La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunció este sábado que el Gobierno incumplió un acuerdo suscrito en abril para instalar mesas de diálogo sobre reformas en materia minera, hidrocarburífera y territorial, y advirtió que iniciará movilizaciones nacionales y acciones legales si en un plazo de 15 días no se abre un proceso de negociación.
Fuente: ANF
La organización, que agrupa a 34 naciones indígenas de las tierras bajas, afirmó en un comunicado que el Ejecutivo pretende impulsar cambios normativos que afectan a sus territorios sin garantizar su participación ni el derecho a la consulta previa.
La CIDOB recordó que el 22 de abril entregó al presidente Rodrigo Paz una plataforma de 26 demandas y que, según un acta de acuerdo firmada ese día, el Gobierno se comprometió a instalar mesas técnicas con la organización y sus 15 regionales, abordar de forma prioritaria la reforma minera, hidrocarburífera y de tierras, y mantener un diálogo permanente con los pueblos indígenas.
“Han pasado más de tres meses y ninguna mesa técnica ha sido instalada. El Gobierno incumplió su palabra”, sostiene la organización indígena.
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La institución matriz de los indígenas de las tierras bajas también cuestionó la realización de la Cumbre Nacional Minera, organizada por el Ministerio de Minería, al considerar que ese espacio excluye a los pueblos indígenas y reúne únicamente a empresas y cooperativas mineras.
«No pedimos participar en esa cumbre. Exigimos que cualquier norma que afecte nuestros territorios, aguas, bosques y formas de vida sea producto de espacios de diálogo amplios y legítimos, con participación indígena», señaló la CIDOB.
Asimismo, sostuvo que no aceptará reformas al Código Minero, la Ley de Minerales Estratégicos o la Ley de Hidrocarburos sin su intervención y advirtió que cualquier modificación que facilite la expansión de actividades extractivas, la contaminación con mercurio o la afectación de territorios indígenas constituye un atentado contra la Madre Tierra.
La confederación argumentó que la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas obligan al Estado a realizar consultas previas antes de aprobar medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a esos pueblos.
“No es un favor: es un derecho fundamental y una obligación estatal”, sostuvo.
La organización también exigió la suspensión de cualquier propuesta que surja de la Cumbre Minera hasta que exista un diálogo con los pueblos indígenas, la participación vinculante en la redacción de las nuevas normas del sector extractivo, la protección efectiva de los territorios indígenas y recursos para fortalecer su labor como defensores ambientales.
“Si en 15 días el Gobierno no instala las mesas técnicas acordadas, nos movilizaremos nacionalmente. Nuestras 34 naciones y 15 regionales están en estado de emergencia”, advirtió la CIDOB.
Asimismo, la organización también pidió que las organizaciones sociales, movimientos ambientalistas y a la comunidad internacional respalden sus demandas y solicitó a las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigilen el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado.
JA
