Cronología
Dos gobiernos, un mismo país mirando un barco en un puerto chileno. Cada gestión encuentra un grupo familiar dispuesto a convertir el aparato energético del Estado en negocio propio. En la anterior ya quedó probado ante la Justicia; en la actual, recién empieza a develarse.
Fuente: https://elpais.bo
Entre marzo de 2025 y agosto de 2026, Bolivia vivió tres olas de desabastecimiento de diésel y gasolina, un escándalo de combustible adulterado que dañó miles de motores, tres presidentes de YPFB en seis meses y dos ministros de Hidrocarburos y Economía caídos. El hilo que conecta todo es logístico y patrimonial. Cambian colores políticos, barcos y empresas intermediarias, pero se repite la figura del grupo familiar cercano al poder que encuentra, en la cadena de importación de combustible, una fuente de enriquecimiento.
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De “la mente” de Botrading a la investigación del clan
Antes de Luis Arce Catacora, YPFB ya había creado Botrading, una intermediaria en Paraguay que compraba barato y revendía caro a la propia estatal, con un perjuicio estimado de USD 3.000 millones anuales. El propio Gobierno de Rodrigo Paz Pereira señaló como su cabeza operativa a Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor de Arce Catacora, descrito por el ministro de Gobierno como quien “ordenaba contratos, creaba empresas como Botrading, lavaba activos, proveía gasolina” dentro de la petrolera.
Arce Mosqueira fue aprehendido el 19 de marzo de 2026 en Santa Cruz tras intentar fugarse; se le incautaron 22.200 dólares y un casco de YPFB, pues se hacía pasar por funcionario. La UIF detectó 18 inmuebles y 20 vehículos sin respaldo económico, y cumple 140 días de detención preventiva en Palmasola. La investigación se amplió a sus hermanos Rafael y Daniela Camila, y al propio expresidente, ya detenido desde diciembre de 2025 por otro caso.
Los tres hermanos se habrían repartido instituciones clave: Marcelo con YPFB, YLB y la ANH; Rafael con ENDE, ENTEL, la ABT y el INRA; Camila con un crédito de 63 millones de bolivianos a los 21 años. Son imputaciones en curso, no sentencias. Pero el dato estructural queda: el hijo del presidente que protagonizó la primera crisis de esta cronología terminó señalado por la propia YPFB como cabeza de la trama que encareció ese mismo combustible.
El final del arcismo, en vivo
En marzo de 2025, con el país en fila, Arce anunciaba la descarga de 47 millones de litros de gasolina y 20 millones de diésel en tres buques, prometiendo 120 cisternas diarias para normalizar el abastecimiento. La oposición, mientras tanto, exigía medidas concretas e incluso pedía que el mandatario abandonara la carrera por la reelección.
La renta petrolera había caído de USD 5.489 a 1.635 millones entre 2014 y 2024, y el gobierno necesitaba USD 60 millones semanales para importar combustible. Cada promesa de “normalización” se topaba con la misma pared: filas de 48 horas, disculpas ministeriales, un puerto de Arica “sin condiciones de operabilidad por factores climatológicos”. El patrón —barco, clima, demora, alivio momentáneo— volvería, con otros nombres, dieciséis meses después.
¿Accidente o decisión? El “nunca más” que duró tres meses
Patrón familiar
El hijo de Arce y la esposa de Paz, ligados al mismo negocio: el combustible.
Paz Pereira asumió el 8 de noviembre de 2025 prometiendo romper el ciclo. Al día siguiente encabezó una caravana de cisternas a Senkata, nombró a Yussef Akly en YPFB y a Mauricio Medinaceli en Hidrocarburos, y prometió cerrar Botrading.
Un mes después eliminó el subsidio: +162% diésel, +87% gasolina. La calma duró poco: a fines de enero de 2026 estalló la “gasolina basura”, con motores dañados por tanques oxidados, vacíos normativos y diolefinas —síntomas de que Bolivia importa hoy el 60% de la gasolina que consume, frente al 20% de 2014.
Para la comisión legislativa, el ingreso del combustible contaminado “no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas”. Ninguna investigación ha probado una orden explícita para acelerar la descarga a costa de la calidad, pero la secuencia —filas que desaparecen, motores que se dañan después— sostiene una pregunta sin respuesta judicial: a quién benefició que las colas desaparecieran de la noche a la mañana.
Tres presidentes de YPFB en medio año
El costo institucional fue inmediato. Akly cayó, lo sucedió Claudia Cronenbold —quien renunció en un mes denunciando un Estado “más deteriorado de lo previsto”—, y luego Sebastián Daroca, tercer presidente de YPFB en seis meses. Medinaceli fue reemplazado por Marcelo Blanco Quintanilla, quien en julio admitió que la reestructuración con fondos del Banco Mundial “no anda a la velocidad que quisiéramos”, y explicó la falta de combustible en Arica por la marea —el mismo guion de 2025, bajo otro gobierno.
El 13 de agosto, Diputados aprobó el informe final: 54 presuntos responsables, entre ellos Armin Dorgathen, Akly, Margot Ayala, el propio Arce y Medinaceli, aprehendido el 29 de julio por autorizar la venta del combustible adulterado.
El “dieselazo”, el giro del Comité Cívico, y el fin de la “Ley Copa”
El 16 de agosto, Paz firmó el DS 5676: el diésel para grandes consumidores subió 84%, de Bs 9,80 a 18 por litro. Es el tercer golpe al bolsillo en dos años, y provocó el rechazo social más transversal que ha enfrentado su gobierno: Confeagro, la CAO —que convocó a un congreso extraordinario el 27 de agosto exigiendo su abrogación—, Anapo, los cañeros, y organizaciones tan diversas como cooperativas mineras, gremios de transporte, la gobernación de Cochabamba y federaciones campesinas afines a la CSUTCB se sumaron al pedido de derogar la norma.
El Comité Cívico de Santa Cruz, que entre mayo y junio había respaldado al Gobierno exigiendo estado de excepción contra los bloqueos, giró en julio hacia la crítica, pidiendo abrir la importación al sector privado ante diésel a Bs 30 el litro en la Chiquitanía.
El respaldo cívico inicial coincidió con el cambio legal del 27 de mayo. El Congreso abrogó la “Ley Copa” que regulaba los estados de excepción desde 2020, y el 8 de junio se promulgó la Ley 1740, que habilita hasta 90 días de estado de excepción por decreto y despliegue militar. Sin esa herramienta, un gobierno que llegó con 65% de aprobación y que en junio enfrentaba 61% de rechazo al rumbo del país, con bloqueos en ocho departamentos y pedidos de renuncia, habría tenido mucho menos margen para sostenerse.
Sobre si el rumbo de Paz funciona, las encuestas se contradicen: CB Global Data lo ubica en 50,5% de aprobación regional; Ipsos Ciesmori lo hunde de 65% a 32% entre noviembre y julio, con 76% de rechazo en El Alto.
Un atentado y una acusación de corrupción
Entre el 17 y el 22 de agosto, varios frentes se movieron a la vez. La abogada Nadia Beller fue baleada en Santa Cruz; su expareja, el asesor argentino Fernando Cerimedo —vinculado al entorno de Paz—, fue detenido en el aeropuerto Viru Viru. Desde el hospital, Beller lo acusó de autor intelectual y extendió la denuncia a Paz, su esposa y la familia de esta, por “negociados con la gasolina, el diésel y el oro”, mencionando una empresa, Futura, y cupos de importación cobrados a un boliviano por litro, comisiones irregulares en la contratación de seguros de empresas estatales, y manejo de “maletas con oro” en Viru Viru.
“Acá no gobierna Rodrigo Paz, acá gobierna Fernando Cerimedo”, dijo Beller, y pidió protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que el Gobierno es “el principal interesado en callarme”. Son acusaciones de la propia víctima, sin pruebas públicas presentadas ni causa penal contra Paz, Urquidi o su entorno familiar; el vocero José Luis Gálvez las calificó de “arriesgadas”. Pero el patrón se repite: ayer una intermediaria opaca fue Botrading, ligada al hijo del presidente; hoy es Futura, según la denunciante.
El ministro que rompe el patrón, Tatiana libre, y el malestar del fiscal
El 18 de agosto, la Asamblea censuró al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, por 91 votos, y el Gobierno sostuvo inicialmente que la censura no procedía. La resistencia duró hasta el 21 de agosto. Mediante el DS 5678, Paz revirtió su posición y lo destituyó, nombrando interinamente a Óscar Mario Justiniano, hasta entonces titular de Producción Sostenible.
A diferencia de Áñez con López, Murillo y Cárdenas, y Arce con Del Castillo, esta vez el Ejecutivo no restituyó al censurado. Un patrón se rompe, al menos hasta el cierre de esta edición.
Justiniano hereda un ministerio con frentes que exceden el cuestionamiento original por un vehículo: la gestión del fondo de pensiones y la posición del área económica frente al escándalo Cerimedo, donde la política monetaria y la asignación de divisas para combustible están directamente implicadas.
Un dato de otro expediente alimentó versiones cruzadas. El 19 de agosto, Tatiana Marset —hermana del narcotraficante Sebastián Marset, capturado en marzo— salió de Palmasola a arresto domiciliario, medida ya concedida el 21 de julio. Una hipótesis sin confirmación ni evidencia de relación causal vincula esa liberación con un malestar del fiscal Roger Mariaca —quien en marzo se quejó de no haber sido informado del operativo contra Marset— y su celeridad para impulsar la causa Cerimedo.
Cerimedo en Palmasola
El 22 de agosto, el juez Wilson Espada dictó 180 días de detención preventiva contra Cerimedo en Palmasola. La imputación por feminicidio en grado de tentativa se agravó con una nota hallada en su teléfono: “nos vendió Nadia. O la eliminamos ya o estamos jodidos”. La Fiscalía señala el embarazo de Beller como posible móvil.
Allanamientos hallaron más de medio millón de bolivianos en efectivo, una “mini granja de bots”, un vehículo con apariencia oficial y tarjetas donde se presentaba como “asesor principal del Presidente” —cargo sin registro oficial hasta que el Gobierno lo reconoció tras el ataque—, lo que abrió una segunda causa por enriquecimiento ilícito.
Ni la Fiscalía ni el Gobierno han confirmado que dirigiera un grupo policial, aunque Beller aseguró que él le había prometido “policías de civil” vigilando la zona.
Lo que no cambia
Así, esta cronología no narra hechos aislados sino un guion repetido por actores distintos: el país mirando un barco en Chile, una intermediaria opaca en el centro de la importación de combustible, un patrimonio familiar creciendo alrededor del poder energético del Estado. La censura de Espinoza, a diferencia de los casos de 2020 y 2023, sí prosperó. Una fisura en el patrón que vale la pena seguir.
En la gestión de Arce, la Justicia ya estableció buena parte de la trama familiar. En la de Paz, apenas empieza a develarse, con nombres y empresas distintas pero el mismo mecanismo de fondo. Gobierne quien gobierne, Bolivia parece condenada a que el combustible termine siendo, antes que un servicio público, un negocio de familia.
Bibi Urquidi: la pregunta sin respuesta
Cuando Beller denunció, desde su cama de hospital, que había sido testigo de “negociados con la gasolina, el diésel y el oro”, no se limitó a señalar a Cerimedo. Nombró directamente a María Elena Urquidi Barbery —“Bibi” para su entorno—, esposa de Rodrigo Paz y primera dama desde el 8 de noviembre de 2025. Según la acusación, Cerimedo habría operado como intermediario para que la familia Urquidi decidiera qué corredores de seguros obtenían los contratos de las aseguradoras con empresas estatales, y qué comisión cobraban por ello; Beller fue más allá y la vinculó también al cobro de comisiones irregulares en el mercado internacional de importación de diésel y gasolina.
Hasta el 20 de agosto de 2026, la Fiscalía de La Paz había abierto de oficio una investigación por enriquecimiento ilícito, allanado un inmueble vinculado a Cerimedo y tomado declaración, como testigo, a un asesor de Presidencia. Urquidi no figura entre los citados. El vocero Gálvez exigió a Beller “pruebas contundentes”, y el Ejecutivo insiste en que no interferirá en el proceso judicial —lo cual, notó la propia denunciante, no equivale a impulsarlo—. Beller pidió además que la causa no se declare en reserva, advirtiendo que ese mecanismo suele usarse para enfriar la atención mediática antes de liberar a los implicados.
La asimetría con el caso de los hijos de Arce es notoria: allí hubo aprehensión, incautaciones e imputación formal en días. Aquí, días después de la denuncia, la primera dama no ha sido citada ni ha respondido públicamente. Mientras esa citación no llegue, queda abierta la pregunta que Beller instaló: si el patrón familiar ya probado en la gestión anterior se repite ahora, ¿por qué el reloj procesal corre tan distinto?
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