El presidente Paz tiene un duro dilema: mantener a uno de sus hombres de confianza o ceder para acercarse a la ALP. En el medio, están la crisis y varios otros “escándalos” públicos.
Fotografía de archivo del presidente Paz y el ministro Espinoza.
Fuente: Brújula Digital
La censura al ministro de Economía José Gabriel Espinoza abrió una de las primeras grandes disputas de poder entre el gobierno de Rodrigo Paz y la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La controversia plantea una determinación de fondo que debe tomar el Ejecutivo: acatar la decisión del parlamento y retirar a uno de los hombres clave de su política económica como una manera de intentar un acercamiento con el legislativo; o más bien, mantenerse firme en lo que considera correcto y legal: que la censura no corresponde porque no obtuvo dos tercios de votos del total de legisladores, sino dos tercios de los legisladores presentes.
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En la sesión de martes, primero se votó por si se aceptaba o no la justificación de la ausencia de Espinoza a la sesión: 81 rechazaron la excusa y 43 la apoyaron. Posteriormente, se votó por la censura: de 129 asambleístas presentes, 91 votaron por el sí, 34 por el no, y cuatro se abstuvieron. Espinoza primero, y el vocero José Luis Gálvez, después anunciaron que se hará una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional para que dirima.
“El artículo 158 de la Constitución es muy claro, establece que para censurar a un ministro se requieren dos tercios de la asamblea. Entiendo que hoy (martes) no se han logrado dos tercios de los presentes. Habrá que ver cuál es la interpretación constitucional”, señaló el aún ministro. Más tarde, Gálvez remarcó que “el ministro Espinoza sigue en total ejercicio de sus funciones” y anunció que desde este miércoles “se adoptarán las acciones correspondientes” y los “mecanismos legales”.
Según la Ley 1350, “resuelta la censura, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en un plazo máximo de 24 horas de haber tomado conocimiento formal, deberá destituir al ministro censurado”. Si Paz recibió el martes mismo el documento oficial de la ALP, este miércoles debería cesar a Espinoza.
Señales
Más allá de la “batalla constitucional” que parece avecinarse, hay algo claro: los legisladores que votaron por la censura casi triplican a los que reafirmaron su confianza en Espinoza, lo que se traduce en una señal muy fuerte del legislativo, sobre todo tratándose de un ministro crucial para el gabinete en su calidad de director de la economía; aunque no se debe olvidar que al margen del motivo de la interpelación del martes –temas de gestión pública, política monetaria y planificación macroeconómica del Estado– la imagen de Espinoza está duramente afectada por una polémica debido a la compra de un auto de alta gama sobre la cual no se pagó todos los impuestos.
En este escenario, Paz tiene dos caminos. El primero es aceptar la censura, definir la salida de Espinoza y cerrar rápidamente el conflicto con la asamblea, procurando restablecer su relación con los dos principales líderes opositores del país: Samuel Doria Medina y Jorge “Tuto” Quiroga. Esa sería una señal amistosa hacia el Órgano Legislativo y los jefes opositores. Pero también significaría aceptar una derrota política. El segundo camino es mantenerlo en el cargo y llevar la controversia al TCP, lo que implica suspender el tema de manera indefinida ya que ese cuerpo no tiene quorum para emitir fallos. La permanencia de Espinoza podría convertirse en un símbolo de la disputa entre estos dos órganos del Estado.
Crisis
El conflicto tampoco ocurre en un momento cualquiera. El gobierno de Paz está intentando aplicar medidas económicas impopulares en medio de una crisis que obliga a tomar decisiones difíciles.
Esta semana, por ejemplo, el Ejecutivo elevó en 84 % el precio del diésel para los grandes consumidores, eliminando el subsidio. Por otra parte, la abogada Nadia Beller sufrió un atentado y denunció al presidente Paz de corrupción, junto a su esposa y muchos otros dirigentes del gobierno. Fernando Cerimedo, reconocido como el principal asesor de Paz, está aprehendido como sospechoso de ser el autor intelectual del intento de feminicidio.
Antes de este hecho, destacan al menos tres casos críticos para la gestión del mandatario. El problema crónico del combustible: a la escasez permanente de gasolina y sobre todo diésel, se suma la comercialización de gasolina en mal estado que causó daños en miles de vehículos.
Otro hecho con fuerte repercusión fue el llamado Caso “Maletas”: en noviembre pasado ingresó al país un vuelo chárter en el que arribaron 31 maletas que eludieron el registro por el pasaporte diplomático de la exlegisladora Laura Rojas, que venía en la nave. Nunca se supo qué fue de las maletas y qué contenían. No se supo cómo se obvió varios requisitos legales de control y, encima, los dos principales sospechosos, Rojas y el exjuez Hebert Zeballos, ya fueron liberados.
Pero acaso el “escándalo” más llamativo, aunque ya casi olvidado por el paso del tiempo, fue la temprana ruptura de Paz con el vicepresidente Edmand Lara. A solo días de su posesión, Lara se declaró “oposición constructiva” y poco después Paz y su entorno aprobaron mecanismos para reducir al mínimo su poder e incidencia. Desde entonces el vicepresidente acostumbra a dar encendidas declaraciones y denuncias contra el Ejecutivo.
Este es el panorama pocos días después de que se cumplió el noveno mes del gobierno, apenas poco más del 15 % de la gestión constitucional de cinco años.
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