La víctima, Jenife do Socorro Almeida da Silva, viajo desde Brasil a Santa Cruz para recoger su título de medicina cuando fue asesinada. Su muerte conmocionó a la comunidad brasileña
El fallo fue emitido el 17 de julio y leído oficialmente el 23 de julio de 2026. El adolescente cumplirá la sanción en el Centro de Reintegración Social Fortaleza, descontándose el tiempo que permaneció con detención preventiva. Además, el tribunal ordenó que sea sometido a un programa de justicia restaurativa, con informes trimestrales sobre su proceso de reintegración. La defensa dispone de diez días para presentar una apelación.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la evidencia digital fue determinante para establecer la responsabilidad del acusado. Entre los archivos recuperados de su teléfono se encontraba un video en el que aparece manipulando el brazo sin vida de la víctima y colocándolo sobre su pecho, elemento que reforzó la acusación fiscal y fue incorporado al proceso judicial.
Jenife do Socorro Almeida da Silva, oriunda de Santana, en el estado brasileño de Amapá, fue hallada sin vida el 2 de abril de 2025 en un departamento de la zona norte de Santa Cruz. La autopsia estableció que falleció por asfixia mecánica, motivo por el cual el caso fue investigado como feminicidio.
La víctima había residido durante seis años en Santa Cruz, donde concluyó sus estudios de medicina. Tras regresar a Brasil, volvió a Bolivia para recoger su diploma cuando ocurrió el crimen que conmocionó tanto a Bolivia como a su país de origen.
Según las investigaciones, el adolescente —que tenía 17 años al momento de los hechos— mantenía una relación cercana con Jenife y se presentó voluntariamente ante la Policía después del crimen. En un principio aseguró haber abandonado a la víctima con vida; sin embargo, el análisis de su teléfono celular permitió obtener las pruebas que terminaron sustentando la condena.
El caso provocó una amplia repercusión en Brasil y dio origen al movimiento #JusticiaParaJenife, impulsado por familiares, amigos y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres. La campaña promovió movilizaciones en el estado de Amapá y llevó el caso ante el Congreso brasileño, la Fiscalía de la Mujer, el Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exigiendo justicia y mayor protección para estudiantes brasileños en el exterior, según publicó la red Globo.
La resolución judicial también revive el debate sobre las decisiones adoptadas durante la investigación. En octubre de 2025, una autoridad judicial permitió que el adolescente afrontara el proceso en libertad, una determinación que fue duramente cuestionada por la familia de la víctima y colectivos que reclamaban una sanción ejemplar. Con la sentencia, el proceso judicial entra en una nueva etapa, aunque el fallo aún puede ser apelado por la defensa.
