Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Cejas presentaron una denuncia contra 153 personas. Mientras esta acción comienza su recorrido en Bolivia, otros procesos avanzan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Fuente: El Deber
Diecisiete años después, siguen buscando justicia. Juan Carlos Guedes, Alfredo Saucedo y David Cejas, tres de las personas alcanzadas por el denominado caso Terrorismo, acudieron nuevamente a la justicia boliviana y presentaron una denuncia contra 153 personas por hechos vinculados al proceso que siguió al operativo policial del 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz.
Los tres llegan a esta nueva acción después de haber atravesado situaciones diferentes durante aquellos años. Según el abogado Gary Prado, Guedes permaneció 11 años con detención preventiva; Cejas vivió cerca de 11 años exiliado en Brasil y Saucedo estuvo ocho años en la clandestinidad antes de ser capturado y sometido al proceso.
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La denuncia, sin embargo, enfrenta un primer obstáculo. Prado, quien estuvo inicialmente imputado y posteriormente ejerció como abogado de la defensa en el caso, afirmó este sábado en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER que la acción presenta defectos de forma y de fondo y que la Fiscalía otorgó 24 horas para subsanar las observaciones.
Más allá de esas observaciones, el abogado puso el foco en lo que considera el problema central: “El fondo es que se está buscando justicia”.
Prado sostiene que el Estado no debería esperar a que sean las propias víctimas quienes promuevan nuevas acciones. Aseguró que existen antecedentes y recomendaciones para investigar posibles responsabilidades penales y planteó que, si estos ya fueron remitidos al Ministerio Público, corresponde abrir una investigación en Santa Cruz.
“Nosotros estamos dispuestos a colaborar a la Fiscalía. Tenemos más información de la que probablemente puedan recabar después de 17 años”, señaló.
La otra vía está fuera de Bolivia
Mientras Guedes, Cejas y Saucedo intentan abrir una nueva ruta ante la justicia boliviana, otras víctimas y familiares buscaron respuestas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Uno de esos procesos está relacionado con el operativo del Hotel Las Américas, en el que murieron Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y Eduardo Rózsa Flores. Durante años, el Estado boliviano sostuvo que el grupo ofreció resistencia armada durante la intervención policial, recordó Prado durante la entrevista.
El abogado explicó que el proceso internacional, que inicialmente debía avanzar en septiembre, fue postergado hasta noviembre y que todavía debe definirse dónde sesionará la Corte Interamericana.
El escenario adquirió una nueva dimensión después de que la Procuraduría General del Estado modificara la posición que Bolivia había mantenido sobre lo ocurrido en 2009. Según explicó Prado, el actual Procurador reconoció que existieron ejecuciones extrajudiciales y la institución no presentó pruebas de descargo para defender la actuación estatal.
Para Prado, esa posición constituye un “reconocimiento público del Estado” sobre hechos que las víctimas y sus defensas denunciaron durante años.
¿Qué puede ocurrir después?
Prado considera probable que Bolivia sea condenada internacionalmente. De producirse ese escenario, explicó, el Estado podría quedar obligado a realizar reparaciones materiales e inmateriales y a impulsar investigaciones sobre las responsabilidades individuales derivadas de las violaciones de derechos humanos que determine la Corte.
El abogado recordó que la Comisión Interamericana ya había recomendado en 2021 iniciar procesos penales contra los posibles responsables. Según su versión, esas recomendaciones no fueron atendidas por el Estado durante la anterior administración.
Además de este primer proceso, Prado aseguró que existen otras peticiones vinculadas al caso que llegaron al Sistema Interamericano y que podrían derivar en nuevos procesos contra el Estado boliviano. Entre ellas se encuentran reclamos de personas que fueron involucradas en el denominado caso Terrorismo.
El abogado también planteó que una eventual investigación en Bolivia deberá determinar responsabilidades individualmente y cuestionó que la nueva denuncia incluya a 153 personas. A su criterio, no todas tendrían responsabilidad penal y deberá establecerse qué hechos pueden ser investigados y cuáles eventualmente prescribieron.
El operativo del Hotel Las Américas ocurrió en la madrugada del 16 de abril de 2009. Diecisiete años después, el expediente vuelve a moverse en dos escenarios distintos: tres personas buscan respuestas nuevamente ante la justicia boliviana, mientras otros afectados esperan que el Sistema Interamericano determine la responsabilidad internacional del Estado.
Fuente: El Deber
