibles irregularidades en los contratos de importación.

Otro de los hallazgos de la comisión es que YPFB comercializó combustibles antes de completar la verificación documental de los certificados de calidad y detectó observaciones en certificados de diésel y gasolina por la ausencia de parámetros técnicos, además de presuntas certificaciones emitidas por empresas sin contratos vigentes.

La Cámara de Diputados tenía agendado debatir el informe en una sesión de esta semana, pero fue postergada.