Las filas en las estaciones de servicio no son un fenómeno natural ni un accidente logístico; son el monumento a la improvisación de un Gobierno que se quedó sin ideas, sin divisas y sin gestión. Este colapso logístico encarece los productos de primera necesidad, reduce los ingresos del trabajador independiente y tensiona la movilidad urbana.
El costo de la ineficiencia lo paga el ciudadano de a pie, financiando de su propio bolsillo la mala administración estatal. El costo del flete parado no lo paga el presidente en su despacho; lo paga el ama de casa en el mercado cuando compra verdura o pan.
La escasez de combustible dejó de ser un problema técnico de importación para convertirse en una crisis cotidiana en los hogares. La interrupción en la cadena de distribución de gasolina y diésel presiona al alza los precios de la canasta básica, paraliza a los sectores productivos y golpea directamente los ingresos de transportistas y trabajadores independientes, quienes pierden jornadas laborales enteras en busca de carburante.
Es censurable la falta de empatía con quienes viven al día (choferes, agricultores, comerciantes). Cada hora parada en una fila es una hora en la que no se genera economía. El Estado, en lugar de facilitar la producción, la asfixia.
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Asimismo, se amenaza el futuro próximo de la sociedad al no dotar de diésel al campo. Dejar al agro sin combustible en época de siembra o cosecha no es un error menor; es atentar directamente contra la seguridad alimentaria del país.
Señores del Gobierno, es hora de dejar la terquedad y la ideología. Existen alternativas concretas para solucionar este problema y cualquier ciudadano en su sano juicio sabe que hay opciones; solo hace falta tomar decisiones, aun si estas afectan el cálculo político de la gestión de turno.
En primer lugar, se debe dejar de maquillar cifras y presentar un cronograma real e integral de abastecimiento e importación. En segundo lugar, es urgente permitir mecanismos ágiles de libre importación y comercialización para sectores clave (como el agroindustrial y el transporte pesado), quitándole la carga exclusiva a un Estado insolvente. En tercer lugar, se debe priorizar el suministro de diésel hacia las zonas de producción agrícola y logística estratégica para evitar el desabastecimiento de alimentos a mediano plazo. Y, en cuarto lugar, se requiere encarar un ajuste del gasto público ineficiente, reduciendo el gasto corriente y el aparato burocrático para liberar las divisas necesarias que financien la importación de insumos clave.
Gobernar no es pedir paciencia desde la comodidad de un escritorio ni inventar culpables imaginarios mientras las calles se paralizan. Cuando la incapacidad administrativa detiene los motores del país, la factura no la paga la política: la paga la familia en la mesa de su hogar. Es momento de dejar el dogma de lado y devolverle al país la certeza de que mañana podrá salir a trabajar.
MSc. Hugo Salvatierra Rivero / Periodista y docente universitario