El proyecto del Ejecutivo contempla beneficios tributarios ligados al desempeño de cada inversión, menos trámites y estabilidad por hasta 10 años. También incorpora contratos de inversión, alianzas público – privadas y mecanismos de arbitraje.
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La norma busca reemplazar la Ley 516 y establecer un marco para inversiones nacionales, extranjeras y mixtas, con incentivos tributarios, menos trámites, contratos de inversión, APP y mecanismos de solución de controversias. Para el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el objetivo es devolver previsibilidad, seguridad y estabilidad a la inversión.
Incentivos y condiciones
Uno de los principales cambios está en el costo de invertir. El proyecto establece que bienes de capital, maquinaria y equipos productivos nuevos destinados a inversiones elegibles podrán importarse con exención del Gravamen Arancelario y del IVA. Deben destinarse al proyecto y no tener producción nacional equivalente registrada. El beneficio regirá inicialmente por tres años y podrá extenderse una vez hasta dos años más.
A ello se suma un crédito tributario que permitirá a los proyectos promovidos pagar menos IUE. La reducción podrá equivaler a entre 25% y 80% del impuesto determinado, dependiendo del desempeño de cada inversión. Para definirlo, una matriz de 100 puntos evalúa empleo, exportaciones y divisas, industrialización, innovación, compras nacionales, impacto regional, sostenibilidad y reinversión. Se requieren al menos 40 puntos y obtener cero en sostenibilidad impide recibir el beneficio.
Entre 40 y 54 puntos, el crédito será de 25% del IUE determinado; entre 55 y 69, 40%; entre 70 y 84, 60%; y entre 85 y 100, hasta 80%. Como alternativa para determinados activos, podrá aplicarse depreciación acelerada, reduciendo hasta 50% su vida útil fiscal. Ambos mecanismos no podrán utilizarse sobre los mismos activos.
La propuesta crea la Agencia Nacional de Inversiones (ANI) y una Ventanilla Única, con expediente digital e interoperabilidad para evitar que una institución exija documentos que ya posee otra entidad. Los trámites incorporados tendrán, como regla, plazos máximos de hasta 30 días hábiles.
Espinoza resumió el problema que pretende corregir: “La normalidad es que el Estado desconfíe”.
Estabilidad y garantías
Los Contratos de Inversión podrán reconocer estabilidad por hasta 10 años sobre condiciones o incentivos administrativos, económicos o tributarios expresamente identificados. Espinoza sostiene que se busca ofrecer “estabilidad tributaria, estabilidad normativa, previsibilidad jurídica y protección patrimonial”.
El régimen incorpora además las APP, mediante las cuales privados podrán participar en el diseño, financiamiento, construcción, operación o mantenimiento de infraestructura y determinados servicios de interés público. Los contratos podrán durar hasta 30 años y, excepcionalmente, otros 10.
Las APP no podrán privatizar recursos naturales, transferir la gestión directa del agua potable ni delegar la prestación sustantiva de salud y educación o potestades regulatorias y de seguridad.
También se habilita el arbitraje nacional o internacional para determinadas controversias, pero exige consentimiento expreso del Estado. Recursos naturales, tributos, regalías, sanciones penales y potestades regulatorias indelegables quedan fuera.
Espinoza sostiene que el proyecto también pretende limitar la discrecionalidad política sobre las inversiones y evitar que decisiones que afecten derechos patrimoniales dependan únicamente de la voluntad del Ejecutivo. Esa protección, según su explicación, es parte de las garantías que el Gobierno pretende ofrecer al capital.
Los beneficios estarán sujetos a seguimiento. Los incumplimientos pueden provocar reliquidaciones y, ante fraude, falsedad, simulación o desvío de bienes beneficiados, procederán la revocatoria, restitución de incentivos, intereses y sanciones.
En conjunto, el proyecto actúa sobre tres variables: costo, tiempo y previsibilidad. Reduce cargas tributarias bajo condiciones, busca acortar trámites y ofrece mecanismos de estabilidad y solución de controversias. Los principales incentivos, a cambio, dependerán del desempeño y del aporte efectivo de cada inversión.
