Constitucionalistas, legisladores y analistas coinciden en que los cambios estructurales que busca el nuevo Gobierno precisarán una reforma parcial respaldada por la Asamblea Legislativa y posteriormente por la ciudadanía
Por Freddy Lacio Fernández
Fuente: El Deber
La propuesta de redistribuir recursos y competencias entre el nivel central y las entidades subnacionales bajo el modelo 50/50 abrió un nuevo debate sobre la necesidad de modificar la Constitución Política del Estado (CPE). Aunque el Gobierno sostiene que varias transformaciones pueden ejecutarse mediante leyes y decisiones administrativas, admite que los cambios de mayor alcance dependerán de una reforma parcial de la Carta Magna, un proceso que exige consenso político en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la posterior aprobación mediante referendo.
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El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que corresponde al Legislativo definir si la Constitución requiere modificaciones para acompañar los cambios estructurales que impulsa el Ejecutivo. Según explicó, la ALP tiene la atribución de encarar una reforma parcial, aunque aclaró que existen “inmensas transformaciones” que pueden implementarse sin alterar el texto constitucional vigente.
El experto constitucionalista José Luis Santistevan sostiene que el debate no debería concentrarse únicamente en la redistribución de recursos para las autonomías, sino extenderse a la estructura institucional del Estado. A su juicio, la parte orgánica de la Constitución (la que regula los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) concentra las principales deficiencias acumuladas desde 2009 y requiere una revisión de fondo.
Entre los aspectos que identifica como prioritarios figuran la organización del sistema judicial, el régimen de autonomías, la regulación de la reelección presidencial y el modelo económico. Considera, además, que varios artículos vinculados a la inversión extranjera y a la intervención estatal en la economía dificultan la llegada de capitales y limitan la capacidad del país para atraer nuevos proyectos productivos.
No obstante, Santistevan diferencia esos temas de la discusión estrictamente autonómica. En su criterio, ampliar competencias para gobernaciones y municipios tendría mayores posibilidades de consenso político que una reforma del modelo económico, donde prevé mayores resistencias. También sostiene que el procedimiento constitucional vigente permite realizar modificaciones parciales sin convocar una Asamblea Constituyente, siempre que la iniciativa obtenga dos tercios de respaldo legislativo y luego sea sometida a voto popular.
Otras posiciones
Una visión distinta plantea el politólogo José Orlando Peralta, quien explica que el fortalecimiento de las autonomías podría avanzar incluso sin modificar la CPE si previamente se eliminan las denominadas “leyes escombro” y decretos que, en su criterio, restringen el ejercicio de competencias ya reconocidas por la propia Carta Magna. Para Peralta, la principal condición no sería jurídica sino política, pues considera que la redistribución efectiva de recursos depende de la voluntad de las autoridades nacionales para aplicar plenamente el régimen autonómico.
El debate también llegó al Parlamento. El presidente del Senado, Diego Ávila (PDC), afirmó que las reformas orientadas a modificar la estructura institucional, económica o territorial del país necesariamente deberán pasar por una actualización constitucional, ya que varias competencias están definidas expresamente en la CPE. Recordó que el procedimiento exige una ley aprobada por dos tercios de la ALP y posteriormente un referendo nacional.
El diputado Carlos Alarcón (Unidad) considera que las leyes económicas anunciadas por el Gobierno no producirán cambios estructurales mientras permanezcan vigentes disposiciones constitucionales que limitan la inversión privada. El legislador identifica al menos 18 artículos que deberían revisarse y estima que existe margen para alcanzar los dos tercios requeridos en la ALP.
La discusión surge 17 años después de la promulgación de la Constitución de 2009, impulsada durante el gobierno del MAS. Mientras el Ejecutivo plantea que la política 50/50 requiere una nueva distribución de recursos y responsabilidades, se debate si existe consenso para modificar las reglas constitucionales que sustentan el actual modelo de organización del Estado.
En clave
Ruta legal. La reforma parcial de la CPE requiere el voto de dos tercios de la ALP y posteriormente la aprobación mediante referendo nacional
Autonomías. Mientras unos plantean reformar la Constitución, otros sostienen que eliminando leyes restrictivas ya puede fortalecerse el régimen autonómico vigente
Consenso político. Expertos consideran que ampliar competencias regionales tendría mayor respaldo legislativo que modificar el modelo económico establecido en la Constitución.
Fuente: El Deber
