En los últimos días, la Justicia ha beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva a los dos principales acusados en el caso Maletas, que hasta el momento no ha sido resuelto por las autoridades.
Fuente: Unitel
La Justicia benefició en los últimos días con medidas sustitutivas a la detención preventiva a los dos principales acusados del caso Maletas, un proceso que hasta ahora no ha sido esclarecido por las autoridades.
La exdiputada Laura Rojas fue la última en recibir el beneficio con un arresto domiciliario, una fianza de 50.000 bolivianos y sin escolta policial.
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Similar decisión asumió un juzgado para el exjuez Hebert Zeballos, dueño del galpón al que fueron trasladadas las 31 maletas que Rojas ingresó tras su arribo de Estados Unidos en un vuelo charter.
El analista político Gonzalo Mendieta explicó que las medidas cautelares de detención se establecen si hay posibilidad de obstaculización del proceso o peligro de fuga, pero que este en un asunto “en el que casi estamos obligados a conjeturar qué ha pasado” puesto que “uno termina imaginando desde lo peor hasta lo más inocente”.
El analista cuestionó que ni el Gobierno ni la Fiscalía den una explicación de fondo sobre lo ocurrido en este caso y las decisiones judiciales.
“Me llama la atención que nadie se ocupe de absolver y de tener una explicación de fondo sobre lo que ha pasado para que después podamos hacernos todos un juicio respecto si estas medidas proceden o no. El que las autoridades asuman que no es necesaria una explicación a fondo nos lleva a todos a conjeturar mil y una cosas”, afirmó.
El analista vinculó el caso con un problema más profundo de la justicia boliviana. Recordó que incluso un juez que estaba en funciones al momento de la denuncia fue implicado en un caso de sustancias controladas.
“En el país nos hemos acostumbrado a que la detención sea más o menos como la definición de si alguien es culpable o no. Eso obedece a una cierta idiosincrasia judicial en Bolivia”, explicó.
Sobre una posible reforma judicial, Mendieta fue pesimista al señalar que esta no es una ley sino “un emprendimiento que requiere de muchas personas que ingresen al poder judicial bajo la tónica de alguien que tenga una idea y que goce de una veda de interferencia política”.
