La alerta se planteó durante el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena, Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap)
Extracción de oro en territorio nacional. Foto: Archivo
El Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) advirtió que, mientras en distintas regiones del país se observa una mayor actividad de extracción de oro, los registros oficiales muestran una fuerte caída tanto en la producción reportada como en las exportaciones legales.
Según la Agencia de Noticias Ambientales, la alerta se planteó durante el Sexto Encuentro de Integración de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena, Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que se realizó en el municipio fronterizo de Guayaramerín.
Óscar Campanini, director e investigador del Cedib, comparó los datos de 2022 y 2024 y señaló que el contraste resulta significativo. Según explicó, en 2022 se registró un récord de 53 toneladas de extracción y alrededor de 52 toneladas de exportación. Dos años después, la extracción reportada cayó a 21 toneladas, mientras que las exportaciones legales se redujeron a apenas 9,4 toneladas.
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Oro
“En términos de exportación, en 2024 se exportó solamente 9,4 toneladas, es decir, menos de una quinta parte de lo que se llegó al tope en 2022. Entonces, es una caída muy importante”, afirmó.
Sin embargo, Campanini sostuvo que la realidad observada en las zonas auríferas muestra una situación diferente. Aseguró que existe un incremento de la actividad minera, una mayor extracción y una dinámica económica más intensa vinculada al oro.
“Lo que se ve en campo es prácticamente lo opuesto de lo que muestran los datos oficiales”, señaló.
Caso Viru Viru
Para el investigador, uno de los hechos que permite dimensionar el problema es el reciente intento de sacar ilegalmente 189,5 kilogramos de oro desde el aeropuerto internacional de Viru Viru, utilizando documentación falsa.
Campanini consideró que el caso revela posibles debilidades en los mecanismos estatales de control. Explicó que la carga fue detectada luego de que surgieran dudas durante la verificación de un código QR incluido en la documentación, cuyo funcionamiento fue cuestionado durante el control.
A su juicio, el episodio demuestra que existen brechas en los controles de comercialización y exportación del mineral que podrían ser aprovechadas por redes dedicadas al comercio ilegal.
“Hay mecanismos que existen para el control, en este caso de la comercialización del oro, pero que han demostrado con estos hechos ser insuficientes o ineficientes”, sostuvo.
Campanini fue más allá y planteó la necesidad de investigar si las fallas responden únicamente a problemas de capacidad institucional o si también podrían existir casos de complicidad dentro del aparato estatal.
“Hay definitivamente un tema de exportación ilegal y obviamente un delito que de alguna manera está siendo propiciado o de alguna manera es partícipe de ciertas redes dentro del aparato estatal”, afirmó.
Menos oro registrado
El contraste entre las cifras oficiales y lo observado en las regiones productoras plantea una interrogante económica: si la actividad aurífera continúa expandiéndose, ¿dónde termina el oro que no aparece en los registros de exportación legal?
Campanini consideró que parte de la explicación podría encontrarse en las deficiencias de los controles sobre la cadena de comercialización. Señaló que existen formularios y procedimientos establecidos, pero que varias de las declaraciones realizadas por los operadores no contarían con una verificación efectiva por parte del Estado.
En particular, cuestionó las limitaciones del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) para comprobar información relacionada con el origen del mineral.
“Hay muchas fases y bastante información dentro de este formulario que el Estado no verifica. Senarecom no verifica, no tiene la capacidad de verificar mucha de esta información”, afirmó.
Entre los aspectos que, según el investigador, deberían ser objeto de mayor fiscalización están el origen del oro, la identidad de quienes declaran haberlo extraído y el destino real del mineral.
Las divisas
Más allá del debate ambiental y territorial asociado a la minería aurífera, el Cedib puso el foco en el impacto económico que tiene la salida irregular del oro.
El metal continúa siendo uno de los principales productos mineros de exportación de Bolivia y una fuente relevante de generación de divisas. Por ello, Campanini consideró que el Estado debería destinar mayores recursos y capacidad institucional al control de esta cadena.
“Lo que no se puede comprender es que siendo este uno de los sectores que mayor cantidad de divisas genera, no exista el esfuerzo de alguna manera proporcional por parte del Estado para ponerle atención, recursos”, cuestionó.
La advertencia deja planteado un desafío para las autoridades: mejorar los mecanismos de trazabilidad y fiscalización para determinar cuánto oro se extrae realmente en Bolivia, cuánto se comercializa legalmente y cuánto podría estar saliendo del país por canales irregulares.
Para el Cedib, cerrar esas brechas no solo permitiría combatir actividades ilegales, sino también garantizar que una mayor proporción de la riqueza generada por el oro se traduzca en ingresos formales y divisas para la economía boliviana.