Bolivia produce excedentes de aceite comestible y mantiene una fuerte presencia en los mercados de la región, pero las diferencias de precios, las restricciones comerciales y las debilidades del control fronterizo abren, según representantes del sector, espacios para el comercio ilegal. En Desaguadero, los contrabandistas aprovechan la noche para trasladar alimentos, mientras Taraco y Copacabana aparecen como otras rutas utilizadas para sacar productos bolivianos hacia Perú.
El aceite comestible boliviano es muy demandado en las mesas de Perú, pero un volumen incalculable es trasladado mediante desvíos ilegales. En la franja fronteriza de Desaguadero, de día reina la normalidad; de noche, según relatan pobladores y comerciantes, el trajín del contrabando a la inversa comienza alrededor de las 20:00 horas y puede extenderse hasta las 5:00. No es la única vía. Amparados en la oscuridad, los contrabandistas utilizan caminos secundarios para trasladar en pequeñas embarcaciones o camiones este y otros productos nacionales por otras dos rutas identificadas en la zona: Taraco y Copacabana.
En estas tres rutas, uno de los principales incentivos del desvío ilegal es la diferencia de precios, una relación señalada por las autoridades y evidenciada en los operativos contra el contrabando a la inversa. En la zona fronteriza peruana de Yunguyo y Kasani, según los testimonios recogidos, el litro de aceite boliviano puede llegar a venderse por más del doble de su precio en Bolivia. Esta brecha convierte a un producto esencial de la canasta familiar boliviana en una mercancía atractiva para el contrabando hacia el vecino país.
Mientras el aceite comestible sale de Bolivia de manera irregular con destino a Perú, por el sur ingresa de contrabando producto de origen argentino. La industria aceitera boliviana enfrenta así una doble presión.
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El resultado es, de acuerdo con empresarios y representantes del sector oleaginoso, un mercado presionado en ambos extremos: mientras la salida ilegal de aceite hacia Perú desvía parte de la producción destinada al mercado interno, el ingreso de mercancía no registrada desde Argentina compite con la producción que se comercializa por canales legales.
Desaguadero, una de las principales rutas
“Aceite, huevos y arroz, todo llevan hacia Perú”, contó un poblador de la localidad fronteriza de Desaguadero, quien relató que el traslado ilegal de productos bolivianos se realiza por el río, en pequeñas embarcaciones cargadas de mercancía.
Entre los productos que, según su testimonio, salen del país, figuran aceites de marcas bolivianas, además de otros alimentos. Aseguró que un litro de aceite comestible boliviano puede llegar a comercializarse en Perú a más del doble de su precio en Bolivia.
Pobladores de la zona señalaron que esta dinámica se intensificó desde el año 2024. Los comerciantes saben que la frontera nunca muere, los que antes se dedicaban a introducir productos peruanos ahora participan, según sus testimonios, en la salida de alimentos bolivianos, atraídos por la diferencia de precios entre ambos mercados. El aceite, los huevos, el arroz, el azúcar y las carnes de cerdo y pollo se encuentran entre los productos que son trasladados hacia territorio peruano.
El movimiento clandestino se concentra principalmente durante la noche y la madrugada, de acuerdo con los testimonios recogidos, con el propósito de evadir los controles. Rutas secundarias que conectan con Desaguadero, Taraco y Copacabana son utilizadas por camionetas y triciclos para transportar y acopiar la mercadería en viviendas del lado boliviano, que funcionan temporalmente como depósitos improvisados.
El traslado hacia territorio peruano se realiza principalmente por dos vías: fluvial y terrestre. En la primera, pequeñas embarcaciones atraviesan el río Desaguadero cargadas de alimentos y otros productos. En la segunda, la mercancía es trasladada por pasos fronterizos clandestinos mediante el método conocido como “chasis a chasis”, en el que camiones bolivianos entregan la carga a vehículos peruanos que posteriormente la distribuyen hacia poblaciones como Yunguyo y Kasani.
Los vehículos cargados son estacionados desde horas de la tarde y permanecen a la espera de coordinar el momento adecuado para efectuar el cruce por alguna de estas dos rutas, según los testimonios recogidos.
Los martes y viernes, días de feria, las calles de la localidad fronteriza de Desaguadero se convierten desde temprano en un gran mercado. Decenas de comerciantes, compradores y transportistas cruzan el puente internacional en ambos sentidos. Mientras unos se dirigen al lado boliviano, otros ingresan a territorio peruano. Las transacciones se realizan tanto en bolivianos como en soles peruanos.
Del lado boliviano, una hilera de pequeñas embarcaciones ofrece el servicio de transporte y permite trasladar personas y mercadería a través del río Desaguadero. Durante un recorrido por la zona, también se observó que algunas viviendas son utilizadas temporalmente como espacios de acopio, donde se almacenan productos que van desde maples de huevo hasta quintales de arroz. Desde estos puntos, la mercancía es trasladada hacia los lugares de cruce y pasa de camiones a vehículos, o de triciclo a bote y de bote a triciclo con motor en el lado peruano, dependiendo de la ruta utilizada.
En el lado peruano también se extiende un amplio mercado. Además de productos de ese país, allí se ofertan alimentos de origen boliviano, entre ellos aceite comestible de marcas nacionales.
“11 soles (aproximadamente Bs 39)”, respondió una comerciante cuando se le consultó el precio de una botella de aceite comestible de una marca boliviana. Según la comerciante, compradores peruanos llegan hasta este punto fronterizo para adquirir productos bolivianos, entre ellos el aceite comestible. “Es más barato”, agregó.
La diferencia de precios resulta evidente al comparar ambos mercados. En Bolivia, el precio al consumidor del litro de aceite vegetal refinado está regulado en Bs 18,50, de acuerdo con la disposición establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo en enero de este año.
La diferencia de precios resulta evidente al comparar ambos mercados. En Bolivia, el precio al consumidor del litro de aceite vegetal refinado está regulado en Bs 18,50, de acuerdo con la disposición establecida por el Ministerio de Desarrollo Productivo en enero de este año.
En cambio en Perú, mediante una comparación de distintas marcas en presentación de 900 mililitros (la medida estándar más cercana al litro en el vecino país), se encuentra una diferencia notable; el Primor cuesta 8,50 y 10,30 soles, mientras que el Cocinero se encuentra entre 9 y 10 soles, por lo que se puede estimar un promedio de 9, 45 soles, equivalente a 32,67 bolivianos.
Incautaciones que muestran que el flujo no es nuevo
Los registros de incautaciones realizados en Perú muestran que el traslado irregular de aceite boliviano hacia ese país no es un fenómeno reciente, de acuerdo con una revisión hemerográfica realizada por Visión 360. En octubre de 2021, durante un operativo contra el contrabando en la localidad de Tilali, en la provincia de Moho, Puno, las autoridades intervinieron cuatro predios utilizados como almacenes clandestinos y decomisaron 13.073 botellas de aceite de marcas bolivianas, entre ellas Fino, La Sabrosa, Sao y La Selecta. La mercadería formaba parte de un cargamento de productos cuyo valor fue estimado en aproximadamente dos millones de soles (más de siete millones de bolivianos).
El flujo también fue detectado en años posteriores. En mayo de 2024, en la carretera Desaguadero-Puno, a la altura del sector de Acora, agentes de la Policía Fiscal intervinieron un camión que transportaba numerosas cajas de aceite boliviano Doña Luisa, sin documentación que acreditara su procedencia legal. Tras el aforo y avalúo correspondientes, la carga fue valorizada en 445.080 soles (aproximadamente más de un millón y medio de bolivianos) y trasladada a los almacenes de Aduanas de Puno. El operativo fue reportado por la Policía Nacional del Perú como una intervención de productos de primera necesidad de dudosa procedencia.
En septiembre de 2023, otro operativo de la Policía Fiscal en la carretera Tacna-Collpa permitió intervenir dos vehículos que transportaban aceite de procedencia boliviana, además de detergente. La mercadería, que no contaba con respaldo documental, fue incautada y el valor de los productos intervenidos fue estimado en 200.000 soles (aproximadamente setecientos cinco mil bolivianos). En enero de 2024, en Tacna, también fue intervenido un vehículo procedente de Desaguadero que trasladaba aceite y otros productos de origen boliviano sin documentación que acreditara su legal ingreso al país.
En Bolivia también existen antecedentes de cargas interceptadas antes de completar el cruce hacia Perú. En diciembre de 2024, en Guaqui, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando decomisó aproximadamente 5.000 litros de aceite que eran transportados hacia el vecino país. La carga estaba compuesta por 290 paquetes de seis botellas de dos litros y 84 cajas de botellas de un litro, además de otros productos. El operativo terminó con la entrega de la mercadería a Emapa.
En conjunto, estos casos no permiten calcular cuánto aceite sale ilegalmente de Bolivia, pero sí documentan la existencia de un flujo recurrente que ha sido detectado en distintos puntos y momentos. Las incautaciones, además, muestran que el fenómeno no depende de un único paso fronterizo ni de una sola modalidad de traslado: las cargas han sido encontradas en almacenes clandestinos, vehículos de transporte y rutas que conectan la frontera con otros mercados peruanos.
Durante el primer semestre de 2025, en Bolivia, las autoridades decomisaron 27.500 litros de aceite que eran trasladados ilegalmente hacia países vecinos, según datos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando. En el mismo periodo se reportó el comiso de 400.000 unidades de huevo, 33.352 quintales de azúcar, 12.146 quintales de maíz amarillo y 2.359 quintales de harina de trigo, además de carne y otros alimentos.
Un país que produce mucho más de lo que consume
En Bolivia, el consumo promedio de aceite de soya y girasol alcanza los 14 litros por habitante al año, de acuerdo con el Observatorio Agroambiental y Productivo (OAP). Esto representa una demanda nacional de 170 a 180 millones de litros anuales, impulsada por el crecimiento demográfico y la expansión urbana.
Sin embargo, la capacidad productiva sobrepasa con creces las necesidades del mercado local. Tan solo en abril de 2025, la industria oleaginosa procesó unas 20.000 toneladas de aceite refinado (alrededor de 21,7 millones de litros), según informó el entonces ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Zenón Mamani. De ese volumen, 4.470 toneladas (el 22,3%) bastaron para garantizar el abastecimiento doméstico del mes, dejando el 77,7% restante disponible para la exportación y la reserva industrial.
La soya es el motor de una compleja cadena agroindustrial. De cada grano procesado se obtienen harina solvente para nutrición animal, aceite crudo, refinado y diversos subproductos, consolidando a este sector como una de las principales fuentes de divisas para Bolivia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las exportaciones de aceite comestible mantuvieron niveles importantes durante los últimos años. (Ver infografía)
Los dos últimos años registraron los menores niveles de exportación del periodo analizado, en un contexto marcado por el impacto negativo del clima sobre la producción de soya.
“Más del 90% de las exportaciones de aceite comestible tuvieron como destino a los países de la Comunidad Andina —Colombia, Ecuador y Perú—, mercados consolidados como los principales compradores de este producto boliviano. Destaca el caso de Indonesia, país al que no se registraron exportaciones entre 2021 y 2023, pero que comenzó a demandar aceite boliviano desde 2024”, explicó a Visión 360 Gary Antonio Rodríguez Á., economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Según Rodríguez, la mayor parte de la producción nacional está destinada, en primera instancia, al abastecimiento del mercado interno, con el objetivo de garantizar el consumo de la población.
“El excedente es destinado a la exportación, permitiendo generar divisas para el país y, a través de ello, generar empleos directos e indirectos a lo largo de la extensa cadena productiva oleaginosa”, señaló.
Rodríguez explicó que las exportaciones han mostrado un comportamiento variable. En 2022 crecieron 46% en valor y 13% en volumen; en 2023 cayeron 32% en valor, pero aumentaron 3% en volumen; en 2024 descendieron 28% en valor y 22% en volumen; mientras que en 2025 repuntaron 18% en valor y 7% en volumen.
“La industria aceitera depende directamente de la disponibilidad de grano de soya, de ahí que, cuando la cosecha es buena, sube la producción y se exporta más, porque el excedente, luego de abastecer el mercado interno, se incrementa, mientras que cuando la oferta de grano baja, como ha venido ocurriendo en las últimas temporadas, por causa del clima o falta de diésel a tiempo, la consecuencia directa es una caída o menor producción”, dijo.
Bolivia es un proveedor relevante de aceite comestible en la región andina, especialmente en los mercados de Colombia, Ecuador y Perú. Sin embargo, compite con grandes productores mundiales de los países del Mercosur y de Estados Unidos, que operan con mayores escalas de producción, una mayor utilización de biotecnología, mejor logística e infraestructura más desarrollada.
En el caso de Perú, las estadísticas oficiales muestran que las exportaciones formales de aceite comestible boliviano pasaron de 99.949 toneladas en 2024 a 130.177 toneladas en 2025. Para Rodríguez, este crecimiento no descarta la existencia de un flujo ilegal. “De no haber contrabando, se pudo lograr mejores resultados”, sostuvo.
Contrabando de aceite argentino, el otro golpe
Paradójicamente, mientras Bolivia posee capacidad suficiente para abastecer su consumo interno y mantener una fuerte presencia exportadora, el mercado doméstico enfrenta una presión creciente por el comercio ilegal.
¿Cuánto aceite de contrabando circula realmente en Bolivia? Ni el Estado tiene respuesta por no tener disponible una medición oficial, tampoco la industria cuenta con estadísticas que permitan dimensionar con precisión el fenómeno.
Para Jorge Amantegui, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), la ausencia de cifras no significa que el problema no exista. “No existe una cuantificación oficial que permita determinar con precisión la participación del aceite de contrabando en el mercado interno”, señaló.
Sin embargo, según Amantegui, en los mercados tradicionales se observa una mayor presencia de aceites de origen extranjero, principalmente argentino, comercializados fuera de los canales formales. Esta situación introduce una competencia desleal para la industria nacional.
El ejecutivo de Caniob hace una precisión importante sobre el efecto del contrabando en la producción industrial. El problema no se traduce necesariamente en una reducción de la capacidad de molienda, porque esta responde a la demanda integral de todos los derivados del grano de soya.
“Más que afectar la capacidad de molienda —que responde a la demanda integral de todos los derivados del grano de soya—, el impacto se refleja en una mayor presión sobre el mercado interno de aceite refinado, donde productos que no cumplen las mismas condiciones sanitarias, tributarias o comerciales terminan compitiendo con la producción nacional”, explicó.
Basta recorrer la calle Gallardo, en pleno centro comercial de La Paz, para encontrar botellas de aceite argentino comercializadas fuera de los canales formales y a un costo inferior al de la producción nacional.
La escena coincide con la advertencia de Caniob sobre una mayor presencia de aceites de origen extranjero, principalmente argentino, comercializados fuera de los canales formales.
De acuerdo con el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, José Maurice Castro Pautrat, en el contrabando de internación se detectó un flujo considerable de aceite comestible proveniente de Argentina, entre ellos la marca Siglo de Oro, que ingresa al mercado nacional a precios bajos.
“El tema de aceite… estamos viendo bastante el contrabando de internación de aceite. Hay un aceite Siglo de Oro, si no me equivoco, que está ingresando del lado argentino, la frontera argentina. Entonces, esto evidentemente está llegando en diferentes formatos que están inundando el mercado con un precio menor. Ahora, existe una variedad de otras marcas que están haciendo… las están internando justamente para competir con el aceite que se produce en el país”, explicó el viceministro Castro en una entrevista de Visión 360.
El viceministro sostuvo que la producción nacional enfrenta una competencia desleal debido al ingreso de estos productos de contrabando. Sin embargo, afirmó que actualmente no existe desabastecimiento de aceite producido en Bolivia.
“En líneas generales, la producción nacional está compitiendo deslealmente… más bien tiene la competencia desleal del contrabando en los mercados, pero es, como le decía, una opción del ciudadano el poder elegir el producto nacional. Entonces, el producto lógicamente está en este momento vendiéndose, no hay un desabastecimiento de producción nacional, pero ciertamente puede haber una fuga o un contrabando agravado dada la mejor calidad del aceite nacional”, afirmó la autoridad.
Para el IBCE, el incentivo económico detrás de la salida ilegal es claro. Rodríguez sostiene que el aceite boliviano es reconocido por su calidad y que la diferencia de precios entre los mercados vecinos aumenta su atractivo para las redes de contrabando.
“Cuando el aceite se comercializa en el país a precios más bajos que en los mercados vecinos, surge el ‘incentivo’ para que operadores ilegales decidan contrabandear el aceite para obtener mayores ganancias”, explicó Rodríguez.
Una frontera difícil de controlar
El viceministro Castro Pautrat explicó que el Estado mantiene personal y unidades desplegadas para realizar labores de vigilancia, reconocimiento y control, pero admitió que la magnitud del territorio dificulta una cobertura permanente de todos los pasos. “Entre Perú y Chile tenemos alrededor de 22 lugares o puestos desplegados”, señaló.
La autoridad indicó que existen 30 campamentos o puestos establecidos que funcionan como bases de operaciones. Según el viceministro, alrededor de 300 profesionales están desplegados particularmente en el occidente y sur del país, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
El problema no se limita a los pasos terrestres. La frontera con Perú incluye también el lago Titicaca y el río Desaguadero, lo que abre otras posibilidades para el traslado ilegal de mercancías. Sobre los denominados puntos clandestinos, el viceministro explicó que no existe un número fijo de pasos debido a que los contrabandistas pueden modificar las rutas.
“El 52% del territorio fronterizo es frontera terrestre”, explicó y aseguró que los contrabandistas modifican sus rutas de acuerdo con las condiciones del terreno y la presión de los controles.
Una red que se adapta a los controles
El recorrido realizado en Desaguadero permitió observar viviendas utilizadas temporalmente como espacios de acopio y pequeñas embarcaciones empleadas para trasladar mercancías por el río.
“Existen muchas maneras en las que no solamente los contrabandistas, sino lamentablemente las poblaciones fronterizas, las poblaciones aledañas o del circuito de contrabando se prestan a apoyar o a, digamos, de alguna manera incorporarse a esta actividad”, señaló Castro.
Según el viceministro, una de las dificultades para enfrentar el fenómeno es la participación de personas de las propias zonas fronterizas. “Muchas veces se ha visto que es la población la que enfrenta al grupo de tarea o a la fuerza de tarea y no propiamente el contrabandista”, afirmó.
Castro sostuvo que el Gobierno busca combinar los operativos con acciones de sensibilización y concientización en las comunidades fronterizas. “Tenemos que generar una fuerza mayor a la que cualquier institución tiene, porque el contrabando como fenómeno enfrenta y debilita a toda la estructura del Estado, no solamente a una institución”, manifestó.
El funcionario también confirmó que existen organizaciones que operan de manera estructurada. Explicó que el Estado busca conocer sus mecanismos de funcionamiento para anticiparse a sus movimientos y evitar que el fenómeno evolucione hacia niveles mayores de violencia. “De lo que se trata es de que en el control nosotros estemos reduciendo la posibilidad de que este tipo de actividades se dé”, señaló.
Contratos y limitaciones
Los contratos internacionales no se negocian de un día para otro. Se firman con meses de anticipación, incluyen cronogramas de entrega y compromisos comerciales cuya ruptura puede afectar la confiabilidad de un país como proveedor.
Según Caniob, las restricciones a las exportaciones formales generan incertidumbre comercial y afectan la confiabilidad de Bolivia como proveedor internacional. Los contratos de exportación se suscriben con fechas de entrega y compromisos previamente establecidos, por lo que cualquier limitación administrativa incrementa el riesgo de incumplimiento y deteriora la competitividad del país.
La industria entiende la preocupación de las autoridades por evitar el desvío ilegal de aceite hacia mercados vecinos. Sin embargo, Amantegui considera que resulta más sencillo intervenir sobre los operadores formales, que son plenamente identificables y cumplen con sus obligaciones, que combatir las redes informales que operan fuera del sistema.
“Las industrias abastecen a distribuidores formales y no participan de la comercialización ilegal. Por ello, el fortalecimiento del control fronterizo y de los mecanismos de fiscalización debería ser el eje de la solución, evitando que las restricciones a la actividad formal terminen generando efectos contraproducentes sobre el comercio legítimo”, afirmó.
Para Rodríguez, las restricciones también pueden alimentar el comercio ilegal. “Desde una perspectiva económica, cuando existen restricciones al comercio formal y diferencias significativas de precios entre mercados vecinos, aumentan los incentivos para que se incurra en informales”, explicó.
Las redes ilegales, en cambio, continúan operando fuera del alcance administrativo. La Cadex coincide con ese diagnóstico. A su juicio, cualquier restricción crea nuevos incentivos para la informalidad. Mientras exista una diferencia entre el precio interno y el internacional, siempre aparecerá alguien dispuesto a aprovechar esa brecha.
“Reiteramos que en este momento nos está afectando el contrabando de entrada haciéndole competencia desleal a la industria. La solución es eliminar todo cupo, banda de precios o restricción a las exportaciones”, agregó Barriga.
La economía paralela también consume dólares
El impacto del contrabando no termina cuando una botella de aceite comestible boliviano cruza la frontera. Las operaciones ilegales generan un efecto sobre toda la economía. Los dólares obtenidos por esas transacciones permanecen fuera del sistema financiero formal y el movimiento económico que generan no queda registrado.
Para Amantegui, esta situación reduce la disponibilidad de divisas en la economía y dificulta el acceso de los importadores a moneda extranjera.
“El contrabando ocasiona menor disponibilidad de divisas en la economía, ya que el movimiento económico que genera esta actividad ilícita no se registra ni ingresa al sistema financiero, impidiendo que los importadores puedan acceder a estos recursos en moneda extranjera”, precisó.
Rodríguez coincide en que la salida ilegal debilita las exportaciones formales. Según el economista, el contrabando “perjudica a la cadena productiva y de comercialización al desviar este producto por canales informales, reducir la generación legal de divisas y debilitar las exportaciones legales”.
Además, genera competencia desleal en el mercado peruano frente a las empresas que cumplen con las normas bolivianas.
Los operativos de lucha contra el contrabando muestran que el fenómeno es real. En diciembre de 2024, militares interceptaron en Guaqui un cargamento con aproximadamente 5.000 litros de aceite que eran trasladados hacia Perú. También fueron decomisados quintales de azúcar y otros alimentos destinados al comercio ilegal.
Pocos días después, otro operativo descubrió 38 cajas de aceite ocultas entre ladrillos dentro de un camión, una modalidad que evidenció un mayor grado de organización para intentar burlar los controles fronterizos.
En distintos momentos, el Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando informó también sobre la incautación de cientos de cajas de aceite, azúcar, huevos y otros productos cuyo valor conjunto alcanzó cerca de un millón de bolivianos.
El verdadero impacto
Detrás de cada botella existe una extensa cadena productiva. Empieza con miles de productores agrícolas agrupados en ANAPO y continúa en las plantas industriales, donde el grano de soya se transforma en aceite, harina y otros derivados. Luego intervienen transportistas, exportadores, distribuidores y comerciantes. Cada eslabón depende del siguiente. Por eso, cuando una parte del mercado migra hacia la informalidad, el impacto alcanza a toda la cadena.
La relación entre productores e industria es directa: ANAPO está vinculada a la producción de grano de soya, mientras que las industrias adquieren esa materia prima para transformarla en productos con valor agregado, entre ellos harina solvente, aceite crudo, aceite refinado y otros derivados.
Para el IBCE, el daño también llega al productor de soya. Gary Antonio Rodríguez explica que el contrabando puede influir sobre el precio que la industria está dispuesta a pagar por el grano, debido a la competencia desleal que enfrenta el producto comercializado legalmente.
“Los exportadores formales pierden clientes, los precios tienden a bajar y las divisas generadas van a manos de informales”, señaló.
Desde la industria sostienen que el problema no puede resolverse únicamente con el decomiso de productos en las fronteras. Su planteamiento apunta a fortalecer el control de la formalidad comercial, verificar facturas, fiscalizar el origen legal de los productos y combatir las redes de comercialización ilegal.
Amantegui considera que una medida efectiva no pasa necesariamente por decomisar productos en los centros de venta, sino por fortalecer la verificación de la documentación que respalda su origen.
Cuando un establecimiento no pueda acreditar el origen legal mediante la correspondiente factura o documentación tributaria, deberían aplicarse los mecanismos previstos por la normativa fiscal. Para Caniob, esto contribuiría a reducir los incentivos para comercializar productos de contrabando y promovería condiciones de competencia más equitativas para quienes cumplen con la ley.
El ejecutivo también sostiene que las empresas afiliadas a Caniob cuentan con registros documentales que permiten identificar el destino inicial de cada despacho, pero advierte que su capacidad de control termina cuando el producto es entregado a distribuidores legalmente establecidos.
“Las empresas afiliadas a Caniob comercializan exclusivamente mediante canales formales y cuentan con registros documentales que permiten identificar el destino inicial de cada despacho. Sin embargo, una vez que el producto es entregado a distribuidores legalmente establecidos, la industria ya no tiene facultades para controlar su posterior comercialización”, explicó.
Por ello, Amantegui considera que el control del contrabando corresponde al Estado y debe orientarse hacia los actores que realizan actividades al margen de la normativa.
“En años pasados, las autoridades implementaron distintos mecanismos de seguimiento y control que incrementaron significativamente la carga administrativa para las industrias aceiteras. Hoy ese escenario se ha simplificado, pero seguimos considerando que el esfuerzo de fiscalización debe concentrarse en las redes de comercialización ilegal y no en imponer mayores obligaciones a quienes ya operan dentro de la formalidad”, afirmó.
La coordinación entre ANAPO y Caniob forma parte de esa visión integral de la cadena productiva. Según Amantegui, ambas organizaciones han presentado diversas propuestas técnicas a las instituciones competentes para fortalecer el control del contrabando, aunque su implementación ha enfrentado limitaciones operativas y de capacidad institucional.
El viceministro Castro, por su parte, considera que el control debe ser integral y coordinado entre diferentes instituciones. Explicó que esa cartera no puede resolver por sí sola un fenómeno que involucra comercio, seguridad, fronteras y otros ámbitos.
“Yo como Viceministerio únicamente no podría tener la capacidad de resolver o aplicar políticas integrales por mí mismo. Esto se hace en coordinación y de ahí la lucha integral contra el contrabando”, afirmó.
La autoridad también informó que Bolivia trabaja en mecanismos de coordinación con los países vecinos. Según Castro, durante este año se activó una agenda de trabajo con Perú y se desarrolló un mecanismo bilateral con Chile.
El objetivo, explicó, es avanzar hacia operaciones combinadas y sumar nuevos actores a las tareas de control.
Para Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX), el país necesita generar condiciones de competitividad y reglas claras para producir y exportar.
“Necesitamos los cambios estructurales que venimos pidiendo desde octubre (del año pasado), que son una Ley de Exportaciones, que se eliminen los cupos y restricciones para exportar como las bandas de precios, una ley de inversiones clara que genere seguridad jurídica y normas que hagan el trabajo de la Aduana más efectivo. Todo esto podrá hacernos más competitivos y así no habrá contrabando de entrada ni de salida”, afirmó.
El planteamiento de Barriga resume uno de los principales desafíos que enfrenta la cadena oleaginosa: cerrar los espacios que hacen rentable el comercio ilegal, fortalecer los controles y, al mismo tiempo, generar condiciones para que la producción y las exportaciones formales puedan competir en igualdad de condiciones.
El doble flujo, aceite boliviano que sale ilegalmente hacia Perú y aceite extranjero que ingresa por canales irregulares, expone las dos caras de un mismo problema, según los representantes del sector. En un extremo, las diferencias de precios crean incentivos para sacar productos nacionales; en el otro, esos mismos desequilibrios permiten que mercancías extranjeras compitan en el mercado boliviano al margen de los canales formales.
(*) Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP).
