Respuesta. Paola Aguirre afirmó que la Gobernación agotó las gestiones ante el Ministerio de Salud y anunció que recurrirá a la justicia para exigir la protección de los pacientes, mientras reiteró que el pago a las clínicas corresponde al Gobierno nacional.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz
La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, anunció que la Gobernación acudirá a la justicia para defender el derecho a la salud de los pacientes renales afectados por la suspensión de los servicios de hemodiálisis en clínicas y centros médicos tercerizados, luego de que, según indicó, no se obtuvieran respuestas efectivas del Ministerio de Salud a las gestiones realizadas.
Aguirre señaló que, desde el inicio de la gestión, la Gobernación solicitó en reiteradas oportunidades reuniones con la ministra de Salud para abordar la situación del sistema sanitario y especialmente la atención de los pacientes que requieren tratamiento de hemodiálisis; sin embargo, aseguró que los compromisos asumidos no se concretaron.
«Entregué en manos de la ministra de Salud el documento de demanda de atención urgente a los problemas de nuestro sistema. Nos reunimos en presencia de los representantes de Hemodiálisis. Hasta ahora ninguna solución», manifestó Aguirre.
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La vicegobernadora recordó que la Gobernación incluso realizó gestiones tanto en la ciudad de La Paz como en Santa Cruz para sostener reuniones con la autoridad nacional, pero lamentó que no se lograran avances para resolver el problema.
Asimismo, aclaró que el pago que reclaman las clínicas y centros médicos no es una competencia del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, sino del Gobierno nacional.
«Está claro que dentro de las competencias de la Gobernación cruceña no está el pago que las clínicas demandan. El Gobierno nacional es quien debe cancelar. Pero hemos asumido el problema como gestión nuestra y estamos peleando por ellos», afirmó.
Ante la falta de soluciones, Aguirre anunció que la Gobernación iniciará las acciones legales correspondientes para resguardar el derecho a la salud de los pacientes.
«Acudiremos a la justicia porque atentar gravemente contra la salud de pacientes vulnerables es un grave atentado que no tiene justificación», sostuvo.
Finalmente, la vicegobernadora señaló que la crisis evidencia las limitaciones que enfrentan las gobernaciones por la concentración de competencias y recursos en el nivel central, e insistió en la necesidad de encontrar soluciones estructurales que garanticen una atención oportuna a la población.