Transportistas de la la Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia. Foto: Archivo
La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia determinó en ampliado nacional la pronta implementación de medidas de presión contra el Decreto Supremo 5676, que da curso al elevamiento del precio del diésel para ciertos consumidores.
Además, el sector se declaró en estado de emergencia y exigió al Gobierno la abrogación del Decreto, al considerar que la norma no resolvió los problemas de abastecimiento de combustibles y, por el contrario, agravó las filas y la congestión en los puntos de venta.
La determinación se asumió el jueves, con la participación de las 10 federaciones que integran la Confederación y representantes de las distintas modalidades del transporte.
El secretario ejecutivo de la organización, Lucio Gómez, afirmó que el sector rechazó de manera contundente la norma y cuestionó que, pese a su aplicación, persistan las dificultades para acceder principalmente al diésel.
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“Lejos de dar solución al problema del abastecimiento del combustible, más al contrario ha aparecido mucho más congestionamiento, las filas y otras situaciones”, señaló el dirigente.
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DS 5676
Para los transportistas, la disponibilidad de diésel es un asunto que va más allá de su actividad sectorial, debido a que el transporte es fundamental para movilizar la producción y mantener en funcionamiento la economía nacional. Gómez sostuvo que, sin combustible, los transportistas no pueden trabajar, generar ingresos ni cumplir con sus obligaciones financieras.
El dirigente también cuestionó la posibilidad de que los transportistas tengan que recurrir a la importación de combustible para garantizar su abastecimiento. “Dígannos si hay diésel, si hay gasolina, pero no nos digan impórtense”, reclamó.
Gómez advirtió que la situación afecta directamente a la población y pidió al Gobierno buscar una solución que permita garantizar el suministro de combustibles, en lugar de trasladar el problema al sector del transporte.
Emergencia
La Confederación sostuvo que la emergencia responde a una decisión adoptada de manera orgánica y que no dará marcha atrás mientras el DS 5676 continúe vigente.
“Este decreto no da solución al país. Tiene que ser abrogado y tienen que ver cómo solucionar el problema”, afirmó Gómez, dejando abierta la posibilidad de que el sector adopte nuevas medidas de presión si no recibe una respuesta del Gobierno.
Con esta posición, el transporte nacional se suma a las voces empresariales y productivas que han expresado cuestionamientos al DS 5676, elevando la presión sobre el Ejecutivo para revisar la política de precios y abastecimiento de diésel.
Cabe mencionar que, en la actualidad rige el estado de excepción. Se prohíben estrictamente los bloqueos de carreteras, caminos y vías públicas, así como el porte de armas, explosivos, objetos contundentes o artefactos como «miguelitos» y combustibles en envases no autorizados durante movilizaciones.
