El Ministerio Público solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un informe patrimonial para establecer el origen, destino y titularidad de los recursos que manejó Cerimedo.
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“El equipo jurídico del Gobierno está analizando nuestras acciones, sin tener definiciones en todos los temas aún”, informó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, en un breve contacto con EL DEBER y tras ser consultado sobre una eventual acción judicial.
La Fiscalía Departamental de La Paz abrió de oficio una investigación contra Cerimedo tras su aprehensión en Santa Cruz. Sucedió la pasada semana cuando el argentino intentaba tomar un vuelo a Buenos Aires, según la imputación por el ataque armado contra Beller.
La investigación paceña, a cargo de una comisión de fiscales, se desarrolla independientemente del proceso por el ataque armado ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra. En el expediente económico, Cerimedo aparece como investigado, pero hasta el momento no se hizo pública una imputación formal en su contra.
Las primeras imputaciones alcanzaron al exmilitar Fritz Junior Gironda Aquize y a Claudia I.L.C, vinculados con la casa de cambios Exchange Sudamericana, intervenida en la exclusiva zona de Calacoto de La Paz. Ambos son procesados por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas.
La Justicia dispuso que Gironda cumpla 45 días de detención preventiva en el penal de San Pedro, mientras que la mujer recibió detención domiciliaria, arraigo, restricciones para acercarse a testigos y la obligación de presentar garantes.
Según la imputación, la casa de cambios realizó operaciones de compra y entrega de divisas para personas del entorno de Cerimedo. El fiscal Miguel Cardozo informó que las transacciones atribuidas al consultor alcanzarían aproximadamente los $us 400.000. Este monto corresponde a movimientos acumulados que todavía deben verificarse.
Cardozo también afirmó que Gironda abandonó el inmueble durante el allanamiento llevando una bolsa con unos $us 700.000 retirados de las cajas fuertes. Su abogado, Héctor Tapia, negó esa versión, sostuvo que la cantidad no fue demostrada y aseguró que la casa de cambios funcionaba legalmente. También afirmó que sus defendidos no conocían el origen del dinero utilizado en las operaciones hechas a nombre de Cerimedo.
En total, la Fiscalía ejecutó al menos cinco allanamientos en La Paz. En un inmueble de Aranjuez reportó el hallazgo de más de Bs 500.000, además de montos todavía no revelados en dólares y euros. También fueron secuestrados documentos, equipos tecnológicos, un teléfono satelital y dispositivos que los investigadores describieron preliminarmente como una “mini granja de bots”.
En otro operativo fue intervenida una oficina alquilada por Bs 25.000 mensuales, donde presuntamente debía funcionar el equipo de asesoría de Cerimedo al Gobierno. El lugar estaba vacío y, según la Fiscalía, solo se encontraron facturas relacionadas con el alquiler.
El Ministerio Público también solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un informe patrimonial para establecer el origen, destino y titularidad de los recursos. La entidad confirmó que recibió el requerimiento.
