Se registraron conflictos por la mala calidad de los carburantes importados a Bolivia. Foto de archivo (Internet)
El informe de la Comisión Especial de Diputados develó cómo llegó la gasolina “desestabilizada” hasta los surtidores del país, en el marco de una ausencia crítica de controles de calidad. En el documento se señala que hubo una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas que permitieron la internación de combustible defectuoso.
El documento establece las presuntas responsabilidades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), de exministros de Hidrocarburos, de exdirectores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y del expresidente Luis Arce. La comisión recomendó remitir los antecedentes a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público.
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“El ingreso, internación y posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”, se lee en la parte conclusiva del reporte.
En el documento se establece que las causas de raíz del ingreso de combustible fuera de norma son: 1) desmantelamiento del filtro de homologación obligatoria; 2) omisión de fiscalización en importaciones urgentes; y 3) falta de infraestructura.
Respecto al “Desmantelamiento del filtro de homologación obligatoria”, el informe señala que la puesta en vigencia de los Decretos Supremos 5218 (emitido en septiembre de 2024) y 5313 (emitido en enero de 2025) “eliminó el candado técnico-legal” de la homologación previa por IBNORCA.
“Al permitir la importación basándose únicamente en simples informes de ensayo o certificados de origen sin validar en el país, el Estado renunció a la garantía de que el producto químico extranjero fuese apto y estable para el contexto nacional”, indica el informe.
Al respecto, el documento establece la presunta responsabilidad del expresidente Luis Arce Catacora, de los exministros de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli “y otros, considerando como gestión inicial el 2024”. (Sin embargo, ambos decretos fueron emitidos durante la gestión de Arce y ninguno de los dos fue suscrito por el presidente Rodrigo Paz ni por Medinaceli).
Sobre la “Omisión de fiscalización en importaciones urgentes”, el reporte concluye que la ANH “priorizó el abastecimiento continuo sobre los controles de calidad y la seguridad técnica”, emitiendo resoluciones de importación urgente a favor de YPFB, “prescindiendo de los requisitos mínimos de calidad en el momento de la internación (abril-junio de 2025), omitiendo de manera posterior el seguimiento para exigir dicha documentación”.
El documento establece la presunta responsabilidad de los exdirectores de la ANH Germán Jiménez, Joel Callaú Justiniano, Margot Ayala “y otros”; además de la supuesta responsabilidad de la Dirección General de Regulación de Comercialización y Redes de Gas Natural y de la Dirección de Regulación de Derechos.
Acerca de la “Falta de infraestructura”, el informe señala que el ente regulador (ANH) redujo sus exigencias al “análisis básico”, que solo sirve como un control de tránsito inmediato, pero ignora la química de la degradación del combustible (estabilidad a la oxidación y gomas existentes). “Esto impidió detectar que el combustible importado se descomponía rápidamente antes de llegar al consumidor”, señala el informe.
El documento establece la presunta responsabilidad de la Dirección de Distritos Técnicos, de la Dirección de Biocombustibles y de la Dirección Administrativa Financiera.
Por la “Internación del producto inestable”, el informe establece la presunta responsabilidad de YPFB (expresidentes de la estatal Armin Dorgathen, Yussef Akly y otros), “por haber introducido al territorio nacional lotes de combustibles base sin las especificaciones completas de estabilidad química exigidas originalmente para salvaguardar el parque automotor boliviano, amparándose en resoluciones de excepción por ‘urgencia’”.
Cinco tanques
El reporte da cuenta de que uno de los protocolos que se rompió para la comercialización de la denominada “gasolina basura” fue no estabilizar cinco tanques de almacenamiento, luego de que se emitiera una resolución.
“Desprecintado: La ANH había ordenado el precintado de 5 tanques observados por presuntamente contener gasolina desestabilizada. Sin embargo, el Ministerio de Hidrocarburos, a través de la Resolución Ministerial N° 041/2016, de fecha 03 de marzo de 2026, determinó otorgar una autorización excepcional y específica para desprecintar los tanques de gasolina que requieran tratamiento de estabilización previa a la comercialización y cumplimiento del DS 4718, con la finalidad de garantizar la continuidad del abastecimiento del mercado interno como servicio público”, señala el informe.
Otra irregularidad hallada por la Comisión es que YPFB no contaba con personal calificado. En ese sentido, el documento menciona que un electricista desempeñaba funciones correspondientes a un ingeniero químico.
“Se constató mediante la declaración del ministerio que el personal técnico de YPFB encargado de los controles carecía de la especialidad requerida; el funcionario asignado era electricista y no ingeniero químico. Al respecto, se iniciarán las acciones legales correspondientes”, afirma.
Además, se señala que los controles se realizaban “a ojo”, ya que los responsables “se limitaban a una revisión estrictamente documental y visual (verificando únicamente el color y el aspecto para asumir que era gasolina)”. También se observó la ausencia de análisis de laboratorio obligatorios para verificar el contenido de manganeso y goma.
Ante estos hallazgos, la Comisión recomendó a la Contraloría realizar una auditoría y al Ministerio Público actuar de acuerdo con sus atribuciones si confirma los indicios detectados por la investigación legislativa.
