El sector asegura que la estatal incumplió compromisos asumidos en julio. Reclama además una actualización de tarifas ante el aumento de sus costos operativos
Fuente: El Deber
Por Juan Carlos Salinas
El problema del abastecimiento de combustibles en Bolivia vuelve a sumar un nuevo frente de conflicto. El transporte de carburantes por cisternas anunció un paro nacional desde el lunes, 24 de agosto, en reclamo por pagos pendientes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la nivelación de los precios de los fletes y otras demandas que, según el sector, no fueron atendidas.
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Sergio Kosky, dirigente de los cisterneros, comunicó la decisión y cuestionó el incumplimiento de compromisos asumidos con la estatal petrolera.
La amenaza adquiere especial relevancia porque los camiones cisterna constituyen uno de los principales eslabones de la cadena de distribución de gasolina y diésel importados y nacionales hacia las plantas de almacenamiento y estaciones de servicio.
El eventual cese de operaciones podría afectar nuevamente la llegada de carburantes a las ciudades, en momentos en que el país todavía arrastra filas y problemas de abastecimiento.
Un acuerdo que no logró cerrar el conflicto
La protesta tiene como antecedente inmediato un acuerdo alcanzado entre YPFB y los cisterneros el 9 de julio. En esa oportunidad, la estatal petrolera informó que había llegado a un entendimiento con representantes del transporte de combustibles líquidos y que el objetivo era garantizar la continuidad operativa de la cadena de abastecimiento.
Uno de los compromisos centrales asumidos por YPFB fue cancelar hasta fines de julio los saldos pendientes correspondientes a marzo y abril.
El acuerdo también contemplaba mesas de trabajo para analizar la solicitud del sector de incrementar los fletes, además de abordar temas relacionados con facturación, condiciones de contratación y seguridad jurídica para las empresas transportistas.
Kosky participó de aquel encuentro y entonces valoró positivamente el acercamiento. El dirigente había señalado que prácticamente todos los puntos habían encontrado una solución y que el entendimiento debía contribuir al abastecimiento nacional. Sin embargo, poco más de un mes después, el sector vuelve a anunciar una medida de presión.
La situación evidencia que el acuerdo de julio no consiguió resolver de manera definitiva una de las dificultades estructurales que enfrenta la cadena de combustibles: el costo y la sostenibilidad del transporte necesario para mover los carburantes por todo el territorio nacional.
El reclamo por los fletes cobra mayor fuerza
Uno de los puntos centrales de la protesta es la nivelación de los precios del transporte. Los costos de operación de los cisternas han aumentado en un escenario caracterizado por dificultades para acceder al combustible, mayores tiempos de espera, problemas logísticos y cambios en los precios del diésel.
El reclamo de los transportistas se produce, además, en un momento especialmente complejo para el mercado de carburantes.
El Gobierno estableció recientemente un nuevo esquema para el diésel que elimina el subsidio para los grandes consumidores. Desde el 17 de agosto, los usuarios que demandan más de 120 litros mensuales comenzaron a pagar un precio superior, con un incremento de alrededor del 84%, según reportes internacionales.
Para un sector cuya actividad depende directamente del combustible, cualquier incremento en el costo operativo termina presionando sobre las tarifas del servicio.
Y en el caso de los cisterneros, el impacto puede ser todavía mayor porque sus unidades recorren largas distancias, permanecen durante horas en filas para cargar y descargar y deben cumplir protocolos específicos para el traslado de materiales inflamables.
Un nuevo problema para una cadena ya tensionada
El anuncio del paro ocurre cuando el Gobierno intenta mostrar que el abastecimiento está encaminado hacia una normalización.
El lunes 17 de agosto, YPFB presentó en Santa Cruz un plan para enfrentar el desabastecimiento y suscribió un acuerdo de diez puntos con autoridades e instituciones del departamento. El presidente de la estatal, Sebastián Daroca, sostuvo entonces que las filas podían comenzar a reducirse en cuestión de horas o pocos días.
Si el transporte terrestre reduce o paraliza sus operaciones, el problema deja de ser únicamente la disponibilidad del combustible y pasa a ser también la capacidad logística para trasladarlo desde los puntos de recepción y almacenamiento hasta las estaciones de servicio.
Esto es especialmente importante para las ciudades y regiones alejadas de los centros de importación.
En junio, por ejemplo, YPFB reportó que más de 1.000 camiones cisterna cargados con combustibles líquidos permanecían varados en distintas rutas debido a bloqueos, situación que impedía su llegada a El Alto y a la planta de Senkata. La estatal advirtió entonces que las restricciones de transitabilidad estaban afectando directamente la recepción, el despacho y la reposición de carburantes.
El episodio dejó en evidencia hasta qué punto el sistema depende de una logística terrestre fluida.
YPFB busca diversificar el transporte
La estatal petrolera ha comenzado a incorporar otras alternativas para reducir su dependencia del transporte por carretera.
A finales de junio, YPFB reactivó el transporte ferroviario de combustibles hacia Santa Cruz, después de más de tres años de interrupción. El primer convoy movilizó más de un millón de litros de gasolina desde Puerto Aguirre hacia la capital cruceña.
Posteriormente, la estatal explicó que cada convoy ferroviario puede transportar entre 900.000 y 1,1 millones de litros de gasolina, con un tiempo de tránsito de aproximadamente 36 horas desde el punto de origen.
La diversificación logística puede reducir parte de la presión sobre las carreteras, pero no sustituye de manera inmediata al transporte por cisternas. Los camiones continúan siendo indispensables para llevar el combustible desde las plantas de almacenamiento hasta los surtidores. Por eso, un paro nacional del sector tendría un impacto directo sobre el último tramo de la cadena.
El conflicto llega en un momento delicado
La protesta de los cisterneros se suma a una serie de problemas que han impedido que el mercado de combustibles vuelva a una situación completamente estable.
Durante los últimos meses, las filas se han repetido en diferentes ciudades y regiones del país. En junio, YPFB atribuyó parte de los problemas a bloqueos que impedían el movimiento de las cisternas; posteriormente también reportó dificultades operativas vinculadas a los nuevos controles de calidad de los carburantes.
En agosto, el Gobierno y YPFB volvieron a enfrentar reclamos de sectores productivos y empresariales por la falta de combustible.
La situación llevó incluso a instituciones de Santa Cruz a exigir un cronograma diario que permita conocer los volúmenes programados y efectivamente despachados de carburantes.
En paralelo, sectores agropecuarios protestaron contra el nuevo precio del diésel para grandes consumidores, argumentando que el carburante es un insumo indispensable para tractores, cosechadoras y camiones.
En ese contexto, el conflicto con los cisterneros tiene un efecto que trasciende al propio sector.
¿Qué está en juego?
El principal riesgo es que una paralización de los transportistas cisterna vuelva a interrumpir el flujo normal de carburantes hacia las estaciones de servicio.
La magnitud del impacto dependerá de la cantidad de empresas y unidades que se sumen a la medida, de la duración del paro y de la capacidad de YPFB para utilizar rutas y mecanismos alternativos.
La estatal cuenta con el transporte ferroviario como una opción complementaria, pero la propia estructura de distribución nacional hace que el transporte por carretera siga siendo determinante.
Por ello, la disputa por los pagos pendientes y la actualización de los fletes se convierte nuevamente en un problema de abastecimiento.
El conflicto también pone bajo presión el acuerdo firmado en julio. YPFB había presentado entonces el entendimiento como una garantía de continuidad operativa y había comprometido el pago de las obligaciones pendientes de marzo y abril.
Ahora, el sector asegura que esos compromisos no fueron cumplidos de la manera esperada.
La cuenta regresiva está en marcha. Si no se alcanza un nuevo acuerdo antes del lunes 24, Bolivia podría enfrentar una nueva interrupción en uno de los eslabones más sensibles de su cadena energética: el transporte que permite que el combustible llegue desde las plantas hasta los surtidores.
Y esta vez el conflicto no gira solamente alrededor de la existencia de gasolina o diésel. El reclamo apunta directamente a cuánto cuesta moverlos y quién debe asumir ese costo.