Diecisiete años después del operativo con muertes en el Hotel Las Américas, el caso cambia de escenario: la Procuraduría del Estado asume las recomendaciones de la CIDH y vuelve a poner bajo la lupa las responsabilidades del Gobierno de Evo.
Fuente: El Deber
El denominado ‘caso Hotel Las Américas’, marcado por la acusación de terrorismo, ingresa en una nueva etapa. La Procuraduría General del Estado anunció que se adherirá a la denuncia presentada por las víctimas y que impulsará el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El giro se produce mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) postergó la audiencia sobre el caso ‘Mario Francisco Tadic Astorga y otros vs. Bolivia’. La audiencia estaba prevista para septiembre próximo, pero el tribunal comunicó el 10 de agosto que no será incluida en su 195 periodo ordinario de sesiones. El abogado Gary Prado señaló que la nueva fecha es para noviembre.
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Según el procurador Hugo León La Faye, el aplazamiento abre una ventana para que el Estado muestre avances. Recordó que la CIDH formuló cuatro recomendaciones: reparación integral, atención física y psicológica, una investigación penal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, y garantías de no repetición mediante capacitación en derechos humanos.
El informe de fondo 394/21 fue notificado a Bolivia en julio de 2022. La CIDH otorgó siete prórrogas y, ante la falta de avances, remitió el caso a la Corte IDH en julio de 2024. La Procuraduría sostiene ahora que las anteriores gestiones no cumplieron las recomendaciones y que esta administración busca revertir esa situación.
La posición estatal supone además un cambio de enfoque. León calificó los hechos como “terrorismo de Estado” y sostuvo que deben investigarse las responsabilidades individuales. La Procuraduría anunció que envió comunicaciones al Ministerio Público, la Policía y el Órgano Judicial para fortalecer la formación en derechos humanos.
Denuncia en la Fiscalía
La reapertura interna comenzó el 10 de agosto, cuando Juan Carlos Guedes, David Sejas y Alfredo Saucedo presentaron una denuncia contra más de 150 personas. La lista incluye al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, exministros, fiscales, jueces y antiguos integrantes de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc). Sin embargo, el Ministerio Público observó el documento y otorgó 24 horas para realizar 37 ajustes.
Entre las observaciones figura presentar una relación única y cronológica, separando el operativo del 16 de abril de 2009, las detenciones y traslados del 23 de abril y los hechos posteriores. Ese punto será clave para transformar una denuncia amplia en una investigación penal sustentable.
El proceso busca determinar la responsabilidad del Estado por violaciones a la vida, integridad, libertad, garantías judiciales y protección judicial.
El caso se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el hotel Las Américas terminó con las muertes del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, mientras el boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elöd Toasó fueron detenidos y torturados.
La CIDH concluyó que la muerte de Dwyer era atribuible al Estado y constituyó una privación arbitraria de la vida. También estableció que Tadic, Toasó, Guedes y Alcides Mendoza fueron sometidos a actos de tortura y sostuvo que el Estado cometió ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, también vinculó el caso con la afectación de la institucionalidad. Consultado sobre la denuncia contra jueces y exmagistrados, señaló que primero corresponde al Ministerio Público definir si fue admitida y puesta bajo control jurisdiccional. Afirmó, además, que la Justicia tiene relación con el proceso y reconoció que en los hechos del hotel Las Américas “hubo abusos que marcaron un quiebre en la institucionalidad del país”.
Encontrar la verdad
Gary Prado considera que la nueva etapa del caso Las Américas debe tener como objetivo central reconstruir los hechos y establecer la verdad sobre lo ocurrido en el operativo del 16 de abril de 2009. Prado sostiene que durante años se impuso un relato que, a su juicio, desvió responsabilidades hacia dirigentes regionales.
Para el abogado, la investigación debe responder preguntas concretas: quién ordenó, autorizó y ejecutó el operativo policial en el hotel. También plantea establecer, mediante pruebas balísticas y forenses, si Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer murieron en un enfrentamiento o fueron ejecutados.
El abogado considera que los testimonios de los funcionarios del hotel, de Mario Tadic y Elöd Tóásó, y las pericias realizadas sobre los fallecidos pueden aportar elementos para reconstruir aquella madrugada. A ello suma las denuncias sobre torturas, detenciones ilegales y la presunta manipulación del proceso penal posterior.
Prado también cuestiona que la nueva denuncia incluya a más de 150 personas y advierte sobre dificultades jurídicas. A su juicio, los denunciantes deben individualizar los delitos y responsabilidades para evitar que la investigación pierda fuerza. La clave, insiste, es determinar responsabilidades con pruebas.