Indígenas de tierras bajas emitieron un pronunciamiento con cinco pedidos al gobierno nacional.
Especialistas toman muestras para analizar niveles de mercurio en un río amazónico / UMSA
Fuente: Brújula Digital – Sumando Voces
La Confederación de Naciones y Pueblos Indígenas del Chaco, Oriente y Amazonia de Bolivia (CIDOB) denunció la alarmante contaminación por mercurio que sufren los ríos Beni y Madre de Dios.
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La organización advirtió que la actividad aurífera descontrolada pone en grave riesgo la subsistencia y salud de comunidades indígenas históricamente asentadas en la región y demanda el cumplimiento de una resolución judicial que ordena la suspensión de toda actividad y operación minera sin licencia ambiental.
Mediante un pronunciamiento público, detalló que las poblaciones afectadas pertenecen a los pueblos Esse Ejja, Tsimane, Mosetén, Leco, Uchupiamona y Tacana. La organización sostiene que la exposición continua al metal pesado, derivado principalmente del consumo de pescado contaminado, representa un riesgo crítico: “Esta situación ha generado graves impactos ambientales y sanitarios (…) poniendo en riesgo la salud de nuestras comunidades y de las futuras generaciones”, señala la CIDOB.
Fallo judicial incumplido
Días atrás, el pueblo indígena Esse Ejja del municipio de Reyes (Beni) denunció la muerte de al menos 12 personas y nuevos casos de enfermedad que estarían relacionados con la contaminación de las aguas por actividades mineras y el uso de mercurio. Frente a la crisis ambiental y los daños a la salud pública referidos, la CIDOB centró su reclamo en la inacción estatal respecto al acatamiento de la Resolución de Acción Popular 05/2023, dictada el 9 de septiembre de 2023 por el Juzgado Público Mixto de Rurrenabaque constituido en Tribunal de Garantías.
Dicha resolución dispuso medidas urgentes, entre ellas la suspensión inmediata de toda minería ilegal u operativa sin licencia ambiental en los ríos Beni, Madre de Dios y sus afluentes, además del congelamiento de nuevos derechos mineros hasta garantizar controles efectivos y la rehabilitación de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, el fallo ordenó procesos de consulta previa, participación indígena en los planes de control del mercurio, estudios de agua y peces, y atención médica a las personas afectadas por metilmercurio.
“La CIDOB exige al Estado Plurinacional de Bolivia el cumplimiento efectivo e inmediato de la Resolución de Acción Popular 05/2023 (…) La defensa de los ríos, los territorios y la vida de nuestros pueblos indígenas no puede seguir siendo postergada. El Estado tiene la obligación de actuar y hacer cumplir las decisiones judiciales”, demanda la institución.
Demanda de cinco puntos
El pronunciamiento firmado por la dirigencia nacional, encabezada por Lino Illimuri, plantea cinco exigencias al gobierno nacional:
– Suspensión de actividades: hacer efectivas las medidas de freno y control a la minería ilegal o desprovista de licencia ambiental en las cuencas impactadas.
– Plan de emergencia sanitaria: desplegar brigadas médicas especializadas para el diagnóstico y seguimiento de las personas expuestas, otorgando prioridad a mujeres, niñas y niños.
– Seguridad alimentaria e hídrica: proporcionar agua segura y alternativas de alimentación para mitigar la dependencia del pescado contaminado.
– Fiscalización con participación indígena: reforzar la presencia institucional permanente en las zonas críticas con la participación activa de las organizaciones territoriales.
– Consulta previa: respetar de manera estricta el derecho a la consulta previa e informada en cualquier medida que afecte sus territorios.
La CIDOB concluyó el manifiesto ratificando su respaldo a las regionales y comunidades en resistencia frente al extractivismo desmedido: “no podemos permitir que la Amazonia sea convertida en una zona de sacrificio”, se lee en el documento.