Durante las últimas décadas, el debate constitucional boliviano ha permanecido atrapado entre dos posiciones igualmente insuficientes. De un lado, quienes consideran que la Constitución de 2009 representa un punto de llegada definitivo e irreformable. Del otro, quienes proponen reformas parciales sin cuestionar las premisas que dieron origen al actual modelo de Estado. Entre ambas posturas existe un amplio espacio para una reflexión más profunda: preguntarse si Bolivia necesita repensar integralmente su organización constitucional.
Toda Constitución responde a una determinada idea de sociedad. La cuestión central no consiste únicamente en determinar qué instituciones crea, sino qué concepción de la persona, de la ciudadanía y del Estado coloca en el centro del orden jurídico. Allí radica, probablemente, el principal desafío del constitucionalismo boliviano contemporáneo.
Una República moderna no puede edificarse sobre la fragmentación de la ciudadanía ni sobre la atribución de funciones públicas a identidades particulares. La diversidad cultural constituye un patrimonio que merece protección y reconocimiento. Sin embargo, la protección de la diversidad no debe traducirse en la creación de órdenes jurídicos paralelos, ciudadanías diferenciadas o espacios de autoridad que debiliten la igualdad ante la ley.
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La unidad del Estado no exige uniformidad cultural. Por el contrario, una auténtica República protege la libertad de todas las personas para conservar, transformar o abandonar sus tradiciones, lenguas y formas de vida. Lo que garantiza esa libertad no es la división del poder público entre grupos identitarios, sino la existencia de una ciudadanía común, de una jurisdicción compartida y de instituciones sometidas a las mismas reglas para todos.
Repensar el constitucionalismo boliviano también implica revisar la forma de gobierno. La excesiva concentración del poder político ha demostrado, durante décadas, su capacidad para erosionar los mecanismos de control institucional. Fortalecer al Parlamento, asegurar la independencia judicial, profesionalizar la administración pública y limitar el poder del Ejecutivo constituyen objetivos compatibles con las mejores tradiciones del constitucionalismo democrático contemporáneo.
La discusión debe extenderse igualmente a la organización territorial del Estado. La descentralización puede fortalecer la democracia cuando acerca las decisiones a los ciudadanos y mejora la gestión pública. No obstante, pierde legitimidad cuando se fundamenta en criterios identitarios que terminan fragmentando el ejercicio de la soberanía y debilitando la igualdad política.
La experiencia comparada demuestra que las democracias más estables son aquellas que logran combinar tres elementos: libertad individual, igualdad jurídica e instituciones sólidas. Ninguno de estos principios resulta incompatible con la riqueza cultural de una nación. Al contrario, solo un Estado imparcial y una ciudadanía común pueden garantizar que todas las expresiones culturales convivan en condiciones de auténtica libertad.
Estas cuestiones no pertenecen exclusivamente al ámbito académico. Forman parte del futuro político e institucional del país. Debatirlas con serenidad, sin consignas ni descalificaciones, constituye una responsabilidad compartida por juristas, universidades, actores políticos y ciudadanos.
Bolivia necesita abrir una conversación constitucional de largo plazo. No para sustituir una visión excluyente por otra, sino para construir un orden político capaz de conciliar libertad, igualdad, pluralismo y estabilidad institucional. Ese debate apenas comienza, pero resulta indispensable si se aspira a una República donde la persona, y no las identidades colectivas, ocupe nuevamente el centro del sistema constitucional.
Mauricio Ochoa Urioste es abogado.