La información fue ratificada por Aquilardo Caricari, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba. Esta decisión es rechazada por el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, quien observó que el gobernador Leonardo Loza sea dirigente de Chimoré, y en ese su rol debería interponer su condición de autoridad para que no se asuman esas medidas que vulneran derechos., puntualizó
Fuente: ANF / La Paz
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Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, también es ejecutivo de la Federación de Chimoré donde sus afiliados resolvieron que los excandidatos que participaron en las elecciones con otros partidos políticos opositores deben vender sus chacos, es decir sus tierras, en 90 días.
La información fue ratificada por Aquilardo Caricari, dirigente de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y de la Federación Carrasco del Trópico de Cochabamba. Además, informó que Loza fue ratificado como ejecutivo de la Federación de Chimoré.
“Efectivamente, en la Comisión Orgánica de la Federación Chimoré se ha resuelto esta decisión de sancionar o recomendar a aquellos que siendo miembros de esta federación hayan participado de las elecciones con diferentes siglas que no sean las definidas”, sostuvo Caricari en entrevista en el programa Sin Concesiones de radio Fides.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, Edwin Claros, observó que el gobernador Leonardo Loza sea dirigente de Chimoré, en ese su rol lo que debería hacer es interponer su condición de autoridad para que no se asuman esas medidas que vulneran derechos.
“Me entero que el gobernador Loza es dirigente de Chimoré él debería interponer sus buenos oficios para que democráticamente se pueda viabilizar que la gente que piensa diferente tenga cabida en el trópico”, declaró.
Loza durante su posesión juró cumplir la Constitución y las leyes, el artículo 21 y 26 garantiza los derechos políticos y civiles, asimismo, las personas tienen derecho a la propiedad privada y esta debe ser precautelada por el Estado.
El dirigente Caricari justificó la decisión de los afiliados bajo el argumento que ellos conocen y están conscientes que si ingresan a una organización sindical deben acatar las decisiones que se asumen por mayoría.
En consecuencia, esta decisión de la Federación de Chimoré fue parte del debate en un congreso orgánico donde aprobaron esa resolución. “Si deciden afiliarse entienden que deben cumplir los estatutos y decisiones de los congreso dentro de la estructura”.
Afiliados a las organizaciones sindicales del Trópico de Cochabamba participaron de los últimos procesos electorales como candidatos de otras organizaciones políticas opositoras, lo que se entiende como un acto de “traición”.
«No estamos confiscando ni despojando de la propiedad de los afiliados», sostuvo Caricari. Señaló que los ciudadanos no están obligados a pertenecer a las organizaciones sindicales, por lo tanto si no pertenecen no van a tener que cumplir las resoluciones.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Edwin Claros, calificó como un exabrupto la decisión que asumieron en dicha federación porque “vivimos en un Estado democrático” y vulnera la Constitución Política del Estado y las leyes, vulnerándose los derechos de las personas.
“Es un error, se afecta los derechos políticos y el derecho a la propiedad”, sostuvo porque se están «tomando decisiones más allá de lo que dice la Constitución y los derechos humanos».
Observó que las personas sean sancionadas por pensar diferente, por haber sido candidatos de otras fuerzas políticas diferentes a las que se deciden de manera orgánica.
