No siempre son los más violentos quienes causan los mayores daños. A lo largo de la historia, la indiferencia, la omisión y la falta de coraje moral han permitido que prosperen la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. La pusilanimidad debe considerarse un fenómeno humano, porque lo es, trasciende el miedo individual para convertirse en un problema social capaz de debilitar amistades, familias, instituciones y democracias.
Por: Ivette Durán Calderón
Los pusilánimes: enemigos silenciosos de la civilización – La cobardía moral que frena el progreso de las sociedades y convierte el silencio en un aliado de la injusticia
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La humanidad ha protagonizado una evolución sin precedentes. Desde el dominio del fuego hasta la inteligencia artificial, pasando por la revolución científica, la medicina moderna, la exploración espacial y la interconexión global, el ser humano ha demostrado una extraordinaria capacidad para transformar el mundo. Sin embargo, mientras la ciencia ha progresado a un ritmo vertiginoso, determinados comportamientos humanos permanecen prácticamente inalterables. Uno de ellos es la pusilanimidad.
La Real Academia Española (RAE) define al pusilánime como la persona «falta de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes». La palabra deriva del latín pusillanimis, formada por pusillus (pequeño) y animus (espíritu o ánimo), es decir, «alma pequeña». No se trata únicamente de un rasgo de personalidad ni de una simple manifestación de temor; constituye una actitud que puede condicionar decisiones individuales y colectivas con profundas repercusiones éticas, sociales e históricas.
La pusilanimidad suele confundirse con la prudencia, si bien responden a principios radicalmente opuestos. La prudencia, entendida desde la tradición aristotélica como una gran virtud, consiste en deliberar con sensatez antes de actuar. La pusilanimidad, por el contrario, implica la renuncia consciente a asumir responsabilidades con incuestionable valor moral.
Precisamente por ello, el pusilánime rara vez resulta fácilmente identificable. No suele presentarse como una persona violenta, agresiva o abiertamente deshonesta. Con frecuencia proyecta una imagen de moderación, cortesía, discreción, desmedida lisonja e incluso aparente sensatez. Busca agradar a todos, evita confrontaciones, rehúye posiciones firmes y procura mantenerse siempre en una cómoda zona de neutralidad evitando asumir consecuencias.
Las grandes tragedias humanas no siempre fueron consecuencia exclusiva de quienes ejercieron directamente el poder o la violencia. En numerosas ocasiones prosperaron gracias a la pasividad de quienes pudieron actuar y optaron por no hacerlo.
Uno de los ejemplos más estudiados por la historiografía contemporánea es el primer ministro británico Neville Chamberlain, por su política de apaciguamiento frente a la Alemania nazi. Muchos historiadores consideran que sus decisiones fueron insuficientes para contener a Hitler. Sin embargo, existe debate académico sobre si respondieron a cobardía, cálculo político o al deseo de evitar otra guerra mundial. Es más preciso hablar de su política de apaciguamiento que llamarlo directamente «pusilánime».
Los funcionarios, jueces, empresarios y ciudadanos que, durante distintos regímenes totalitarios del siglo XX, conocieron persecuciones o violaciones de derechos humanos y optaron por no actuar. Este fenómeno ha sido estudiado, entre otros, por Hannah Arendt desde la perspectiva de la responsabilidad moral, sin catalogarlo como pusilanimidad.
La Antigüedad también ofrece ejemplos ilustrativos. Durante años, Catón el Viejo concluyó sistemáticamente sus intervenciones en el Senado romano con la célebre frase Carthago delenda est («Cartago debe ser destruida»), convencido de que Roma enfrentaba un peligro estratégico permanente. Más allá del juicio histórico sobre aquella posición, el episodio refleja cómo las advertencias reiteradas pueden ser ignoradas cuando predominan la comodidad política, el cálculo inmediato o la falta de determinación.
En distintos momentos de la historia universal, intelectuales, funcionarios, líderes sociales y ciudadanos comunes han preferido guardar silencio frente a decisiones arbitrarias, persecuciones, abusos de poder o actos de corrupción. Las motivaciones han sido diversas: miedo a represalias, presión social, intereses personales, conformismo o simple indiferencia. Las consecuencias, sin embargo, suelen converger en un mismo resultado: el fortalecimiento de aquello que nadie se atrevió a enfrentar oportunamente.
La filosofía política y la ética han reflexionado ampliamente sobre esta realidad. Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, sostenía que la virtud consiste en actuar conforme a la razón práctica y al justo medio, no en eludir las obligaciones morales. Siglos más tarde, Hannah Arendt, citada líneas arriba, al analizar el juicio contra Adolf Eichmann en Eichmann en Jerusalén, advirtió que algunos de los mayores males prosperan cuando se sustituye la responsabilidad moral por la obediencia acrítica o la indiferencia, lo cual facilita la continuidad de sistemas profundamente injustos sembrando desconcierto.
La psicología social ha aportado evidencia científica sobre los mecanismos que favorecen la inacción colectiva. Tras el asesinato de Kitty Genovese en Nueva York en 1964, los psicólogos John M. Darley y Bibb Latané desarrollaron una serie de investigaciones que dieron origen al denominado efecto espectador (bystander effect). Sus experimentos demostraron que, en determinadas circunstancias, la presencia de múltiples observadores reduce la probabilidad de que alguno intervenga para ayudar a una persona en peligro, debido a la denominada difusión de la responsabilidad. Este fenómeno no implica que todas las personas sean pusilánimes; demuestra, sin embargo, que el contexto social puede favorecer la pasividad incluso entre individuos que, de manera aislada, probablemente actuarían.
Comprender estos mecanismos psicológicos resulta esencial para prevenirlos, pero jamás debe confundirse con una justificación ética. Explicar por qué una persona permanece pasiva ante una injusticia no equivale a eximirla de toda responsabilidad moral. Las sociedades democráticas descansan precisamente sobre la participación de ciudadanos capaces de asumir deberes cívicos, defender la legalidad y reaccionar frente a la vulneración de derechos fundamentales.
El progreso tecnológico tampoco garantiza el progreso moral. Una civilización puede desarrollar inteligencia artificial, editar el genoma humano, conquistar el espacio o producir avances científicos extraordinarios y, al mismo tiempo, fracasar en la defensa cotidiana de la verdad, la justicia y la dignidad humana. Ningún algoritmo sustituirá el coraje de una conciencia recta; ninguna innovación tecnológica reemplazará el compromiso ético de quienes deciden actuar cuando las circunstancias lo exigen.
La pusilanimidad, por tanto, no debe analizarse como una simple debilidad de carácter. Constituye un fenómeno humano con profundas implicaciones éticas, históricas y sociales. Allí donde el miedo desplaza a la responsabilidad, donde la comodidad prevalece sobre los principios y donde el silencio pernicioso sustituye a la conciencia, comienza el abono de un terreno fértil para que prosperen la arbitrariedad, el abuso y la injusticia.
Cómo reconocer a un pusilánime
El pusilánime no siempre se identifica por lo que hace, sino por lo que deja de hacer cuando el deber exige actuar. Evita asumir responsabilidades, adapta su discurso a la conveniencia, calla frente a la injusticia y confunde la prudencia con la inacción.
No tiene edad, sexo, nacionalidad, profesión, ideología ni condición social. Puede encontrarse en cualquier familia, institución, empresa o Estado.
Su mayor peligro radica en que rara vez actúa de manera abierta: su influencia se ejerce mediante la omisión, la complacencia y el silencio permisivo.
Cuando actúa de manera abierta, es cuando se respalda en el poder concedido o atribuido de manera legal y su mejor escudo es la perorata, el discurso fácil, los conversatorios y el diálogo sin fin.
Reconocer estas conductas no pretende estigmatizar a las personas, sino fortalecer una ciudadanía comprometida con la verdad, la justicia y el bien común. La indiferencia nunca es inocua cuando permite que la injusticia permanezca.
El costo invisible de la pusilanimidad: cuando la cobardía deja de ser individual y se convierte en un problema social
La pusilanimidad trasciende la esfera estrictamente personal. Aunque su origen radique en la conducta de un individuo, sus efectos se proyectan sobre la familia, las instituciones, la política, la economía y la convivencia democrática. Ninguna sociedad permanece indemne cuando quienes tienen el deber moral o jurídico de actuar optan por la comodidad del silencio.
En el ámbito sociofamiliar, la pusilanimidad erosiona progresivamente la autoridad moral. Padres incapaces de corregir conductas destructivas, adultos que evitan enfrentar situaciones de violencia doméstica, familiares o amigos cercanos que callan frente al abuso psicológico, económico o físico, o que prefieren preservar una aparente armonía antes que proteger a la víctima, terminan normalizando comportamientos que se perpetúan durante generaciones. El miedo al conflicto nunca constituye una solución; con frecuencia se convierte en el origen de conflictos mucho mayores.
La educación tampoco escapa a este fenómeno. Cuando docentes, autoridades educativas o incluso estudiantes guardan silencio frente al acoso escolar, la discriminación o cualquier forma de violencia, el mensaje que recibe la comunidad educativa resulta devastador: la injusticia puede imponerse siempre que encuentre suficiente indiferencia a su alrededor. La escuela deja entonces de ser un espacio de formación en valores para convertirse en un escenario donde la pasividad sustituye a la responsabilidad.
En el mundo laboral, la pusilanimidad favorece ambientes donde prosperan el abuso de poder, el acoso, la corrupción administrativa y la mediocridad. Son innumerables los casos en los que, sean empleados, directivos o servidores públicos, todos conocen o mínimamente sospechan que existen irregularidades, pero prefieren no denunciarlas por temor a represalias, pérdida del empleo o aislamiento profesional. Ese silencio permite que las malas prácticas se consoliden, deteriorando la confianza institucional y afectando no solo a quienes las padecen directamente, sino también a toda la organización.
La administración pública constituye uno de los ámbitos donde las consecuencias pueden alcanzar mayor gravedad. El funcionario que, conociendo una ilegalidad, decide mirar hacia otro lado; la autoridad que evita aplicar la ley para no incomodar intereses particulares; el servidor público que omite cumplir sus obligaciones por cálculo político o conveniencia personal, contribuyen al debilitamiento del Estado de derecho. La corrupción rara vez prospera únicamente por la acción de quienes la cometen; necesita también de la pasividad de quienes, pudiendo impedirla o denunciarla, optan por no hacerlo.
La política ofrece ejemplos constantes de esta realidad. Los grandes procesos de deterioro institucional no suelen comenzar con hechos espectaculares, sino mediante pequeñas renuncias sucesivas al deber de actuar. La tolerancia frente al abuso de poder, la justificación de actos contrarios a la legalidad por razones ideológicas, el oportunismo o la búsqueda de beneficios personales erosionan lentamente los principios democráticos. Cuando la conveniencia sustituye a la ética pública, la confianza ciudadana comienza a resquebrajarse.
La justicia tampoco permanece ajena. Magistrados, fiscales, abogados, policías, peritos y demás operadores jurídicos ejercen funciones que exigen independencia, objetividad y valentía. Cuando cualquiera de ellos abdica de esos principios por miedo, presión externa o conveniencia, no solo compromete un procedimiento concreto; debilita la credibilidad de todo el sistema de justicia. La imparcialidad no admite cobardía, porque el derecho pierde legitimidad cuando quienes deben protegerlo renuncian a ejercerlo con integridad.
La pusilanimidad también encuentra terreno fértil en las organizaciones sociales, empresariales, sindicales o profesionales. Allí donde predomina la cultura del silencio, la crítica constructiva desaparece, las decisiones dejan de ser transparentes y el liderazgo termina rodeándose únicamente de quienes nunca discrepan. Ninguna institución puede mejorar si convierte la obediencia acrítica en una virtud y el cuestionamiento responsable en una amenaza.
Conviene precisar que el pusilánime no posee una edad determinada, no pertenece a un sexo específico, no responde a una nacionalidad concreta ni distingue condición económica, profesión, religión o ideología. Se encuentra presente en cualquier sociedad y en cualquier época histórica. Puede ocupar los más altos cargos del Estado o desempeñar funciones aparentemente insignificantes. Su conducta no depende de su apariencia externa, sino de su permanente renuncia a asumir responsabilidades cuando la conciencia exige actuar.
Precisamente por ello resulta peligroso subestimarlo. El pusilánime rara vez protagoniza los grandes titulares —y cuando eso ocurre, lo que se destaca es su pusilaminidad—; su influencia suele manifestarse mediante la omisión, la indiferencia calculada, la ambigüedad permanente o la búsqueda constante de neutralidad frente a cuestiones que exigen una posición ética clara. No destruye necesariamente por acción directa; con frecuencia permite que otros destruyan mientras él preserva su propia tranquilidad.
Existe, además, una forma particularmente nociva de pusilanimidad: el silencio permisivo. Permanecer callado puede constituir un derecho legítimo en determinadas circunstancias.
Sin embargo, cuando el silencio facilita la continuidad de la corrupción, del abuso, de la arbitrariedad, de la violencia o de cualquier violación de derechos fundamentales, deja de ser una actitud neutral para convertirse en un comportamiento que favorece objetivamente la permanencia del daño.
La psicología social explica algunos mecanismos que favorecen esa conducta, como la presión del grupo, la conformidad social o la difusión de la responsabilidad. No obstante, ninguna de esas explicaciones elimina la dimensión ética del problema. Las personas conservan capacidad de decisión y, con ella, la responsabilidad de responder ante su propia conciencia y, cuando corresponda, ante la ley.
La historia demuestra que las sociedades avanzan gracias a quienes asumen riesgos en defensa de principios superiores. Los grandes progresos en materia de derechos humanos, libertades públicas, igualdad jurídica o democracia no fueron obra de personas acomodadas en la indiferencia, sino de hombres y mujeres que decidieron actuar cuando hacerlo implicaba afrontar consecuencias personales.
La auténtica evolución de una civilización no puede medirse exclusivamente por el desarrollo tecnológico, la riqueza económica o la sofisticación de sus instituciones. Debe evaluarse también por la capacidad de sus ciudadanos para defender la verdad, proteger la justicia y actuar con integridad incluso cuando hacerlo resulte incómodo.
Por ello, conviene mantener una vigilancia permanente. No únicamente para evitar convertirnos en víctimas de los pusilánimes, sino también para impedir que la costumbre, la indiferencia o el miedo nos transformen en sus colaboradores involuntarios. La historia enseña que las sociedades no solo se debilitan por la acción de quienes vulneran la ley o atropellan los derechos ajenos; también se deterioran cuando demasiadas personas deciden no hacer nada.
La responsabilidad cívica comienza precisamente allí donde termina la comodidad del silencio. La fortaleza de una democracia depende, en buena medida, de ciudadanos capaces de ejercer pensamiento crítico, asumir responsabilidades y actuar con valentía cuando la dignidad humana, la legalidad o el interés general se encuentran amenazados. Combatir la pusilanimidad no significa promover la confrontación permanente, sino recuperar una virtud indispensable para toda sociedad libre: el coraje moral.
Los pusilánimes del siglo XXI
El pusilánime no pertenece al pasado. Hoy puede ser el funcionario que calla ante una irregularidad; el político que antepone su conveniencia al interés público; el directivo que tolera prácticas indebidas; el profesional que renuncia a denunciar un abuso; el ciudadano que presencia una injusticia y decide no intervenir; o el usuario de redes sociales que condena la verdad por miedo al rechazo y guarda silencio frente a la mentira. Si denuncia, lo hace desde el anonimato, por lo que esa denuncia no llega a ninguna parte ya que es catalogada como otra de las fakenews más (noticias falsas o bulos).
La pusilanimidad también puede manifestarse en quienes ejercen funciones públicas esenciales para la administración de justicia. Cuando autoridades policiales, agentes fiscales u otros servidores públicos, teniendo el deber legal de actuar, omiten ejecutar órdenes judiciales, dejan de perseguir a personas prófugas cuya localización conocen, o promueven decisiones contrarias a la correcta aplicación de la ley sin fundamento jurídico suficiente, no solo incumplen sus obligaciones funcionales: debilitan la confianza ciudadana en la justicia y en el Estado de derecho. En una sociedad democrática, la ley exige independencia, objetividad y valentía; renunciar a esos deberes favorece la impunidad y compromete la credibilidad de las instituciones.
La tecnología ha cambiado la forma de comunicarnos, pero no la naturaleza de la pusilanimidad. Sus manifestaciones siguen siendo las mismas: la omisión, la complacencia y la falta de coraje para actuar cuando la conciencia y el deber lo exigen.
Fuentes
Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, voz «pusilánime».
Corominas, Joan y Pascual, José A. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Editorial Gredos.
Aristóteles. Ética a Nicómaco.
Arendt, Hannah. Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Viking Press, 1963.
Darley, John M.; Latané, Bibb (1968). «Bystander Intervention in Emergencies: Diffusion of Responsibility». Journal of Personality and Social Psychology, 8(4), 377-383.
Latané, Bibb; Darley, John M. The Unresponsive Bystander: Why Doesn’t He Help? Appleton-Century-Crofts, 1970.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Recommendation of the Council on Public Integrity (2017).
*Ivette Durán Calderón es jurista, investigadora, activista sociojurídica, conferencista y autora de varios géneros literarios. Radica en Europa.