El Servicio de Alguaciles alertó a un juez federal que el narcotraficante uruguayo podría ser expulsado del centro de detención de Alexandria y enviado a una cárcel de máxima seguridad si se obliga a la prisión a autorizar reuniones privadas con su abogado uruguayo, Santiago Moratorio.
Fuente: El Deber
Sebastián Marset podría terminar recluido en un penal federal de máxima seguridad en Estados Unidos como consecuencia de una disputa judicial iniciada por su propia defensa. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) advirtió a un tribunal federal que el narcotraficante uruguayo podría ser expulsado del centro de detención de Alexandria, en Virginia, si la Justicia ordena flexibilizar los protocolos de seguridad para permitir reuniones privadas con su abogado uruguayo, Santiago Moratorio.
La advertencia fue presentada ante el juez Rossie Alston Jr., que dirige el proceso penal contra Marset, luego de que su equipo de abogados solicitara que Moratorio pueda entrevistarse de manera confidencial con su cliente para preparar la estrategia de defensa antes del juicio previsto para el 11 de enero de 2027 en Virginia.
El conflicto comenzó el pasado 21 de julio, cuando los abogados estadounidenses de Marset solicitaron al tribunal que autorizara reuniones presenciales reservadas entre el acusado y Moratorio, quien lo representa desde hace seis años en procesos abiertos en Uruguay, Bolivia y Paraguay.
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En una declaración jurada presentada ante la Corte, el abogado sostuvo que actualmente le resulta imposible ejercer una defensa efectiva debido a que todas las llamadas telefónicas realizadas desde la cárcel son grabadas y la correspondencia escrita es revisada por las autoridades penitenciarias.
Según la defensa, la confidencialidad es indispensable para coordinar la estrategia jurídica internacional y analizar las consecuencias que el juicio en Estados Unidos podría tener sobre los procesos penales que Marset enfrenta en otros países, entre ellos Bolivia y Paraguay.
En una anterior presentación judicial, los abogados estadounidenses del uruguayo calificaron ese encuentro como «imperativo», argumentando que la complejidad del caso exige una coordinación permanente entre los distintos equipos de defensa.
Alguaciles amenazan con expulsar a Marset
El Servicio de Alguaciles rechazó el planteamiento y aclaró que Moratorio no tiene prohibido visitar a Marset en la cárcel de Alexandria. Sin embargo, precisó que no puede acceder al beneficio de las reuniones confidenciales abogado-cliente porque no está acreditado para ejercer la defensa dentro del sistema judicial estadounidense.
Las autoridades señalaron que esa prerrogativa está reservada únicamente para abogados autorizados en Estados Unidos y que modificar ese procedimiento implicaría vulnerar los protocolos de seguridad del establecimiento penitenciario.
En el documento remitido al tribunal, el organismo explicó además que el centro de detención de Alexandria no pertenece al sistema penitenciario federal, sino que funciona bajo un contrato de cooperación con el Gobierno estadounidense.
Por ello, advirtió que si una orden judicial obliga a la prisión a incumplir sus reglamentos internos para permitir reuniones privadas con un abogado extranjero, el establecimiento podría rescindir ese convenio y dejar de alojar a Marset.
De concretarse ese escenario, el narcotraficante sería trasladado a un presidio federal de máxima seguridad ubicado en otra región del país, donde las condiciones de reclusión son considerablemente más estrictas.
Según el escrito de los alguaciles, ese eventual traslado implicaría mayores restricciones para las comunicaciones, un régimen de seguridad más severo y una ubicación mucho más alejada del tribunal federal donde será juzgado.
La defensa sostiene que esa posibilidad coloca a Marset en una situación compleja: si insiste en obtener reuniones confidenciales con su abogado uruguayo y el juez acepta el pedido, podría terminar recluido en un establecimiento de máxima seguridad; si desiste de la solicitud, deberá continuar comunicándose mediante canales monitoreados por las autoridades estadounidenses.
Por ahora, el tribunal federal aún no emitió una resolución sobre la solicitud presentada por la defensa.
La decisión que adopte el juez definirá si Marset permanece en el centro de detención de Alexandria bajo el actual régimen de seguridad o si, como advirtieron los alguaciles estadounidenses, termina siendo trasladado a una prisión federal de máxima seguridad, una medida que podría complicar aún más la coordinación de su defensa de cara al juicio por narcoterrorismo que enfrentará en Estados Unidos.
Además del proceso estadounidense, Marset continúa siendo investigado en Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, organización criminal y tráfico de armas, entre otros, lo que convierte la coordinación entre sus distintos equipos jurídicos en uno de los principales argumentos de su defensa para solicitar reuniones privadas.