Otro de los puntos establece declarar a la región en situación de emergencia con el fin de protegerla de actividades ilícitas
El cabildo en La Asunta, La Paz. Foto: ABIEn un cabildo, las organizaciones sociales de La Asunta resolvieron este domingo declararse en emergencia, exigir la expulsión de ciudadanos extranjeros vinculados a la actividad minera ilegal y dejar bajo custodia comunal las 15 maquinarias retenidas en la región.
“Declaramos persona no grata a los ciudadanos chinos y su inmediata expulsión del municipio de La Asunta, y la intervención de Migración”, refiere uno de los seis puntos que fueron dados a conocer por el secretario general de la Federación Única Especial de Trabajadores Campesinos de La Asunta, Fernando Huacote.
La dirigencia justificó la medida al señalar que no se puede permitir que ciudadanos de otros países lleguen al país para causar daños a la naturaleza y al medio ambiente, situación que, según afirmaron, no se permite en otras naciones.
En ese sentido, otro de los puntos establece declarar a la región en situación de emergencia con el fin de protegerla de actividades ilícitas.
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Además, se definió que las 15 maquinarias retenidas pasen a custodia comunal hasta que se cumpla con el resarcimiento de los daños causados en la zona.
“Decidimos que toda la maquinaria pesada decomisada a la minería ilegal pase bajo la custodia de la Federación La Asunta y las centrales hasta que se pueda reparar todo el daño causado por la minería ilegal y tomar acciones preventivas para evitar futuras afectaciones en nuestro municipio”, señala otro de los puntos.
Los dirigentes denunciaron que las actividades mineras generaron afectaciones en los ríos, derrames de combustible en las riberas, inundaciones y daños en algunas plataformas camineras.
También exigieron al municipio emitir un informe técnico sobre las afectaciones ambientales e iniciar una acción penal contra los responsables.
En otro punto, los pobladores cuestionaron al personal de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por no atender las demandas de la región, por lo que pidieron su alejamiento.
Finalmente, advirtieron que, ante el incumplimiento de sus determinaciones, tomarán las acciones que el caso amerite.
Las medidas se adoptaron tras los enfrentamientos registrados el sábado entre comunarios y personas que, según las organizaciones movilizadas, defendían la actividad minera en un campamento operado por ciudadanos chinos en el río Boopi.
