Proponen una reforma parcial de la Constitución que modifique 17 artículos vinculados al modelo económico, con el objetivo de dar mayores garantías a inversiones nacionales y extranjeras. La iniciativa también incluye cambios en el sistema judicial.
Fuente: Red UNO
El diputado Carlos Alarcón planteó una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) para cambiar reglas económicas que, según su criterio, dificultan la llegada de grandes inversiones internacionales a Bolivia.
El legislador sostiene que identificó 17 artículos vinculados al modelo económico que deberían ser modificados para permitir mayor inversión en sectores estratégicos, principalmente hidrocarburos, minería y otras actividades que requieren grandes capitales.
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“Si no logramos cambiar el modelo económico generado por el MAS en la Constitución (…) ninguna inversión grande de calidad va a venir a Bolivia”, afirmó Alarcón.
Sus afirmaciones corresponden a la posición política y jurídica del proyectista y deberán ser debatidas dentro del procedimiento legislativo.
Propone mayores garantías frente a expropiaciones
Alarcón explicó que uno de los principales cambios estaría relacionado con las garantías otorgadas a quienes realicen inversiones de gran magnitud.
El diputado propone incorporar una disposición que prohíba la nacionalización, estatización, reversión o expropiación de inversiones nacionales y extranjeras, además de evitar la extinción unilateral de derechos otorgados a los inversionistas.
Como ejemplo, mencionó inversiones de alrededor de $us 1.000 millones para exploración y explotación de nuevos pozos de gas y petróleo.
Según Alarcón, las empresas que asuman ese nivel de riesgo requieren garantías de que las condiciones jurídicas no serán modificadas posteriormente de manera unilateral.
Plantea habilitar arbitraje internacional
Otro de los puntos centrales de la propuesta es que las controversias entre el Estado y los inversionistas puedan resolverse en una jurisdicción acordada entre ambas partes.
Alarcón considera que esto permitiría recurrir tanto a arbitraje nacional como internacional.
Según explicó, la falta de estos mecanismos constituye, en su criterio, uno de los factores que genera inseguridad jurídica para potenciales inversionistas.
Busca que privados sean socios estratégicos
El diputado también cuestionó la relación existente entre empresas privadas y compañías estatales como YPFB en sectores estratégicos.
A su criterio, una compañía internacional que aporte grandes cantidades de capital y experiencia técnica debería poder convertirse en un socio estratégico del Estado y no limitarse únicamente al papel de prestador de servicios.
Alarcón considera que la actual estructura otorga demasiado peso a la empresa estatal incluso cuando el privado asume la mayor parte del riesgo económico y aporta experiencia especializada.
Propone revisar trato a inversión extranjera
La reforma también plantea discutir las restricciones relacionadas con el trato diferenciado entre inversión extranjera y nacional.
Alarcón argumentó que determinadas inversiones millonarias y de alto riesgo podrían necesitar incentivos distintos para ser competitivas frente a otros países de la región.
También cuestionó la existencia de porcentajes rígidos de participación accionaria, señalando que en algunos proyectos podrían convertirse en un obstáculo si una empresa extranjera decide incrementar significativamente el capital que está dispuesta a arriesgar.
Cuestiona proyecto de Ley de Inversiones del Gobierno
Alarcón también expresó críticas al proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno de Rodrigo Paz.
El legislador sostiene que una ley ordinaria no sería suficiente mientras continúen vigentes disposiciones constitucionales que, desde su perspectiva, restringen la inversión.
También cuestionó que una Agencia Nacional de Inversiones pueda definir qué proyectos acceden a determinados incentivos, debido al riesgo de discrecionalidad que, según su criterio, podría generarse.
Reforma también incluye al sistema judicial
La propuesta de Alarcón no se limita al área económica.
Además de los 17 artículos vinculados a inversiones y modelo económico, identificó 13 artículos relacionados con el sistema judicial y el Ministerio Público.
Entre los principales cambios está la eliminación de las elecciones judiciales mediante voto popular y su sustitución por un mecanismo de selección basado en méritos, regulado posteriormente mediante una ley especial aprobada por dos tercios.
Reforma tendría que ir a referéndum
Alarcón aclaró que ninguna modificación constitucional podría entrar en vigencia únicamente con la aprobación de la Asamblea Legislativa.
El proyecto necesitaría primero dos tercios de votos y después tendría que ser sometido a un referéndum nacional, donde la población decidiría si acepta o rechaza la reforma.
“No puede entrar en vigencia ninguna reforma constitucional, sea parcial o total, si no tiene la aprobación del voto mayoritario en el referéndum”, señaló.
Fuente: Red UNO
