A un año del Bicentenario, Sucre Capital de la República de Bolivia coordina interinstitucionalmente con las instancias del Ejecutivo para recibir a los tres órganos del Estado que tienen su sede en La Paz: Ejecutivo, Asamblea Legislativa Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral, a estos órganos se sumarán: El Órgano judicial ordinario, Tribunal Constitucional Plurinacional, Fiscalía General, Procurador General y el Defensor del Pueblo, para conmemorar los 201 Años de su independencia proclamada el 6 de agosto de 1825, celebración histórica y de profundo pundonor cívico que atrae también a los nueve Gobernadores democráticos y Alcaldes del país de sus principales capitales, equipos consulares y el cuerpo diplomático en Bolivia.
Se prevé que el presidente Rodrigo Paz en sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha instalarse en la Casa de la Libertad el 6 de agosto, emitirá su discurso central, en que se anticipa que brindará un informe sobre economía, una agenda de prosperidad, el modelo 50-50, la reforma de leyes de hidrocarburos, Minería, Tributos y el empuje de la transformación del nuevo Estado con progreso y desarrollo productivo.
Su compromiso de estabilizar la economía, bajar el déficit fiscal, reducir el gasto público, dotar de carburantes limpios en volúmenes de barriles suficientes que exige el transporte y motorizado boliviano, garantizar el gas domiciliario, inversión en infraestructura caminera, puertos internacionales, incremento a las exportaciones de productos nacionales y otros temas de interés, causan expectativa sobre la base de una ruta estratégica de políticas nacionales a corto y mediano plazo, al entender que los nueve meses de despliegue configuran el diagnóstico cabal a la crisis y las consecuencias de los 53 días de bloqueo irracional por segmentos que deben responder al país por los daños económicos causados.
La corrupción y la lucha frontal contra los corruptos y corruptores que se mantienen en las estructuras del Estado, que por intereses políticos durante años de cancelación y control fiscal han construido la cultural del enriquecimiento ilícito, tarifario de cargos, promociones con aranceles fluctuantes y consorcios de jueces, fiscales y abogados contra toda norma ética, la ley y los principios de la Constitución, es un problema yugular a ser enfocado por el dignatario de Estado, Paz Pereira, generando los programas psico sociales, educativos y preventivos desde los establecimientos educativos en todos sus niveles públicos y privados y, desde luego, en entidades estatales que han sido perforadas por prácticas malignas y censurables.
Un tema clave que seguramente será desarrollado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, el 6 de agosto a horas 10:00 en la ALP, será la reclamada “Reforma judicial”, para contar con jueces éticos y probos que emerjan de una -comisión nacional de juristas independientes-; fiscales íntegros que apliquen la ley penal por igual a todos sin criterios de selectividad; defensores públicos de la Niñez y Adolescencia seleccionados con estándares mínimos de protección a las víctimas; la necesidad de incorporar un -órgano ejecutor de resoluciones judiciales ordinarias y constitucionales- (omitidas, incumplidas, observadas, reclamadas en instancias máximas y sin efectos ejecutorios).
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La dirección y finalidad que adopte la política de la reforma judicial asumida desde los órganos con representación política, cuya protección no será otra que fortalecer la independencia de jueces y fiscales y, subsecuentemente, los derechos y libertades de los bolivianos, debe incluir como índice -de prioridad el 5% del presupuesto para el Órgano judicial-, no para sueldos, ni para viajes, ni menos para jornadas nacionales improductivas, sino para: incrementar el acceso a la justicia en su dimensión transversal, cubrir el servicio de justicia donde los municipios
superan más de 10.000 habitantes, dotación de infraestructura, sistemas de tecnología e informática; desarrollo de programas de capacitación permanente de jueces y fiscales, evaluaciones periódicas a servidores de justicia para estimular promociones y ascensos en la carrera judicial y fiscal, auditorías judiciales a despachos, entre otras tareas de urgencia, que permitan recuperar la confianza y elevar la imagen de transparencia de la justicia boliviana en el contexto regional y global.
Como todos los Estados tienen la posibilidad de establecer normas en atención a la naturaleza, gravedad y duración de las frecuencias y consecuencias de las infracciones a la ley y la vulneración de los derechos de la propiedad privada individual o colectiva, como establece el art. 56 de la Constitución Política del Estado, en paralelo, en la medida en que las autoridades judiciales han tomado conocimiento de -avasallamientos por grupos armados violentos y encapuchados- y han determinado el desalojo, el Estado debe pronunciarse y que mejor sea en el discurso informe, a fin de reforzar la tutela judicial efectiva a la propiedad con los órganos de la policía y en su caso con la cooperación del ejército, allí en los espacios geográficos donde la lesividad del crimen organizado y el negocio de tierras se ha tornado frecuente, sin respetar el derecho propietario, saneamiento de la propiedad, pagos de impuestos, productividad alimentaria nacional y exportación legal de productos. Son más de 70 propiedades que han sido avasalladas por grupos criminales sin que hasta la fecha se hayan restituido a sus propietarios, por las amenazas de muerte que reciben los familiares: Santa Rita, el Vallecito, Yabaré en Santa Cruz, y Tamborada e Incachaca en Cochabamba se citan entre otras.
El presidente Rodrigo Paz, el viernes 31 de julio durante el acto de 74 Aniversario del Colegio Militar de Aviación en Santa Cruz, dijo que Bolivia atraviesa una “nueva etapa en su historia” y planteó una transformación de las Fuerzas Armadas, basada en la meritocracia y la modernización tecnológica, para fortalecer las capacidades de las entidades castrenses. Afirmó que las Fuerzas Armadas no pertenecen a un partido, gobierno ni ideología, pertenecen a Bolivia, a su democracia y a su Constitución (Arts. 244 y 245 CPE).
En la lucha contra el narcotráfico, enfatizó la necesidad urgente de actualizar las capacidades militares frente a los nuevos desafíos de seguridad, como el resguardo estratégico del espacio terrestre, aéreo y de fronteras y la lucha contra el crimen organizado. Remarcó con decisión y convicción que debemos afrontar el crimen organizado transnacional y las actividades ilícitas que amenazan nuestra seguridad; debemos defendernos contra el fenómeno del narcotráfico, ese narco terrorismo que en los últimos meses y semana no solo hace zozobra de la democracia, sino de la Constitución que se vuelve un peligro hemisférico de nuestras democracias.
Se puede calificar que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ha anunciado los temas centrales que comprenderá su discurso informe y, varios de los apuntados para su materialización, dependen de los líderes y fuerzas políticas de la ALP, de los acuerdos y pactos al más alto nivel y sinceramiento, quien sabe aplicando la purga de los implantes de la corrupción institucional visibles en niveles jerárquicos del Estado, el cierre de empresas deficitarias, reducción del gasto público y cero tolerancia al nepotismo, prebendalismo y lucha frontal contra el narcoterrorismo con cooperación de las policías federal de Brasil, Chile y Paraguay en el intercambio de información. De otro lado, hay necesidad de preparar a la policía, dotar de medios tecnológicos para el intercambio de información del crimen transnacional y armas modernas como tienen las células de los carteles del narcotráfico. Una política de control migratorio se deja esperar, así como una política pública de seguridad y detección temprana del crimen organizado.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha reconocido “el incremento de la criminalidad por narcotráfico y la ola de crímenes en menos de 48 horas en el Departamento de Santa Cruz”. La muerte del Sbtte., Jerson Salazar, que fue hallado el sábado a un kilómetro de una autopista clandestina descubierta durante un operativo policial ejecutado en la zona de Ascensión de la Frontera, camino a San Matías; dos personas decapitadas en Yapacaní y otras cuatro ejecutadas a balas, muestran el terror y la inseguridad jurídica en fronteras y dentro del territorio de Bolivia, por lo que considera que es importante reforzar la seguridad en fronteras, equipar y fortalecer la inteligencia policial y coordinar el flujo de información con sus pares de Brasil y Chile. El ministro de Gobierno aseguró que las investigaciones continuarán hasta dar con los autores.
La reunión de Gobernadores con el presidente Rodrigo Paz fijada para el 5 de agosto, decidirá el contenido, alcance y procedimiento de participación del 50-50 de los recursos económicos nacionales a distribuirse, que será impulsado por el presidente, puesto que, desde los municipios y gobernaciones autónomos, se ejecutan los programas y proyectos de desarrollo de cada región utilizando los procedimientos y formatos legales normalizados en función de sus necesidades y sistemas de control material y digital. Las comunidades indígenas se incluyen dentro del modelo propuesto. Se espera que al final del día salga humo blanco.
Nelson Mandela premio Nobel de La Paz en 1993 dijo: “Cuando se escriba la historia de nuestro tiempo, ¿Seremos recordados por haber hecho lo correcto o por haber dado la espalda a una crisis global?
Felicidades Bolivia con libertad y autonomía profunda, Dios, multiplique sus bendiciones a todas las familias del país.
Pedro Gareca Perales