Diputados aprueban informe sobre el caso de la gasolina basura y lo remite a la Fiscalía, Contraloría y Ejecutivo


Una comisión especial de la Cámara de Diputados se encargó de investigar las denuncias de la calidad de la gasolina
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[Foto: Cámara de Diputados ] / Pleno de la Cámara de Diputados

Fuente: Unitel

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final sobre el denominado caso de la gasolina basura luego que la comisión especial concluyó el proceso de investigación.



Tras ser aprobado por el pleno de Diputados, el informe será remitido a la Contraloría General del Estado (CGE) para la respectiva auditoría; al Órgano Ejecutivo, para que considere las observaciones planteadas; y al Ministerio Público, para que inicie una investigación y convoque a las personas citadas en el documento.

En febrero de este año, la Cámara de Diputados conformó una comisión especial de investigación integrada por 11 legisladores de las diferentes fuerzas políticas para investigar las denuncias sobre la gasolina desestabilizada que derivó en varios vehículos en mal estado.

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Tras culminar el proceso de investigación, la comisión especial presentó este jueves su informe final, en el que identificó a “presuntos” responsables entre exautoridades de Gobierno y otros ex altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Dentro de este informe se puede observar que la comisión ha identificado presuntos responsables que entre ellos están exministros, exgerentes de YPFB, y exadministradores de ANH” , informó la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Arispe en su intervención en el pleno.

La legisladora señaló que, durante la investigación, se identificaron responsabilidades en la administración de YPFB durante la gestión del expresidente Luis Arce, así como un grado de responsabilidad correspondiente a la gestión 2026.

“Tenemos que remitir el informe al Ejecutivo, ya que dentro de la estatal hubo bastantes falencias y errores que tienen que ser corregidos y enmendados por la estatal y el Ejecutivo”, explicó.