«Gracias a Dios, hemos salido absueltos. Han sido casi cuatro años de tormentos», afirmó el expresidente de la Juventud Yungueña, quien señaló que la decisión judicial confirma lo que su defensa sostuvo desde el inicio del proceso. «El juez ha establecido que no existían pruebas suficientes para una sentencia condenatoria», afirmó, al indicar que ahora espera cerrar definitivamente este capítulo de su vida.
Fuente: ANF / La Paz
La justicia dictó sentencia absolutoria a favor del expresidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, poniendo fin a un proceso penal que se extendió por casi cuatro años. La decisión fue emitida el miércoles por el Juzgado Sexto de Sentencia en lo Penal, tras una audiencia virtual que se prolongó por más de cuatro horas. Tanto Uría como su abogado defensor, Jorge Valda, sostuvieron que el fallo confirma que nunca existieron pruebas suficientes para sustentar una condena.
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Uría informó que el tribunal declaró su absolución al concluir la etapa de juicio y precisó que el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno disponen de un plazo de 15 días para presentar una apelación. Al conocer el veredicto expresó su alivio tras un proceso que calificó como una etapa de sufrimiento.
«Gracias a Dios, hemos salido absueltos. Han sido casi cuatro años de tormentos», afirmó Uría a ANF.
El expresidente de la Juventud Yungueña sostuvo que la decisión judicial confirma lo que su defensa sostuvo desde el inicio del proceso. «El juez ha establecido que no existían pruebas suficientes para una sentencia condenatoria», señaló, al indicar que ahora espera cerrar definitivamente este capítulo de su vida.
Por su parte, el abogado Jorge Valda afirmó que la sentencia demuestra que la acusación nunca tuvo respaldo probatorio. Explicó que durante la audiencia el Ministerio Público presentó cuatro declarantes, pero ninguno vinculó a Uría con los hechos investigados.
«El Ministerio Público no presentó un solo testigo. Fueron cuatro personas a declarar, pero ninguna declaró contra Raúl Uría; al contrario, todos manifestaron no conocerlo», sostuvo el jurista en declaraciones a ANF.
Valda añadió que, pese a la ausencia de elementos incriminatorios, tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobierno solicitaron una condena de 15 años de prisión.
«El Ministerio de Gobierno continuó con el libreto del montaje generado por el Ministerio de Gobierno de Eduardo del Castillo. El Ministerio de Gobierno actual igual pidió sentencia condenatoria de 15 años de cárcel para una persona inocente», afirmó.
La defensa recordó que el proceso comenzó tras la aprehensión de Uría el 9 de septiembre de 2022 y reiteró que el caso respondió a una persecución política. Según Valda, su defendido permaneció dos años en el penal de San Pedro y posteriormente cumplió detención domiciliaria sin autorización para trabajar, situación que agravó el impacto económico y familiar del proceso.
Durante el juicio, Uría recordó las consecuencias de esa restricción. «El haberme negado el derecho al trabajo ha sido como negarme el derecho a comer o alimentar a mi familia», expresó, según relató su abogado.
El exdirigente señaló que durante casi cuatro años no pudo desarrollar una vida normal ni retomar sus actividades laborales.
Tras conocer el fallo, Uría agradeció el respaldo de su entorno familiar y de su equipo jurídico.
«Quiero agradecer a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos y a mis abogados Jorge Valda, Carmen Arista y Rocío Zuca, quienes me defendieron de manera ad honorem en defensa de los derechos humanos», manifestó.
Respecto a una eventual demanda por los daños ocasionados durante el proceso, Uría indicó que esa decisión será asumida por sus abogados.
«Eso ya lo definirá el doctor Jorge Valda con el equipo jurídico; ellos determinarán los pasos que correspondan», señaló.
El caso de Raúl Uría ha sido mencionado por su defensa y por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo de las denuncias sobre presuntas vulneraciones de garantías fundamentales durante procesos penales en Bolivia.
Entre los principales cuestionamientos figura el uso prolongado de la detención preventiva sin una sentencia condenatoria ejecutoriada, aspecto que, según la defensa, afectó el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.
Asimismo, se denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el debido proceso y el derecho a la defensa, entre ellas supuestas restricciones para ejercer una defensa efectiva y decisiones que, a criterio de los abogados, carecieron de la debida fundamentación.
