Hace ya varias columnas que vengo alertando sobre los problemas que enfrenta nuestra democracia, en la insatisfacción con las instituciones representativas, de la erosión del sistema de partidos, de la persistente desigualdad de representación, de la atomización de organizaciones políticas, etc., etc., y todas demuestran las asimetrías que lastiman a nuestra democracia, ¡pero a nadie parece importarle! Lo que se considera “democrático” depende de los valores que se le atribuyan a la democracia. No hay una distinción clave que marque diferencia entre las concepciones minimalistas y maximalistas de la democracia. Nos escudamos en la democracia, pero nadie parece defenderla, nadie exige ni plantea un verdadero programa de reformas positivo y con visión de futuro. En nuestro sistema representativo, la democracia es un sistema en el que los ciudadanos deciden colectivamente quién los gobernará y, hasta cierto punto, cómo. Esta característica es fundamental: un régimen es democrático si y solo si el pueblo tiene la libertad de elegir a sus gobiernos, incluso de destituirlos, pero, para que gobierne por y para nosotros, no para un partido político.
¿Qué defendemos cuando defendemos la democracia? La respuesta parece radicar en diferenciar entre la democracia como método para gestionar los conflictos que puedan surgir en nuestra sociedad y la democracia como encarnación de valores, ideales o intereses que todos desean que la democracia materialice y que las decisiones políticas se tomen de acuerdo con los procedimientos establecidos, escritos o no. Entonces, defendemos los valores que asociamos a la democracia, como la justicia o la igualdad económica y defendemos la democracia en sí misma y los valores que le atribuimos.
El problema surge cuando las diferencias políticas asocian distintos valores a la democracia. Sin embargo, al final, y eso es lo que ahora sufrimos, cuando se han formado todas las coaliciones para llegar al gobierno, se han definido los contornos del consenso práctico entre las representaciones políticas y los argumentos parecen haber sido entendidos, hay actores, desde el gobierno y desde la Asamblea Legislativa que quieren cambiar el método político y la encarnación de la representación ciudadana. La dificultad actual radica en que todos se autodenominan demócratas. Obliga a cuestionar ¿Son antidemocráticas las acciones del gobierno y de algunos representantes nacionales? Cuando los valores que diferentes actores atribuyen a la democracia entran en conflicto, ¿quién decide qué es o qué no es democrático? En resumen, el rechazo a las instituciones representativas (léase organizaciones políticas), plantea un dilema: no podemos pretender que estas instituciones funcionen correctamente si las utilizamos solamente como un taxi para lograr un lugar en la administración del Estado y olvidarse de la representatividad adquirida, resulta peligroso para la democracia. A su vez, los representantes nacionales del legislativo no pueden renunciar al vínculo político que fue la génesis del cargo que ostentan, constituyen una amenaza para la democracia en sentido estricto, la democracia no puede retroceder.
Fundamentalmente, los partidos que formaron alianzas acordaron que defender la democracia era más importante que cualquier valor político partidario y que los conflictos sobre cualquier tema se gestionarían una vez pasadas las elecciones. Por lo tanto, todos los partidarios de la libertad de elección podían prometer a sus respectivos electorados que promoverían valores para preservar la democracia, al tiempo que afirmaban que la representación era el bien más valioso porque las determinaciones seguían en manos del pueblo. El peligro, sin embargo, reside en que, a menos que se reformen las instituciones representativas, la democracia reproducirá condiciones que permitan el triunfo de formas antidemocráticas. Existe una frase que parece una sentencia: “el futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo”, anhela un mundo mejor y finalmente porque el pueblo puede escribir lo que quiera.
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Cuando el gobierno socava la democracia, sus partidarios se enfrentan a una disyuntiva: podrán mantener en el poder al gobierno actual, comprometido, pero que viola las normas políticas, o pueden proteger la democracia sólo a costa de los resultados políticos que busca obtener el gobierno. La afirmación frecuente de que «la democracia está en juego» es cierta si el gobierno amenaza con atrincherarse en el poder independientemente de la voluntad del pueblo. La primera virtud debe ser la pacificación de la vida política. Es cierto que las elecciones generan resultados que la minoría considera repulsivos. Pero los que se consideran demócratas deben estar preparados para afrontar las derrotas, incluso si sus valores están en juego. La virtud del método democrático reside en que, mientras se preserve la democracia, las derrotas siempre serán temporales. La democracia sobrevive cuando los vencedores no abusan del poder, pero también cuando los perdedores están dispuestos a esperar. Esta es la magia del método democrático.
El fantasma de que los gobernantes puedan quebrantar los mecanismos políticos está siempre presente. Por lo tanto, la vigilancia en defensa de la democracia, en su sentido más básico, es una tarea obligatoria. Pero defender la democracia requiere más que oponerse a las acciones del gobierno. La oposición debe ir más allá de una simple expresión de indignación. Defender la democracia exige un programa positivo y con visión de futuro compartido. No puede aparecer siempre como el principal culpable de la insatisfacción generalizada con las instituciones representativas, la desigualdad política concebida por la influencia del dinero en la política. Para provocar en las fuerzas políticas una renovada confianza en los métodos democráticos, los defensores de la democracia deben ofrecer una perspectiva de futuro que incluya mejorar las instituciones representativas. El presidente Paz no puede gobernar sin organizaciones políticas, es producto de ellas, no puede volverse un manipulador, esa no es inteligencia política. Tampoco pueden los senadores Branko Marinkovic y Ernesto Suárez reafirmar su autonomía dentro de la Alianza Libre, desmarcarse los deja sin la representación política por la que fueron elegidos, deben irse, renunciaron a ser sujetos de confianza.
Mgr. Fernando Berríos Ayala / Politólogo