El analista en seguridad y criminología afirmó que las estructuras criminales ya no están solo de paso por Bolivia, sino que se instalaron en regiones estratégicas y extendieron su influencia hacia instituciones públicas, autoridades locales y actividades económicas ilícitas.
Juan Marcelo Gonzáles
Fuente: Red UNO
El abogado penalista y analista en seguridad y criminología Cristian Sánchez advirtió que el crimen organizado en Bolivia ha alcanzado niveles de penetración que van más allá de la corrupción policial. Según su análisis, estas estructuras también buscan colocar autoridades locales, comunales, sindicales y operadores judiciales para garantizar impunidad y sostener sus negocios ilegales.
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“La estructura criminal no solamente corrompe policías, no solamente gestiona relaciones clientelares con malos fiscales, con malos jueces. También pone concejales, también pone alcaldes, también coloca autoridades comunales, también coloca autoridades sindicales”, afirmó Sánchez.
El especialista sostuvo que estas redes también se vinculan con otros rubros ilegales o irregulares, como el oro, la minería ilegal y actividades relacionadas al narcotráfico.
Santa Cruz como punto estratégico
Sánchez indicó que el crimen organizado internacional ya no utiliza Bolivia solo como un lugar de paso, sino que se ha establecido principalmente en Santa Cruz, por considerarla una zona que le permite operar con seguridad, acceso a recursos ilícitos e impunidad.
“Santa Cruz se ha convertido en un hub del narcotráfico internacional y de la expansión de los negocios vinculados precisamente a este rubro”, señaló.
A criterio del analista, esta realidad era evidente desde hace varios años, pero recién ahora comienza a ser reconocida públicamente por autoridades nacionales.
Violencia como demostración de poder
El experto relacionó los hechos recientes de sicariato, asesinatos violentos y ataques contra policías con pugnas internas entre organizaciones criminales por el control de rutas, liderazgos regionales y redes de corrupción.
Según explicó, la violencia extrema es una forma de mensaje y demostración de poder por parte de las estructuras vinculadas al narcotráfico.
“Una de las formas de expresión del narcotráfico como estructura empresarial es el uso excesivo de la violencia”, sostuvo.
Sánchez advirtió que, si el Estado intenta investigar o afectar los bienes de estas organizaciones sin una estrategia integral, los grupos criminales pueden responder con ataques directos contra policías, jueces, investigadores e incluso periodistas.
Críticas al sistema judicial
El analista sostuvo que la crisis no puede explicarse solo desde la institución policial. Afirmó que también existe responsabilidad en el sistema de administración de justicia, donde algunos operadores judiciales, según dijo, terminan dando apariencia de legalidad a hechos vinculados al narcotráfico.
Cuestionó que varios investigados sean enviados por poco tiempo a la cárcel y luego obtengan beneficios, además de la devolución de bienes, recursos y propiedades.
“Les devuelven la plata, les devuelven las propiedades, les devuelven el dinero, les devuelven la capacidad operativa para seguir multiplicando su actividad criminal”, afirmó.
Policía en desventaja
Sánchez señaló que la Policía se encuentra en desventaja frente a las organizaciones criminales por falta de capacidades operativas, logísticas, tecnológicas y de investigación.
A su criterio, durante años se descuidó el fortalecimiento institucional y se priorizó un rol represivo político, dejando de lado la prevención, la lucha contra el narcotráfico y el control territorial.
“El crimen organizado está haciendo arrodillar al Estado”, advirtió.
Fuente: Red UNO
