En febrero de 2026 escribí que Bolivia había entrado a su Bicentenario con un Estado en terapia intensiva: enfermo de diseño institucional, atrapado en una Constitución económica que asfixia el futuro y sostenido por una justicia que dejó de ser contrapoder para convertirse en actor político. Hoy, 4 de agosto, con el año del Bicentenario a punto de concluir, Bolivia parece haber salido de la fase más crítica de los bloqueos, pero no de la crisis que los originó. El estado de excepción decretado el 20 de junio logró desmantelar la mayoría de los más de 90 puntos de bloqueo que paralizaron el país durante más de 50 días, pero se mantiene vigente aun sin piquetes activos y convive con una orden de detención contra Evo Morales por terrorismo y alzamiento armado que amenaza con volver a alterar las calles. A ello se suma, este lunes 3 de agosto, un nuevo ajuste del gabinete de Rodrigo Paz —con cambio de canciller y de ministro de la Presidencia, más la eliminación de dos carteras (Planificación y Turismo)— que refleja tensiones internas y la necesidad de mostrar un equipo renovado justo cuando debe anunciar un paquete de reformas para afrontar la crisis económica. El Bicentenario, que pudo ser el momento para ordenar la casa, se despide con un país que se pregunta no solo quién debe gobernar, sino si su Estado —tal como está diseñado— sigue siendo viable.
Un experimento constitucional que salió mal
La Constitución de 2009 fue presentada como una refundación audaz. Proclamó el Estado Plurinacional, prometió autonomías robustas, innovó con la elección popular de magistrados y colocó al Estado en el centro de un modelo económico que aspiraba a combinar soberanía con desarrollo. Era, en el discurso, la superación de la democracia delegativa y de la justicia elitista; en la práctica, se fue transformando en un sistema de poder concentrado, con contrapesos debilitados y con una justicia crecientemente politizada.
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Diecisiete años después, las promesas muestran sus límites. El Estado autonómico es, en lo esencial, un centralismo fiscal que decide desde La Paz y administra la discrecionalidad tributaria y presupuestaria como herramienta política. La justicia “del pueblo” se convirtió en justicia partidaria, en tanto la elección popular de magistrados descansa sobre preselecciones parlamentarias hechas por acuerdos cupulares y campañas sin contenido, más que sobre méritos, trayectoria o independencia. La Constitución económica, diseñada para blindar la soberanía frente al capital extranjero, bloqueó el acceso a arbitrajes neutrales y elevó la prima de riesgo de invertir en un país donde la independencia judicial es, en el mejor de los casos, discutible.
Lo que hoy vemos no es una simple mala administración de un buen diseño; es el resultado de una arquitectura institucional que apostó por plebiscitar funciones que requerían técnica, por concentrar poder sin reforzar controles y por sacrificar seguridad jurídica en nombre de una soberanía que, en los hechos, se expresa más en discurso que en capacidad de decisión real.
Rodrigo Paz ante un Estado enfermo
En noviembre de 2025, Rodrigo Paz asumió la Presidencia en medio de una transición compleja: el ciclo de predominio del MAS había dejado un sistema político fragmentado, sin actores hegemónicos capaces de ordenar el tablero, y una ciudadanía hastiada de la polarización permanente. El nuevo gobierno recibió un Estado enfermo y un contrato social erosionado; lo que hizo (y lo que dejó de hacer) con ese legado explica buena parte de la crisis de 2026.
Sus primeros meses estuvieron marcados por ajustes económicos impopulares, como recortes de subvenciones y aumentos de combustibles, que golpearon a sectores ya vulnerables y se leyeron, por amplias capas sociales, como una traición a las expectativas de cambio. La conformación de un gabinete con fuerte presencia empresarial y figuras asociadas al ciclo neoliberal, sin representación significativa de liderazgos sociales, alimentó la percepción de un gobierno distante de las demandas populares. La politóloga Susana Bejarano lo resumió con claridad: la crisis actual es el resultado de errores que comenzaron el día de la posesión, con gestos que invisibilizaron la simbología indígena y con un equipo sin puentes hacia los movimientos sociales.
A la fecha, el gabinete de Paz acumula seis cambios por destituciones y renuncias —entre ellos los ministros de Justicia, Hidrocarburos, Trabajo, Defensa, Educación y Turismo— y, este 3 de agosto, dos relevos adicionales (canciller y ministro de la Presidencia) más la fusión y cierre de dos carteras en el marco de un plan de austeridad que reduce el número de ministerios a 12. Estos movimientos reflejan un Ejecutivo sin rumbo claro y sin una estrategia sostenida de reformas institucionales y económicas, en medio de tensiones con su principal aliado político y de la necesidad de anunciar pronto un paquete de reformas para enfrentar la crisis.
Paz ha apostado por el diálogo como narrativa —“la única forma de ganar no va a ser a bala”, dijo en CNN— pero ese discurso convive con la promulgación de una ley que regula los estados de excepción, con la autorización parlamentaria para el despliegue militar en desbloqueos y, finalmente, con el decreto de estado de excepción en todo el país por 90 días. El resultado es un gobierno que habla de diálogo pero gobierna bajo un régimen de excepcionalidad que, en la práctica, otorga a las fuerzas de seguridad un margen ampliado de actuación.
No sería honesto cargar toda la culpa de la crisis en un gobierno que heredó un Estado mal diseñado; tampoco lo sería eximirlo de responsabilidad. Cuando un Presidente enfrenta las mayores protestas en dos décadas, con más de un centenar de cortes de carreteras en su punto más alto, ciudades sitiadas y pérdidas estimadas entre el 5% del PIB por los bloqueos, la forma en que decide usar su “bono democrático” inicial importa tanto como el diseño constitucional que lo enmarca.
Protestas, bloqueos y un estado de excepción prolongado
Las protestas que comenzaron a principios de mayo se transformaron en pocas semanas en un movimiento nacional multisectorial. Transportistas, mineros, maestros, campesinos, cooperativistas y sindicatos obreros confluyeron en huelgas, marchas y bloqueos que paralizaron el país, con epicentros en La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y tramos claves de la red vial. Las demandas iniciales por mejoras salariales y rechazo a medidas de ajuste evolucionaron rápidamente hacia la exigencia de renuncia presidencial.
A inicios de junio, la Administradora Boliviana de Carreteras registraba más de 100 puntos de bloqueo en nueve departamentos, con escasez de combustible, alimentos, medicinas y oxígeno. Tras el acuerdo con la COB y la aplicación del estado de excepción, el Gobierno reportó una caída de más de 50 bloqueos a solo seis en pocos días, y luego a 14 puntos a nivel nacional, con La Paz sin cortes de ruta y focos residuales en Cochabamba, Oruro y Santa Cruz. Sin embargo, el estado de excepción se ratificó pese al levantamiento de los piquetes, y a fines de julio la Fiscalía emitió una orden de detención contra Evo Morales acusado de terrorismo, alzamiento armado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos y de los medios de transporte.
La crisis puso de relieve la fractura del contrato social: los sectores populares reclamaban la salida de Paz, mientras las élites económicas pedían el desalojo inmediato de los bloqueos para reactivar la circulación de bienes y personas. El Congreso autorizó en junio el uso del Ejército para despejar rutas, y la aprobación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción estableció un marco normativo que, en la práctica, otorga a las fuerzas de seguridad presunción de legalidad durante la vigencia de la medida excepcional.
El desenlace parcial llegó con la firma de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana y la suspensión de los bloqueos por parte de sectores afines a Evo Morales, seguida de la decisión de Paz de decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional el 20 de junio, con una duración inicial de 90 días. Desde fines de junio, la Administradora Boliviana de Carreteras no registra puntos de bloqueo activos, pero el estado de excepción se mantiene vigente, pese a la ausencia de piquetes, con el argumento de garantizar orden y seguridad.
Que a agosto de 2026 el país haya salido de los bloqueos sin salir de la excepcionalidad revela un problema de fondo. La excepcionalidad se ha normalizado como forma de gobierno, y la promesa de que es un recurso transitorio se difumina cuando se extiende más allá del levantamiento de la causa directa que la justificó. El Bicentenario nos encuentra, así, con un Estado que recurre a poderes extraordinarios para defender un diseño que no funciona, en lugar de usar el momento histórico para reformar las estructuras que producen la crisis.
Justicia capturada y conflicto de poderes
Si el Estado está enfermo de diseño, la justicia es el órgano más comprometido en la terapia intensiva. La Declaración Constitucional 0049/2023, mediante la cual el Tribunal Constitucional Plurinacional se autoprorrogó en funciones, rompió el principio básico de temporalidad de los cargos y de prohibición de juzgar en causa propia; y lo hizo invocando la necesidad de evitar un “vacío de poder”. El mensaje fue claro: cuando el diseño permite que el órgano de control constitucional se coloque por encima de la propia Constitución, el Estado de derecho pierde su columna vertebral.
El conflicto entre Poder Judicial y Ejecutivo en junio–julio de 2026 profundiza esa sensación. Tras una reunión nacional de emergencia en Sucre, jueces y autoridades judiciales anunciaron un paro de 24 horas para el 6 de julio y dieron un plazo de 20 días al Ejecutivo y Legislativo para atender sus demandas, entre ellas la asignación de un 5% del presupuesto estatal administrado de forma autónoma. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia amenazó con una “huelga de jueces” escalonada que podría volverse indefinida si no hay respuestas, mientras el Gobierno calificó la medida como presión corporativa en medio de una crisis social aún no cerrada.
La elección popular de magistrados, presentada como democratización, se ha mostrado incapaz de producir cortes independientes y técnicas. Depende de campañas vacías, listas cerradas propuestas por un Parlamento que responde a pactos partidarios y una ciudadanía sin información suficiente para distinguir trayectorias. En un contexto en el que casi ninguna democracia constitucional consolidada plebiscita la designación de sus jueces supremos, Bolivia insiste en un mecanismo que confunde legitimidad de origen con captura política.
Mientras tanto, la autoprórroga del TCP y los intentos fallidos del Legislativo de corregirla han dejado una sensación de supra poder judicial: un tribunal que se designa a sí mismo, se prolonga en el cargo y anula las iniciativas que buscan limitar su exceso. Es difícil imaginar una reforma seria del Estado sin admitir que este modelo de justicia, tal como está, no puede seguir siendo el guardián de la Constitución, porque se ha convertido en su principal transgresor.
A esto se suma la orden de detención contra Evo Morales emitida por la Fiscalía a fines de julio, en un contexto en el que el Ministerio Público ha sido acusado reiteradamente de actuar con sesgo político. Que un órgano clave del sistema de justicia emita una orden de tal calibre en medio de un estado de excepción y de una crisis de gobernabilidad no hace más que reforzar la percepción de que la justicia es un instrumento de lucha política más, y no un árbitro neutral.
Constitución económica, agotamiento del modelo y futuro bloqueado
La crisis de 2026 no se explica únicamente por errores políticos recientes. La Constitución económica adoptada en 2009 colocó al Estado en el centro de la actividad productiva y enunció principios de control y prioridad del interés colectivo que, en un contexto de justicia independiente y gestión eficiente, podrían haber sido palancas de desarrollo. Pero en el marco actual, con instituciones débiles y discrecionalidad amplia, estos principios han derivado en incertidumbre jurídica y en dificultades serias para atraer inversión de largo plazo.
El artículo 320, que proscribe el sometimiento a jurisdicciones extranjeras y arbitrajes internacionales, muestra su lado problemático cuando se combina con un sistema judicial cuestionado. En lugar de proteger al país de decisiones en “estrados lejanos”, ha incentivado a potenciales inversionistas a mantenerse alejados de un escenario en que cualquier disputa compleja queda sometida a tribunales locales cuya independencia y capacidad técnica son objeto de dudas recurrentes.
La caída de las exportaciones de gas, la pérdida de centralidad como proveedor regional, las dificultades para industrializar el litio y la fragilidad de las reservas internacionales son signos de un modelo que agotó sus bases sin haber construido alternativas robustas. Los bloqueos de 2026, con pérdidas cercanas al 5% del PIB, no son un fenómeno aislado: son la expresión social de un agotamiento económico que se viene gestando desde hace años. En julio, el Gobierno difundió un relato de “recuperación económica” tras la aplicación de unas 30 medidas de ajuste y estabilización, pero persisten serias dudas sobre la sostenibilidad de ese repunte en un contexto de caída de exportaciones de gas, fragilidad de reservas internacionales y un clima de incertidumbre política que sigue espantando inversiones de largo plazo.
Los cambios de gabinete de este 3 de agosto, con la eliminación de dos ministerios y la reestructuración de carteras clave, se presentan como parte de un plan de austeridad y de un intento por mostrar un equipo más ágil y político. Sin embargo, mientras no se acompañen de reformas estructurales en el modelo económico y en el diseño institucional, corren el riesgo de ser leídos como gestos cosméticos para sobrevivir a la coyuntura, más que como un plan de fondo para sanar al Estado.
Despedida del Bicentenario: lo mínimo que debemos cambiar
El Bicentenario no debería ser una celebración nostálgica de aquello que ya no somos; debería ser el momento para decidir qué queremos seguir siendo. Si aceptamos que el Estado está en terapia intensiva por errores de diseño institucional y constitucional, la despedida del Bicentenario nos obliga a discutir, con seriedad, cuáles son las reformas mínimas que debemos encarar para sanar.
En el plano institucional, la primera tarea es reconstruir el sistema de frenos y contrapesos. Ello implica eliminar la elección popular de magistrados tal como funciona hoy, crear un órgano técnico autónomo de postulaciones con representación de academia, gremio de abogados y sociedad civil, y establecer un mecanismo de designación que combine mérito, equilibrio territorial y género, con una ratificación parlamentaria sobria y sujeta a transparencia. Los mandatos deben ser suficientemente largos para asegurar estabilidad, pero tajantemente improrrogables, con cláusulas explícitas que impidan cualquier forma de autoprórroga.
En el plano económico, necesitamos revisar la Constitución económica con menos consignas y más datos. Se puede preservar la soberanía sin negar la utilidad del arbitraje internacional en contratos de gran escala, especialmente cuando la otra opción es someter disputas complejas a tribunales locales con problemas estructurales. Se puede mantener un Estado fuerte sin utilizar la discrecionalidad regulatoria como herramienta de castigo político ni cambiar reglas tributarias según la coyuntura. Y se puede defender el interés colectivo promoviendo proyectos que agreguen valor y respeten el medio ambiente, sin aferrarse a un modelo extractivista que ya ha mostrado sus límites.
La independencia judicial material requiere presupuesto protegido: un porcentaje fijo para el Órgano Judicial, administrado de manera autónoma, sometido a auditorías técnicas, de forma tal que ninguna administración pueda condicionar su funcionamiento mediante la asfixia financiera. La carrera judicial debe dejar de ser una promesa y convertirse en un sistema real de concursos, formación y evaluación, para que no sigamos discutiendo solo las cúpulas mientras el resto del aparato reproduce prácticas clientelares.
Finalmente, el país necesita un acuerdo político básico sobre las reglas del juego. Si el gobierno que sobreviva la crisis —sea Paz o un sucesor— se limita a administrar la normalización de la excepcionalidad, a ajustar su gabinete sin cambiar el rumbo y a restaurar cierta calma superficial, habrá desperdiciado el último gran “bono democrático” de este Bicentenario. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que ese capital político se invierta en reformas que hagan posible algo muy sencillo: que el Estado deje de ser el principal generador de incertidumbre y se convierta, por fin, en garante de derechos, árbitro de conflictos y motor de oportunidades.
La despedida del Bicentenario no puede ser el relato de un país que, tras 200 años, naturaliza la excepcionalidad como forma de gobierno, ajusta su gabinete en medio de la tormenta y sustituye el debate de fondo por órdenes de detención que pueden reavivar las protestas. Tiene que ser el momento en que admitimos que nuestro Estado está enfermo, que su diseño institucional fracasó en aspectos clave y que, para avanzar, no basta con cambiar de gobernantes: necesitamos sanar.